Trump intenta de nuevo restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió este jueves un nuevo frente migratorio al firmar medidas para restringir la ciudadanía por nacimiento, después de que el Tribunal Supremo rechazara su intento anterior por considerarlo incompatible con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La ofensiva se concentra en el llamado “turismo de maternidad”, práctica en la que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.

Trump sostiene que este mecanismo se convirtió en un negocio y que algunas personas utilizan las visas de turista para ingresar al país con la intención específica de tener a sus hijos en suelo estadounidense.

“Estamos acabando con el turismo de maternidad”, afirmó el mandatario ante periodistas en Washington. Su Gobierno también busca endurecer los controles de visas y actuar contra empresas o intermediarios que organizan viajes para partos en territorio estadounidense.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil. El texto establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país.

En la práctica, esa garantía permite que casi toda persona nacida en suelo estadounidense reciba la ciudadanía, sin importar la situación migratoria de sus padres. Entre las excepciones reconocidas están los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados.

El Tribunal Supremo confirmó el 30 de junio de 2026 que los hijos de personas indocumentadas o con presencia temporal están bajo la jurisdicción de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento.

La sentencia, aprobada por seis votos contra tres, anuló la orden ejecutiva que Trump había firmado el 20 de enero de 2025, cuando inició su segundo mandato. La medida pretendía excluir de la ciudadanía automática a los hijos de migrantes indocumentados y de extranjeros con visas temporales.

Nuevo choque entre la Casa Blanca y la justicia

La Casa Blanca argumenta ahora que el fallo dejó margen para actuar en situaciones donde exista fraude migratorio o se determine que el propósito principal del viaje fue dar a luz.

Sin embargo, las nuevas medidas previsiblemente enfrentarán demandas sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para crear excepciones a un derecho protegido por la Constitución.

Uno de los principales problemas será determinar cómo identificar el “turismo de maternidad” sin afectar a mujeres que ingresaron legalmente con visa, enfrentaron una emergencia médica o dieron a luz antes de lo previsto.

También queda por aclarar qué documentos recibirían los recién nacidos mientras se resuelven las demandas y cómo comprobarían las autoridades las intenciones de una mujer al momento de ingresar al país.

Para las familias migrantes, la diferencia es enorme. La ciudadanía estadounidense permite obtener pasaporte, residir y trabajar legalmente, votar al alcanzar la mayoría de edad y recibir protección consular.

Sin embargo, que un niño nazca como ciudadano estadounidense no concede automáticamente residencia legal a sus padres.

¿Qué impacto tendría para los salvadoreños?

La medida genera atención en América Latina y en países con una amplia diáspora en Estados Unidos, como El Salvador.

Si vos viajás con visa de turista, trabajo o estudio, la orden no significa automáticamente que un hijo nacido en territorio estadounidense perderá la ciudadanía. Su alcance real dependerá de la redacción definitiva, la aplicación de las autoridades y la revisión de los tribunales.

Aun así, las nuevas disposiciones podrían provocar más preguntas en consulados, entrevistas migratorias más estrictas y revisiones sobre el motivo del viaje de mujeres embarazadas.

También podrían afectar a agencias que ofrecen alojamiento, atención médica y asesoría para partos en ciudades estadounidenses.

El debate trasciende las fronteras de Estados Unidos porque puede modificar decisiones familiares, viajes, solicitudes de visa y planes migratorios de miles de personas.

Además, abre una discusión sobre hasta dónde puede llegar un presidente mediante una orden ejecutiva cuando existe una protección constitucional confirmada por el máximo tribunal del país.

Trump insiste en que la Decimocuarta Enmienda fue diseñada para garantizar ciudadanía a los hijos de personas esclavizadas después de la Guerra Civil y que su aplicación es demasiado amplia.

Sus críticos responden que el texto constitucional no establece esa limitación y que la ciudadanía por nacimiento ha sido respaldada durante más de un siglo.

La ofensiva no cierra la disputa: la devuelve a los tribunales. Organizaciones defensoras de los migrantes y los derechos civiles preparan impugnaciones, mientras la administración Trump presenta la medida como una acción contra el fraude y no como una prohibición general.

Por ahora, la ciudadanía por nacimiento continúa vigente. El próximo capítulo dependerá de si los jueces consideran que la Casa Blanca combate una práctica migratoria específica o intenta conseguir, por otra vía, lo que el Tribunal Supremo ya le negó.