Este 27 de marzo se cumplió un año tras la implementación del régimen de excepción como medida de emergencia para combatir la criminalidad y bajo la cual el gobierno ha llevado a la cárcel a más de 60 mil personas, de las cuales 3 mil fueron liberadas tras no ser relacionadas con ninguna estructura delincuencial; sin embargo, en este mismo periodo se han documentado la muerte de 126 personas bajo la tutela del Estado, según informó Socorro Jurídico Humanitario.
Familiares de las víctimas encarceladas injustificadamente bajo el régimen de excepción se concentraron para participar en una conferencia de prensa este lunes, donde expusieron la gravedad de la situación a la que las autoridades han sometido a los detenidos.
Hasta la fecha se han documentado 126 personas fallecidas en los centros penitenciarios, según los registros el 48% de los decesos se produjo por una muerte violenta, el 32% presentó algún tipo de negligencia médica y el 29% se desconoce la causa. La organización también detalló que la mayoría de las muertes fueron registradas en los penales de Izalco y Mariona.
Uno de los datos que destacan es que del total de fallecidos, solo el 8% se comprobó que estaba perfilado como pandillero y el 92% de las víctimas no estaba relacionado a las estructuras criminales. Así mismo, el 71% falleció en los centros médicos y el 25% en el interior de los centros penales.
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Socorro Jurídico denunció que el 51% de los reos que perdieron la vida fueron “asesinados estando en prisión bajo custodia del Estado, muy pocos de los casos recibieron la debida inspección y reconocimiento por el delito de homicidio”, mientras que la mayoría de los casos los cuerpos fueron entregados a las familias en ataúdes cerrados con protocolo de Covid-19, de esta forma no era posible ver los cuerpos; sin embargo, la investigación recalca que en algunos casos sí se procedió a revisarlos encontrando “claras señales de tortura y tratos inhumanos”.
La documentación brindada por Medicina Legal indicó en algunos casos “edemas pulmonares” o “paros cardiacos”, que fueron una forma de desligar responsabilidades y atribuir los homicidios a riñas entre los internos.
Óscar Rosales, coordinador jurídico de la organización, detalló que hasta la fecha se han presentado 800 Habeas Corpus (procedimiento que protege la libertad de un civil, cuando es amenazada por las autoridades), ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los cuales solamente se han recibido respuesta por 12 casos, de estos dos han solicitado que se informe sobre el estado de deterioro en la salud de las personas incluyendo los diagnósticos médicos, tratamiento que deben consumir; pero las familias se enfrentan ante una rotunda negativa por parte del personal de salud en los centros de atención donde se solicitan la información necesaria.
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La organización presentó tres casos en especifico en los cuales Henry Joya, Rafel López y Marvin Benítez fueron capturados y trasladados por las autoridades a centros penales donde perdieron la vida, señalando que la falta de atención médica podría haber marcado la diferencia. Los tres reos fueron enterrados en una fosa común en La Bermeja.
Por su parte, Paulita Pike, coordinadora del área de psicología de la organización, recalcó la incertidumbre bajo la cual los familiares de los privados de libertad se han visto en los últimos meses. “La incertidumbre de no saber causa estragos en el ser humano, tienen derecho a saber la verdad, cuantos de ustedes han pasado meses yendo a las distintas instancias y penales para averiguar algo. ¿Les han dicho algo? Qué es lo que esconden, ustedes son víctimas (familiares) y los que están detenidos también son víctimas”, recalcó haciendo referencia al largo proceso al que se ven sometidos los familiares para buscar información sobre los capturados y su estado de salud.
En total, 95 personas fallecieron en los centros penales durante 2022 y al menos 19 más en lo que va de este año; pero la organización concluyó que esta no es la cifra real debido a que muchos de los casos no salieron a la luz pública y los familiares por diversas razones prefirieron mantenerse al margen, así como los casos en los que los detenidos fallecieron y fueron enterrados en fosas comunes sin informar a las familias, actualmente hay tres casos de este tipo comprobados.