Comunidad internacional recomienda levantar el régimen de excepción

En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador por parte de la Organización de las Naciones Unidas, desarrollado este lunes, diferentes países incluyeron entre sus recomendaciones que se suspensa el régimen de excepción y que se ratifique la convención internacional contra la tortura.

Aunque varios países celebraron la mejora de la seguridad y la implementación de algunas políticas públicas, existe preocupación en la comunidad internacional por las denuncias de violaciones a derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.

“Irlanda se preocupa por los informes acerca de que las disposiciones del estado de emergencia resultaron en arrestos arbitrarios y detención y que se haya negado el debido proceso a los detenidos”, dijo la embajadora.

Las recomendaciones de Irlanda fueron que El Salvador fije un plazo para poner fin al estado de emergencia, es decir, el régimen de excepción, y que tome medidas para que los detenidos tengan acceso a un juicio público y justo en un plazo razonable, ajustándose a las obligaciones internacionales.

Con base en la reducción de los índices de violencia, México también recomendó derogar el estado de excepción en El Salvador.

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Italia, por su parte, instó a El Salvador a garantizar un juicio justo para todos los ciudadanos y que los menores de edad sean juzgados en tribunales especializados juveniles; así llamó a evitar los casos de tortura, detención arbitraria, desaparición forzada y abuso de la fuerza por parte de la Policía.

Japón celebró la reducción significativa de homicidios, pero recomendó a El Salvador “que continúen mejorando la seguridad pública en el país explorando al mismo tiempo las formas de aliviar el estado de emergencia, en vigor desde marzo de 2022, para facilitar aún más la promoción y la protección de derechos y libertades fundamentales del pueblo salvadoreño”.

Que se levante el estado de excepción y se restablezcan los derechos y garantías constitucionales de defensa técnica que este suspende también fueron parte de los llamados de Luxemburgo, Malta, Nueva Zelanda, Reino Unido y Colombia, entre otros.

“Nos sigue preocupando la situación de derechos humanos y los efectos negativos debido al estado de emergencia”, dijo la delegación de Noruega.

Varias naciones hicieron el llamado recomiendan que haya procesos justos y garantías procesales para las personas detenidas en el régimen de excepción. Así también adoptar medidas para reducir hacinamiento en la cárceles y sean acordes a estándares e internacionales, conocida como “Normas Nelson Mandela”. También que se permita la comunicación con familiares.

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“Que tome medidas para garantizar el derecho a un proceso justo, en particular para los detenidos en el marco del estado de excepción y que fije un calendario para próxima eliminación”, recomendó la delegación de Suiza.

Estados Unidos dijo que le preocupa que las personas detenidas “no gocen de garantías de un juicio justo”, instó a permitir las visitas a detenidos, tener asesoría jurídica y asistencia letrada. También que existan políticas de atención de niños que tienen padres detenidos.

Hasta la delegación de Venezuela expresó su preocupación por la falta de independencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y su “falta de reacción” ante presuntas violaciones a derechos humanos.

Por su parte, la delegación de Argentina destacó los logros del Plan Control Territorial implementado por El Salvador y recomendó continuar con el plan, en particular de la fase de “Integración”.

Gobierno dice la política de seguridad prioriza los derechos humanos

La delegación salvadoreña estuvo integrada por Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad Expresión; René Escobar, Procurador General de la República; Carlos Alvarenga, viceministro de Salud; Linda Amaya, directora del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA); Tania Rosa, directora de Derechos Humanos de Cancillería y Yesenia Lozano, embajadora extraordinaria y representante permanente de El Salvador ante Naciones Unidas.

“Nuestra política de seguridad prioriza los derechos humanos”, expresó el comisionado.

Guzmán expuso que El Salvador fue durante muchos años “la capital mundial de los homicidios”, por acción de las estructuras terroristas internacionales, en referencia a las pandillas y que lograron crear un estado paralelo, en el que controlaban territorios, cobraban impuestos y que en 2015 la tasa de homicidios era de 106.3 personas por cada 100,000 habitantes y, en contraste, en 2024 cerró con 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Dijo que el país contabilizó 800 días sin homicidios, “convirtiéndolo en el país más seguro del hemisferio occidental” y se logró la reducción de las cifras en todos los tipos de delitos, comparados con 2023.

Por su parte, el procurador general expuso su compromiso con la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, sobre todo en el marco del régimen de excepción.

“Reconocemos esta medida con una herramienta extraordinaria para enfrentar el crimen organizado, y aún cuando esta medida suspende algunas garantías, la defensa técnica se le ha brindado de manera oportuna a todas las personas procesadas en este contexto”, expresó.

Ratificar convenciones

La primera participación fue la de Iraq que inició sus recomendaciones con la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas frente a la desaparición forzada. Pero no fue el único que hizo esa recomendación, Paraguay se sumó a recomendar que se ratifique dicha convención, así como Colombia, Portugal, Senegal, Ucrania y Armenia.

España, Italia, Suiza y Chile también recomendaron la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Luxemburgo y otros países sugieren también que El Salvador apruebe una ley de justicia transicional que se ajuste a las normas internacionales sobre derechos humanos. Cabe mencionar que los proyectos de dicha ley, presentados por organizaciones en los que participaron familiares de víctimas del conflicto armado, fueron enviados al archivo por la actual legislatura de Nuevas Ideas.

Marruecos instó a fortalecer a la Fiscalía para investigar las violaciones a derechos humanos en el conflicto armado e implementar un programa de reparación a las víctimas del conflicto.

Derechos de mujeres y educación

Tanto Iraq como Namibia, Costa Rica recomendaron que se garantice una participación de la mujer en el mercado laboral y erradicar la brecha salarial.

Irlanda, Luxemburgo, México, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovenia, Suiza, Reino Unido, Uruguay, Australia, Austria y Cabo Verde instan a no criminalizar a las mujeres que tienen abortos en razón del riesgo para su salud, revisar la legislación que penaliza el aborto y garantizar acceso a salud sexual y reproductiva.

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También recomendaron redoblar esfuerzos por erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y contra la trata de personas; así como promover la igualdad de género y la no discriminación a la población LGTBI.

En el tema educativo, Japón instó a brindar más recursos al sector educativo. Lituania, Nigeria, también recomendaron mejorar el tema de reducir el abandono escolar y garantizar acceso a educación universal de calidad.

Aunque se destacó la Ley Crecer Juntos, otra recomendación tuvo que ver con erradicar el trabajo infantil.

Libertad de expresión

Las intervenciones de varios países, como Lituania, México, Brasil, Perú, Austria, Canadá y Grecia incluyeron llamados al estado salvadoreño al respeto a la libertad de expresión y de prensa, y garantizar un entorno seguro para periodistas y medios de comunicación. Además de garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

La representación de Noruega también exhortó que se combata el estigma contra periodistas y defensores de derechos humanos.

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Varios reconocieron la aprobación de la Ley Especial de Inclusión por parte de El Salvador, para abrir oportunidades a las personas con discapacidad. Sin embargo, el capítulo referido al tribunal sancionador, las infracciones y sanciones a las vulneraciones a la ley no ha entrado en vigencia, mas bien ha sido prorrogada su vigencia por siete veces, lo que impide sancionar las violaciones a dicha ley.

Otras recomendaciones es dar cumplimiento al derecho humano al agua y tomar políticas para enfrentar el cambio climático.