El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este sábado que limitará la obtención de visados a cien funcionarios nicaragüenses a quienes acusa de atacar las libertades civiles del pueblo nicaragüense.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, explicó en un comunicado que estos funcionarios han sido señalados por su participación en actividades represivas, como el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), así como la detención de defensores de las libertades civiles, entre ellos el obispo Rolando Álvarez.
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La UCA, considerada uno de los últimos bastiones de libertad de pensamiento en Nicaragua, ha tenido que traspasar por orden de la Justicia sus activos muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, después de haber sido acusada de delitos de terrorismo.
Por su parte, el obispo Rolando Álvarez, que aparece mencionado en el comunicado, cumplió este mes un año en prisión.
Fue detenido en agosto de 2022 en el palacio episcopal del departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, y ha sido condenado a 26 años de prisión por delitos de "traición a la patria".
Brian Nichols, responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, se refirió específicamente al caso del obispo a través de la red social X (antes Twitter).
En concreto, Nichols compartió una imagen en la que se ve a Álvarez de rodillas, con las manos en alto, acompañada por la petición: "Libertad inmediata e incondicional para Monseñor Rolando Álvarez".
Además, Nichols condenó la detención "arbitraria" del obispo y criticó que se le sentenciara a 26 años de prisión, junto con la revocación de su nacionalidad, "simplemente por predicar justicia y paz para Nicaragua".
"Seguiremos promoviendo la rendición de cuentas por estos abusos flagrantes a los derechos humanos", prometió Nichols.
Estados Unidos llevaba años pidiendo la liberación de los presos políticos en Nicaragua desde la ola de manifestaciones que sacudió el país en 2018 con peticiones para que renunciara el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos.
Esa crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.