Organizaciones denuncian la ley de la minería y despidos arbitrarios

Un colectivo de movimientos y organizaciones ciudadanas ambientalistas y de derechos humanos denuncia que los derechos económicos, sociales y culturales son ausentes de la narrativa oficial, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) realizado el 20 de enero de 2025.

El Salvador se sometió a su cuarta evaluación del EPU sobre la situación de derechos humanos, impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La delegación salvadoreña estuvo conformada por funcionarias y funcionarios quienes brindaron su intervención en torno a la situación de derechos humanos y, según el colectivo, se puede caracterizar por tres aspectos.

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El primero según las afirmaciones “contrapuestas a la realidad que enfrentan las grandes mayorías en el país”. Lo segundo, que el gobierno centró su narrativa en la reducción de la violencia, tomando como única variable la disminución de homicidios y no se reconoció las “flagrantes violaciones a los derechos humanos registrados por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales”.

Asimismo, el colectivo señala que no se abordó la situación de los derechos económicos, sociales y culturales.

"El país evidencia un declive en la garantía de los derechos, siendo una de las afectaciones más palpables la derogación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, sustituida por la Ley General de la Minería Metálica, promovida por el Ejecutivo, que con su implementación compromete el derecho humano al agua, alimentación, salud y vida digna de la población salvadoreña”, indicó el colectivo en su postura.

En este contexto,  el gobierno analizar cómo maneja las necesidades del país, según el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo.

“Hace falta en el país un espacio de integración, de interlocución entre el Ejecutivo y la sociedad civil, para realmente hacer un examen sobre cómo estamos como país. El informe que presentó El Salvador dice cosas bastante generales, pero no habla de la realidad salvadoreña, por ejemplo del incremento de la pobreza o extrema pobreza, o de las necesidades de mejorar el acceso a educación, el de salud”, expresó Carrillo.

Además, añadió que el Estado tiene el deber de ver en la sociedad civil una oportunidad de mejora de la gestión pública.

“Difícilmente se puede conocer la realidad de las personas alejadas de ellas, entonces hay temas que discutir y el salario mínimo es una deuda”, añadió.

A la Asamblea Legislativa solicitan la derogatoria la Ley General de Minería Metálica, por los impactos nocivos que representa para la vida de la población salvadoreña.

“La permisibilidad de la explotación minera desencadenará una amplia contaminación del agua con metales pesados, muerte de flora y fauna, contaminación de alimentos, entre otros”, destacan las organizaciones.

Claudia Rodríguez, de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, consideró que esto representa un atentado a los derechos humanos. Además, recordó que en el exámen uno de los llamados que se hizo fue por la contaminación al Lago de Coatepeque.

“Hoy por hoy más de 200,000 habitantes de la zona de Coatepeque siguen desabastecidos del vital líquido, con el tema minero esto nos va a venir a golpear más en la escasez de agua al pueblo salvadoreño.

Rodríguez, señaló que no se pueden limitar los derechos humanos al tema de seguridad, sino que también es necesario brindar salud, una vivienda digna, un trabajo, sin que estos sean vulnerados.

Pero las organizaciones y movimientos lamentan que esta no sea la única manifestación de la crisis de derechos, pues en 2024 continuó la constante práctica de despidos arbitrarios de trabajadoras y trabajadores de instituciones públicas.

Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), lamentó que a pesar que entre las recomendaciones que se le hicieron al Estado salvadoreño se encuentran las ambientales, esta no representa ser una prioridad del gobierno.

“Con actividades como la minería metálica se puede ver claramente cómo es que se dan estas violaciones, la minería metálica no debió haberse permitido, de igual manera toman decisiones que afectan derechos, entre ellos ambientales, y es lo que nos ha llevado a esta situación de crisis”, expresó.

Denuncian también de 3,847 personas despedidas sin un debido proceso en el último año.

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“El salario mínimo debió revisarse, por ley, en 2024 para que esté acorde al costo de la vida, a diciembre de 2024 el país cerró con el promedio anual de la canasta básica alimentaria urbana más alta de la historia, la cual ascendió a $254.383”, añade.

Llamado al cumplimiento

El colectivo llama al Estado salvadoreño a cumplir con las recomendaciones en derechos económicos, sociales y culturales que diferentes países le emitieron el pasado 20 de enero, en Ginebra.

Por lo que piden que el Estado genere todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, entre ellos, el derecho a la vivienda adecuada, derechos laborales y sindicales, derecho a la alimentación, derechos del campesinado y derechos culturales, derecho a un medio ambiente sano, derecho a la educación, derecho a la salud, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Piden que “el Estado cree un mecanismo participativo para dar seguimiento y monitoreo a los avances en las recomendaciones de los anteriores ciclos programáticos donde fue evaluado El Salvador y el actual ciclo, que lleven a la satisfacción de los derechos humanos en general.

A los países que han realizado recomendaciones, piden que puedan estar vigilantes del cumplimiento de las mismas, así como de la criminalización promovida por el Estado en contra de cinco líderes ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas.