El impacto provocado por el COVID-19 perfila un retroceso de hasta dos décadas en los avances para combatir la pobreza en El Salvador, afirma el último informe presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Según las proyección de Fusades la cifra subiría hasta el 51.4%; mientras que la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN, estima que alcanzará el 54.0%.
Según el señalamiento de Fusades las proyecciones de pobreza monetaria poscrisis muestran un panorama desalentador y se estiman niveles de pobreza, en promedio de alrededor de 20 % por encima de los de 2018, esto significaría alrededor de 1.3 y 1.6 millones de nuevos pobres.
Caída de remesas y desempleo
Las cifras de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, de hogares en pobreza para El Salvador eran de 40.62 % en 2015, en 2016 bajó a 38.2 % y para 2017 a 33.8 %. En 2019 el indicador fue de 33.7 %, es decir que habían mostrado un descenso sostenido.
Esto debido al efecto provocado en la generación de ingresos, educación y el empleo, entre otros factores, menciona el análisis de Fusades.
Hoy, con la pandemia, los dos principales frentes que impactarán el engrosamiento de las filas de pobreza en el país son la caída de las remesas con una disminución del 10.7% en marzo y del 40.0% en abril, en comparación con los mismos meses del año anterior.
Eso aunado a la pérdida de empleos e ingresos, pues entre marzo y abril se perdieron un estimado de 226,200 empleos, de estos el 28.6% formales y 71.4% informales.
“A pesar de experimentar una tendencia errática de la pobreza durante las últimas décadas, El Salvador entró a la crisis con el porcentaje de personas en situación de pobreza más bajo de los últimos 30 años”, señaló la Fundación.
Según los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2018, que expone Fusades, el 30.9 % de las personas vivían en pobreza monetaria.
Este indicador está compuesto del 7.3% en pobreza extrema, es decir que las personas con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria; y el 23.6% en pobreza relativa, aquellos cuyo ingreso no logra cubrir el costo de la canasta básica ampliada y tienen dos veces un ingreso similar al de la canasta básica.
En 2018 también el 28.8% de los hogares, unos 537,826, vivían en pobreza multifuncional, estos son más vulnerables a los embates del COVID-19, debido a que sufren de múltiples carencias como falta de acceso a saneamiento, agua potable, a servicios de salud, al empleo y viven en hacinamiento.
Se necesita más cobertura social
Según el informe de Fusades la situación que ha enfrentado el país debido a la pandemia deja clara la importancia de contar con un sistema protección social (SPS) fuerte e integrado, en especial de su componente no contributivo, capaz de adaptarse y responder en situaciones de emergencia.
“El Salvador no contaba con un SPS lo suficientemente robusto para mitigar con eficacia y rapidez los efectos de la pandemia en la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad social”, dice el documento.
El informe agrega que la protección social debe garantizar un piso mínimo de bienestar para las personas, especialmente en tiempos de crisis.
Este piso mínimo es una especie de canasta de bienes, servicios y transferencias monetarias que aseguren que las personas tengan acceso a salud y educación, seguridad alimentaria y condiciones dignas de vivienda.
El tanque de pensamiento también señala que para disminuir el impacto económico y social de la crisis se debe establecer un plan de reactivación con enfoque simultáneo en cuidado de vidas y de medios de vida, que sea dinámico para revisar y reajustar cuando sea necesario.
Así como protocolos sanitarios generales para la población y específicos, según los riesgos en los lugares de trabajo, medidas sanitarias para medios de transporte, comunicación clara, efectiva y ordenada, entre otras recomendaciones.
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