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Kilmar Ábrego seguirá detenido tras primera audiencia en EE.UU.
La jueza que conoció inicialmente el caso dijo que necesita tiempo para decidir si el salvadoreño puede ser procesado bajo fianza, según reportaron medios estadounidenses.
El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador por "error" del Gobierno del presidente Donald Trump, enfrentó ayer viernes su primera audiencia en el tribunal federal de Nashville (Tennessee), Estados Unidos (EE.UU), donde la jueza Barbara Holmes dijo que se pronunciaría más adelante sobre la petición de Abrego García de quedar en libertad bajo fianza a la espera del juicio, según reportaron medios de comunicación estadounidenses.
Durante su primera audiencia, que duró alrededor de seis horas, Ábrego García se declaró no culpable tras volver hace una semana a Estados Unidos para afrontar cargos por presunto tráfico de personas.
Ante la Corte de Distrito central de Tennessee, en Nashville, el acusado negó ser culpable de los dos cargos que afronta, por conspiración para transportar migrantes indocumentados y por transporte ilegal de indocumentados, que anunció el viernes de la semana pasada la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
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Mientras ocurría la audiencia, cientos de personas protestaron fuera de la corte con consignas como "Liberen a Kilmar", "defiendan el debido proceso y los derechos humanos", "los inmigrantes hacen a Estados Unidos" y "abolir a ICE (Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas), proteger a los inmigrantes".
Además, la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez, también denunció la injusticia del proceso.
"Nuestra familia nunca debería estar en esta situación, deberíamos estar con nuestros hijos. La mente mía y de Kilmar está ahorita mismo en Tennessee, pero nuestros corazones están en Maryland, con nuestros hijos", expresó la mujer ante los medios.
Esta es la primera audiencia tras el retorno hace una semana de Ábrego García, a quien la Administración de Donald Trump envió junto a 230 inmigrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y una jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.
El Ejecutivo estadounidense retornó a Ábrego García el 6 de junio, pero lo acusó de cargos federales de tráfico de personas que surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varios presuntos indocumentados, según detalla el documento judicial.
Los abogados del salvadoreño han negado que su cliente sea culpable de esos cargos, que le valdrían una pena máxima de 20 años en la cárcel.
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Asimismo, la defensa pidió esta semana a la Corte de Distrito de Maryland, origen del caso migratorio, sanciones al Gobierno de Trump bajo la Ley Federal de Procedimientos Civiles por las "repetidas violaciones del Gobierno a sus obligaciones", incluyendo el fallo de la Corte Suprema que exigía "facilitar" su retorno.
Nuevas pruebas en su contra
Según reportó la cadena Fox, la Fiscalía estadounidense presentó como prueba el testimonio del agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Peter T. Joseph, quien declaró que en un procedimiento en 2022 en Tennessee Ábrego García dijo viajaba de San Luis a Maryland para un trabajo de construcción, en Chevy Suburban. Según el medio, agentes que lo interceptaron en esa ocasión notaron la ausencia de equipaje o herramientas de construcción en el vehículo, a pesar de la explicación que supuestamente dio el salvadoreño.
"Las autoridades dicen que en el interior del Suburban, que había sido modificado para incluir una cuarta fila de asientos, había 10 individuos. Los agentes hicieron que cada pasajero escribiera su nombre y fecha de nacimiento. Seis de los nueve pasajeros fueron identificados como inmigrantes indocumentados", publicó Fox17, quien también reportó, que entre los pasajeros que viajaban con Ábrego había una menor de edad.
Un segundo testigo, según lo publicado por Fox17, dijo haber presenciado drogas y armas en el vehículo donde se trasladaba Ábrego.
El salvadoreño fue deportado en marzo pasado junto a migrantes venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La medida ha sido cuestionada por políticos demócratas y por organizaciones internacionales que señalan ilegalidades y violaciones al debido proceso. Sin embargo, hay otros países que están considerando emular el plan del gobierno de Trump. Según publicó este viernes Infobae, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Eduardo Arana, informó que ese país está evaluando la posibilidad de firmar un convenio con El Salvador para el envío de reclusos a la megacárcel.
Senadores piden sanciones
Senadores de Estados Unidos presentaron una propuesta de ley para sancionar al presidente salvadoreño Nayib Bukele, al vicepresidente Félix Ulloa y otros funcionarios por violaciones a derechos humanos y por lo que consideran una complicidad con el gobierno de Donald Trump para encarcelar a personas sin debido proceso.
La propuesta contempla sanciones para 12 funcionarios salvadoreños, entre ellos el ministros de Defensa, René Merino Monroy; el de Seguridad, Gustavo Villatoro; la de Economía María Luisa Hayem; el de Hacienda Jerson Posada; el de Gobernación, Juan Carlos Bidegain; el viceministro de Seguridad, Osiris Luna; el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez; la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco; y el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
La propuesta de ley que implicaría sanciones para los 12 funcionarios salvadoreños fue presentada ante el Congreso por los senadores demócratas Chris Van Hollen, Tim Kaine y Alex Padilla.
Los senadores señalaron que "Bukele y Trump son cómplices de un plan ilegal para utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para enviar personas a El Salvador en violación de sus derechos constitucionales".
En el comunicado publicado el jueves, los funcionarios estadounidenses también señalaron que el Gobierno de Bukele continúa persiguiendo a salvadoreños inocentes, periodistas y defensores de derechos humanos, y entre ellos mencionó a la abogada Ruth López. Ayer, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) comunicó que cerca de 40 periodistas han salido del país por temor a persecución del Gobierno.