A seis meses del 9 F, cuando el Presidente Nayib Bukele presionó con un grupo de soldados armados a los diputados para que aprobaran un préstamo para comprar armamento de la Fuerza Armada, el caso ha quedado sin mucho análisis por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ante la próxima interpelación del ministro de Defensa por estos hechos, el tema ha vuelto a discusión.
En un foro organizado por la Asociación de Abogados de El Salvador, los panelistas Jeanette Aguilar, experta en seguridad; el ex magistrado Ulices del Dios Guzmán; y el jurista argentino Beinusz Szmukler, presidente del Comité Consultivo Continental, estuvieron de acuerdo en que tanto desde la perspectiva jurídica, como de la política, la toma de la Asamblea puede ser considerada como un golpe de estado “fugaz” o interrumpido.
“Rafael Martínez señala que un golpe de estado es una serie de acciones mediante la amenaza para remover al poder de turno por parte de una elite política que usará cauces ilegales que violentan la ley. De esta definición podemos derivar elementos constitutivos que son aplicables a lo que pasó el 9 de febrero”, afirmó Aguilar, quien presidió el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP).
A su juicio, los hechos del 9F muestran que fue un acto planificado, no espontáneo, en el cual si bien no hubo uso de violencia física sí hubo presencia de militares fuertemente armados en el edificio que los diputados usan para deliberar. Esto último, afirma, contraviene completamente los principios de la democracia.
“Hubo una previa operación orientada a someter la voluntad de los legisladores. Eso pasó por la logística militar que terminó en la toma de la Asamblea”, resumió la investigadora.
Pero no se queda ahí. Aguilar pone énfasis en el hecho de que además de la militarización de la Asamblea, hubo denuncias de diputados de que la noche previa fueron hostigados en sus domicilios por parte de las fuerzas policiales.
“Sabemos, y creo que este es un elemento de que hay que investigar, que hubo investigación previa sobre domicilios y rutinas de varios legisladores, muchos de los cuales fueron acosados e incluso amenazados en sus propios domicilios. Hubo un contexto más allá de la toma de la Asamblea, hubo un contexto de asedio y amenaza a los actores”, dijo.
El exmagistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán analiza los hechos desde la perspectiva jurídica y no tiene dudas. El 9F hubo un “golpe de estado fugaz”, afirma.
“Irrumpe el Ejecutivo en la Asamblea, en ese momento estaba a disposición del presidente tanto así que se sentó en la silla del presidente legislativo. Eso indica que hubo rompimiento porque hubo concentración de poder de la toma de decisiones legislativas e impidió que los diputados llegaran libremente. No podían deliberar libremente ni tomar una decisión en libertad porque el presidente llegó con esa convocatoria”, dijo.
El argentino Szmukler tampoco tiene dudas y respaldó las aseveraciones de los otros dos abogados.
“El tema que se plantea evidentemente es tal cual lo han definido como un golpe de estado, tentativa de golpe o golpe de estado de alguna manera se interrumpió. No hay ninguna duda que la acción configura un delito contra el orden constitucional”, sentenció.
Implicaciones
Para los panelistas es importante seguir el caso y tomar acciones. De hecho, los tres ven riesgos si las cosas quedan tal como están. En ese sentido, apoyan la próxima interpelación de los diputados al titular de Defensa, Francis Merino Monroy.
“Esto no puede pasar desapercibido, este puede ser un problema mayor, podemos perder la república y ganarnos una dictadura. La interpelación es una legítima defensa de la república, que sufrió una agresión de parte de la Fuerza Armada, quien debe responder de una forma institucional”, sentenció del Dios Guzmán.
Szmukler lo respaldó: “Es muy importante que no quede en la impunidad esta actuación del presidente de la República. Por lo que escucho se está tramitando alguna acción en ese sentido”, dijo en referencia a la interpelación de Merino Monroy.
Aguilar fue más allá y se mostró preocupada por lo que ella considera el excesivo uso de la Fuerza Armada en el país en todas las políticas públicas.
“En el marco de un gobierno como el de Bukele, qué implicaciones tiene este uso abusivo de la Fuerza Armada: ha mostrado serios signos de autoritarismo y una clara ambición de acumulación de poderes, esto conlleva graves amenazas a la institucionalidad. Hay muestras preocupantes de cómo hay militarización de las políticas sociales. Vemos que predomina una respuesta militar a los problemas sociales y una muestra es la militarización de la respuesta sanitaria a la pandemia”, valoró.
Para ella, es importante que la sociedad evalúe la participación de las Fuerzas Armadas en los diferentes ámbitos de la sociedad, lo que coincide con un enaltecimiento de la figura de los militares del actual gobierno a través de extensos spots publicitarios y fotos en redes sociales del su actual ministro.