Trump amenaza con retirar fondos federales a ciudades que protegen a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su Gobierno retirará los fondos federales a las ciudades que mantengan políticas de protección a las comunidades migrantes, conocidas como “ciudades santuario”, y aseguró que estas jurisdicciones dejarán de recibir recursos gubernamentales a partir del 1 de febrero.

El mandatario hizo el anuncio a través de una publicación en la plataforma Truth Social, donde afirmó que las ciudades santuario “solo traen crimen y violencia”. Estas políticas, adoptadas principalmente en localidades gobernadas por el Partido Demócrata, limitan la cooperación de la policía local con las autoridades federales de inmigración.

Durante su primer año de mandato, la Administración Trump ha intentado en repetidas ocasiones penalizar a estas ciudades; sin embargo, las medidas han enfrentado importantes obstáculos legales. Tribunales federales han bloqueado de forma preliminar varios intentos del Ejecutivo de condicionar o retirar fondos aprobados por el Congreso, argumentando que el presidente no tiene autoridad para usar la financiación federal como mecanismo de presión política.

En abril, Trump firmó un decreto que instruye al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a judicializar a las ciudades que, a juicio del Gobierno, “obstruyen la aplicación de la ley federal de inmigración”. Como resultado, el DOJ publicó una lista que incluye a 11 estados —entre ellos California, Oregón, Illinois, Minnesota y Nueva York— y a 18 ciudades como San Francisco, Boston, Chicago, Nueva Orleans y Denver.

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Las autoridades locales y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han defendido estas políticas, argumentando que fortalecen la confianza entre la policía y las comunidades migrantes, lo que facilita la denuncia de delitos y la cooperación con las autoridades sin temor a la deportación.

De acuerdo con la legislación estadounidense, residir en el país sin autorización migratoria constituye una infracción civil, no un delito penal.