Quién dio la orden para que la Fuerza Armada irrumpiera en Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, cuál fue la cadena de mando para el operativo, cuál fue la base legal para asaltar el recinto legislativo y cuáles eran los objetivos son algunas preguntas que los diputados de la Asamblea Legislativa esperan que responda el 21 de agosto el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy en su interpelación.
El funcionario deberá presentarse ante el pleno para rendir cuentas sobre el asalto que hace más de seis meses hicieron al Legislativo militares y policías antes de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llegara a presionar a los legisladores por un préstamo de $109 millones para Seguridad y cuya discusión ya estaba en la agenda del Congreso.
Pese a que en los días posteriores, el mandatario intentó elucubrar excusas para justificar el evento, él mismo admitió en marzo que lo hizo para presionar a los diputados.
Para deducir responsabilidades, la Asamblea iba a interpelar al ministro de Defensa el 21 de marzo, pero la cita fue pospuesta por la emergencia del COVID-19. Además, fue creada una comisión especial para investigar los hechos ocurridos antes, durante y después del 9 de febrero, pero las medidas ante la emergencia sanitaria también obligaron a poner en pausa la sesión.
Algunos legisladores, el Gobierno y grupos afines han intentado minimizar ese suceso, que tuvo trascendencia internacional, y consideran que no se debe emplazar al ministro, pues el único resultado que podrían sacar los diputados es un acuerdo para que se le recomiende a Bukele destituirlo y el gobernante ya ha dicho que no lo hará.
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Pero la oposición y diversas organizaciones civiles sostienen que no se puede dejar de investigar ni de deducir responsabilidades sobre el “golpe de estado” que Bukele pretendió hacer con el respaldo de la Fuerza Armada, pues eso dejaría abierta la puerta para que en el país se instaure un régimen autoritario.
Además, expresan que si se comprueba que hubo una violación a los derechos humanos, Merino Monroy puede ser removido, ya que los resultados de interpelaciones a funcionarios de Seguridad Pública e Inteligencia del Estado son vinculantes. Esto, sin embargo, aún genera debate en la comunidad jurídica.
“La República no se puede perder. La militarización de la Asamblea Legislativa no es aceptable bajo ningún punto de vista, no debe dejarse para después. En Nicaragua lo vieron como ‘hay que dejarlo para después’ y dejaron correr a (Daniel) Ortega y vea dónde los tiene. Los mismos ejemplos hay en Ecuador y en Bolivia”, sostiene el diputado de ARENA, Mauricio Vargas.
La militarización del Congreso provocó opiniones de diversos sectores, dentro y fuera del país, quienes la calificaron como un “intento de golpe de Estado”, una ruptura del orden constitucional, una vulneración al sistema de poderes y una flagrante violación al estado de derecho.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, no solo se refirió a la irrupción al Congreso como una “exhibición de fuerza bruta”, sino que acusó al gobernante de causar una “grave crisis constitucional” y se preguntó “qué concepto tiene Bukele por democracia”.
Además, Vivanco sugirió al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que la toma de la Asamblea por parte del Ejército salvadoreño justificaba una “reunión urgente” de ese organismo regional “en función de la Carta Democrática”.
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Por su parte, el influyente senador estadounidense, Patrick Leahy, manifestó que las imágenes del 9 de febrero “recuerdan los días en que las disputas políticas se resolvían con amenazas y violencia. Eso no puede ser aceptado, menos por un gobierno que quiere ser socio de Estados Unidos”. El mismo embajador de EE. UU. en el país, Ronald Johnson, reprobó la incursión a pesar de que ha sido un férreo defensor de Bukele incluso en momentos cuestionados dentro y fuera del país.
Por qué se debe interpelar al ministro, según los diputados
“Él comandó las fuerzas de asalto habiendo emitido un juramento de defender la Constitución de la República cuando asumió el cargo. Ese acto (la militarización) contraviene la Constitución. Él cometió un delito”. Así resume el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, las razones por que el ministro debe ser interpelado el viernes.
El legislador recordó que el 8 de febrero pasado, horas antes de la incursión de los soldados en el Órgano Legislativo, Merino Monroy emitió unas declaraciones, acompañado de otros jefes militares, en las que expresó que estaba a la espera de las órdenes que le diera Bukele y que la Fuerza Armada estaba dispuesta a defender la patria “aun a costa de su propia vida”.
Rodolfo Parker, del PDC, agrega que además de eso, la noche antes de la militarización, diputados de la oposición fueron acosados por policías en sus residencias con la intención de capturarlos y obligarlos a comparecer en la plenaria extraordinaria convocada por Bukele y su consejo de ministros.
En las leyes que rigen la carrera militar, apunta Hándal, se establece que los integrantes de la Fuerza Armada no están obligados a cumplir órdenes que violen “flagrantemente el Estado de Derecho” o los derechos humanos. Por esa razón, dice, Merino Monroy no debió acatar las instrucciones de tomarse la Asamblea.
Para el diputado efemelenista, la Constitución establece que un funcionario como Merino Monroy puede ser depuesto de su cargo si ha cometido una violación a los derechos humanos. “Un derecho humano es la protección que debe garantizar el Estado, pero si el estado de derecho es violentado también son violentado los derechos humanos de las personas”, expresa Hándal.
Parker y Vargas aclararon que no se interpelará al funcionario por su grado militar o a la institución castrense, sino que se cuestiona “la acción de Merino Monroy y cualquier otro funcionario de atentar contra la institucionalidad del Estado”.
“El ministro de Defensa no debe lealtad a las órdenes arbitrarias del presidente de la República o de nadie. Le debe lealtad a la Constitución y a la patria. No estamos interpelando a la Fuerza Armada, estamos interpelando al funcionario que violentó la Constitución y el sistema republicano del Gobierno”, aclara Parker.
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En contraste, el diputado del PCN y jefe de seguridad de la Asamblea, Reynaldo Cardoza, cree que la interpelación es una “pérdida de tiempo”, pues hay temas importantes en los cuales enfocarse.
En su momento, él declaró que el 9 de febrero la Policía llamó a un cerrajero para que violentara la puerta de Salón Azul, ya que el empleado encargado de las llaves no estaba. A su vez, dijo que un asistente de Bukele le llamó por teléfono para advertirle que abriera o iban a “tumbar los portones”.
Eso no pasó, según Cardoza, porque él le pidió a Merino Monroy y al director policial, Mauricio Arriaza, que tuvieran calma “para no meterle más fuego al país”.