Estados Unidos ordena negar residencia a extranjeros con obesidad y otras condiciones médicas

Una nueva directriz del Departamento de Estado de Estados Unidos instruye a los funcionarios de embajadas y consulados estadounidenses a evaluar con más rigor la salud de quienes soliciten residencia. La medida amplía la lista de condiciones médicas que pueden usarse como criterio para negar la entrada o la permanencia en el país.

Entre las afecciones señaladas se encuentran la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el asma y la apnea del sueño, enfermedades que —según el documento citado por KFF Health News— pueden requerir tratamientos prolongados y costosos.

Los funcionarios deberán determinar si el solicitante cuenta con los recursos suficientes para cubrir su atención médica sin depender de los programas públicos de salud o asistencia social del gobierno estadounidense.

“Se debe considerar la salud del solicitante”, ordena la directriz, que busca evitar que el sistema público de EE. UU. asuma los costos médicos de inmigrantes con enfermedades crónicas.

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Cambios en los criterios de elegibilidad

Aunque los controles médicos son parte del proceso migratorio desde hace décadas —especialmente para detectar enfermedades contagiosas o verificar el historial de vacunación—, la nueva guía introduce un enfoque más restrictivo, al vincular directamente la salud del solicitante con su capacidad económica.

La medida también pide que se evalúe la edad como un posible factor de riesgo, señalando que los solicitantes mayores pueden tener una probabilidad más alta de requerir asistencia social o atención médica prolongada.

Además, el documento sugiere considerar la situación de salud de los familiares directos, como hijos o padres dependientes, al momento de determinar la elegibilidad.

Política de “carga pública”

El endurecimiento de los criterios médicos marca un regreso a las políticas de inmigración implementadas por Trump durante su primer mandato (2017-2021), enfocadas en limitar la residencia a personas con bajos ingresos o potencialmente dependientes del Estado.

Durante la administración de Joe Biden (2021–2025), varias de estas normas fueron revertidas; sin embargo, la nueva orden reinstaura la visión de que el acceso a la residencia debe estar condicionado a la autosuficiencia económica y a un estado de salud que no implique costos significativos para el sistema público.

Diversas organizaciones defensoras de migrantes y derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas medidas, señalando que podrían fomentar la discriminación hacia personas con discapacidades o enfermedades comunes.

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Expertos en políticas de salud también cuestionan la lógica de vincular enfermedades como la obesidad con la elegibilidad migratoria, recordando que se trata de una condición global influida por múltiples factores, no solo personales.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha especificado cuándo comenzará a aplicarse la directriz, pero los reportes apuntan a que las nuevas evaluaciones podrían implementarse en los próximos meses en embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo.