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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estados Unidos se encamina a su tercera semana de cierre gubernamental sin acuerdo

El bloqueo político en Washington mantiene suspendidos servicios públicos y deja a miles de empleados federales sin salario mientras el Senado vuelve a fracasar en reabrir el Gobierno.

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Por Agencias
Publicado el 15 de octubre de 2025

 

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Estados Unidos se encamina a su tercera semana de cierre gubernamental tras una nueva votación fallida en el Senado para aprobar el presupuesto. El estancamiento entre demócratas y republicanos, centrado en los subsidios de salud del programa “Obamacare”, mantiene a miles de empleados federales sin salario y ha paralizado servicios públicos. El presidente Donald Trump ordenó usar fondos del Pentágono para pagar a militares, mientras aumentan las protestas y las tensiones políticas. Economistas advierten que cada semana de cierre afecta la economía nacional y genera incertidumbre internacional, con repercusiones en países socios como El Salvador.

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El cierre del Gobierno de Estados Unidos comenzará su tercera semana luego de que este miércoles fracasara, por novena vez consecutiva, la votación en el Senado de un proyecto para restablecer la financiación federal. La falta de consenso entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto y los subsidios de salud del programa conocido como “Obamacare” mantiene paralizadas agencias públicas y deja a decenas de miles de empleados sin salario.

La propuesta, impulsada por el bloque republicano, obtuvo 51 votos a favor y 44 en contra, quedando por debajo del umbral de 60 sufragios necesarios para avanzar. Algunos senadores demócratas, como John Fetterman y Catherine Cortez Masto, respaldaron el texto junto con el independiente Angus King, mientras que el republicano Rand Paul votó en contra. Cinco senadores no participaron en la sesión. Con 53 escaños, los republicanos requieren al menos siete votos demócratas para aprobar cualquier paquete presupuestario.

El presidente Donald Trump, que atraviesa el momento más tenso de su actual administración, ha ordenado medidas excepcionales para reducir el impacto del cierre en sectores estratégicos. Según informó la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), dirigida por Russ Vought, se autorizó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a utilizar fondos del Pentágono para asegurar el pago de 1,3 millones de miembros de las Fuerzas Armadas. No obstante, la oposición calificó estas acciones como “paliativos provisorios”. Desde el 1 de octubre, fecha de inicio del cierre, se han registrado más de 4.000 despidos en distintas agencias federales.

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Los subsidios de salud, el centro del enfrentamiento político

El punto más conflictivo del debate sigue siendo la continuidad de los subsidios del programa sanitario “Obamacare”, que expiran este año. Los demócratas reclaman su renovación para evitar un aumento drástico en las primas médicas de millones de estadounidenses, mientras que los republicanos sostienen que los fondos benefician a inmigrantes indocumentados, algo que la oposición rechaza de plano.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, afirmó que “los republicanos cerraron el gobierno y luego se fueron de la ciudad”, acusándolos de bloquear la negociación bipartidista. A su juicio, los subsidios a la salud deben ser una prioridad para proteger a las familias trabajadoras.

Por su parte, el portavoz republicano Mike Johnson advirtió que “1,3 millones de militares en servicio activo corren el riesgo de no recibir su salario completo a fin de mes” y responsabilizó a los demócratas por no aceptar discutir el resto del presupuesto mientras mantengan como condición la renovación de los créditos fiscales vinculados al sistema de salud.

En tanto, la jueza federal Susan Illston ordenó en San Francisco la suspensión temporal de nuevos despidos en agencias públicas, argumentando que “el costo humano no puede tolerarse”. El fallo fue recibido como un respiro por los sindicatos federales, que exigen garantías laborales hasta que se reanude la financiación del Estado.

Desde la medianoche, unos 750.000 empleados públicos quedarán sin sueldo y se suspenderán servicios clave, con un costo económico estimado de 400 millones de dólares por semana, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Foto: archivo
Alrededor de 900,000 empleados federales fueron suspendidos sin salario desde el inicio del cierre gubernamental. /AFP

Crece la presión económica y social en todo el país

El impacto del cierre ya se siente en los estados con mayor concentración de empleados públicos, como Virginia y Maryland, donde las autoridades locales advierten pérdidas económicas significativas. En varias ciudades se preparan manifestaciones bajo el lema “No Kings”, convocadas por grupos cívicos que rechazan el uso político del cierre.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, reconoció que las conversaciones “no avanzan al ritmo necesario” y que “los cierres no benefician a nadie”, aunque los republicanos plantean avanzar con votaciones separadas para áreas clave como Defensa o Seguridad Nacional.

Entre tanto, la Casa Blanca ha reiterado que el presidente Trump “no cederá ante presiones partidarias” y que su objetivo es “eliminar programas ineficientes y frenar el gasto excesivo”. En declaraciones recogidas por varias agencias, el mandatario afirmó que “estamos cerrando programas demócratas que no nos gustan y muchos de ellos nunca volverán a abrir”, lo que elevó las tensiones con la oposición.

Analistas financieros estiman que la paralización federal ya le cuesta cientos de millones de dólares semanales a la economía estadounidense, afectando la confianza de los mercados y el consumo interno. La prolongación del conflicto amenaza con un impacto mayor si no se alcanza un acuerdo antes de fin de mes.

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Repercusiones internacionales y efectos en América Latina

El cierre del Gobierno estadounidense también tiene efectos más allá de sus fronteras. La suspensión de ciertos programas de cooperación ha retrasado trámites aduaneros y fondos destinados a proyectos bilaterales. En el caso de El Salvador, expertos advierten que podría haber demoras en la ejecución de iniciativas conjuntas y en el envío de remesas de empleados federales de origen salvadoreño.

Mientras Washington busca una salida a la crisis, miles de trabajadores federales continúan sin cobrar y la incertidumbre crece tanto en los pasillos del Capitolio como entre los ciudadanos. Si el impasse legislativo se mantiene, Estados Unidos podría enfrentar uno de los cierres gubernamentales más largos de su historia moderna.

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