Aumentan deportaciones desde EE. UU. y crece la preocupación entre salvadoreños en el exterior

Un total de 3,581 ciudadanos dominicanos han sido deportados desde EE. UU. en lo que va del 2025, informó la Dirección General de Migración (DGM) del país caribeño. Del total, 2.452 personas equivalentes al 68,47% fueron repatriadas por causas de migración ilegal, según el reporte divulgado este domingo.

Lo ocurrido con esta población dominicana conlleva preocupación entre otras comunidades latinas en el país norteamericano, como ocurre con cientos de miles de salvadoreños.

Aumento bajo políticas más severas de deportación

La DGM explicó que las cifras han mostrado una tendencia al alza “desde que el presidente Donald Trump, exponiendo razones de seguridad y economía, decidió endurecer su política de deportaciones de inmigrantes, especialmente por estatus legal, antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades, representen un potencial riesgo para ese país”.

El incremento de deportaciones refleja un contexto regional en el que la movilidad humana continúa marcada por la búsqueda de oportunidades laborales y condiciones de vida más estables. En el caso de República Dominicana, Estados Unidos sigue siendo el principal destino migratorio. Sin embargo, las medidas más restrictivas han generado un flujo constante de retornos forzosos que impactan tanto en el entorno familiar como en la economía local.

Entre los deportados de República Dominicana en lo que va del año, las autoridades detallaron que 553 fueron repatriados por delitos relacionados con drogas, 126 por asaltos, 101 por casos de violencia, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos. También se registraron deportaciones por lavado de activos, contrabando y trata de personas, aunque la DGM no precisó las cifras correspondientes.

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Procedimientos al llegar al país

Los dominicanos deportados son recibidos en el aeropuerto por personal de Migración y posteriormente trasladados al centro de detención de Haina, ubicado en el suroeste del país. Allí se realiza un proceso de verificación de identidad antes de definir su situación legal.

“Aquellos sin procesos pendientes en República Dominicana son entregados a sus familiares. Los que registran antecedentes o casos abiertos son remitidos a la Procuraduría General de la República”, explicó la institución en su comunicado.

El protocolo busca garantizar que cada persona retornada sea evaluada de acuerdo con los registros judiciales nacionales, evitando irregularidades en los procesos de reintegración. No obstante, organizaciones de derechos humanos han señalado en otras ocasiones la necesidad de fortalecer la atención social y psicológica para los repatriados, a fin de facilitar su reinserción en la sociedad.

Contexto regional y políticas migratorias

La República Dominicana, además de gestionar los retornos desde el exterior, mantiene una política migratoria estricta en su frontera con Haití. El gobierno del presidente Luis Abinader ha incrementado las redadas y expulsiones de migrantes haitianos, suspendió la emisión de visas y reforzó la presencia militar en la frontera norte y sur del país.

Entre las medidas más visibles está la construcción de un muro divisorio con Haití, una obra con la que el Ejecutivo busca “controlar el flujo irregular y mejorar la seguridad fronteriza”. La decisión, sin embargo, ha generado debate entre sectores que advierten sobre el impacto humanitario y comercial de la iniciativa.

La doble realidad migratoria dominicana con miles de ciudadanos intentando ingresar a Estados Unidos y miles de haitianos tratando de ingresar a su territorio evidencia los desafíos que enfrenta el Caribe en materia de movilidad humana, seguridad y desarrollo.

Impacto en la población migrante salvadoreña

Las políticas más duras de deportación implementadas por Washington no solo afectan a los dominicanos, sino también a miles de migrantes latinoamericanos, entre ellos los salvadoreños. De acuerdo con analistas regionales, el aumento de controles fronterizos y los procesos de deportación acelerada generan incertidumbre en comunidades que dependen en gran medida de las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos.

Para la diáspora salvadoreña, que supera los 2.5 millones de personas en Norteamérica, cualquier cambio en la política migratoria estadounidense tiene un efecto directo en su estabilidad económica y emocional. Los retornos forzados implican rupturas familiares, pérdida de ingresos y dificultades para reinsertarse en el mercado laboral local.

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Diversas organizaciones de migrantes en Los Ángeles, Houston y Maryland han advertido que los operativos de deportación más recientes han incluido a personas con estatus temporal o en proceso de solicitud de asilo. Además, los consulados salvadoreños han intensificado la asistencia legal y el acompañamiento para quienes enfrentan procesos migratorios en tribunales estadounidenses.

Expertos señalan que, aunque El Salvador ha fortalecido sus programas de reintegración, el país aún enfrenta retos significativos para ofrecer oportunidades sostenibles a quienes regresan. Las iniciativas de emprendimiento y formación técnica impulsadas por el gobierno buscan reducir el impacto negativo y fomentar la inclusión productiva, pero la demanda supera la capacidad de atención actual.

El fenómeno migratorio, tanto en el Caribe como en Centroamérica, se mantiene como un tema regional de primer orden. Los flujos humanos hacia el norte no cesan, mientras los países de origen buscan equilibrar la protección de sus ciudadanos en el exterior con estrategias internas que atiendan las causas de la migración.