Más de 200 víctimas de la estafa del caso Jumbo reciben escrituras de propiedad

Los afectados de la gran estafa que se remonta a 1999 recibieron 1,093 escrituras que los convierte en dueños de los terrenos que les vendió la lotificadora Jumbo Ingeniería de manera ilegal.

Representantes de la Fiscalía entregaron los documentos que los hace dueños de los terrenos que centenares de víctimas le compraron a la lotificadora Jumbo Ingeniería. Foto EDH Cortesía FGR

Por David Marroquín

Ene 01, 2020- 21:20

Por fin, otras 200 víctimas de la gran estafa en el caso conocido como Jumbo recibieron sus escrituras de propiedad de los terrenos que les vendió de manera fraudulenta la empresa lotificadora Jumbo Ingeniería. Solo este año, la Fiscalía General pudo legalizar 1,093 terrenos que pasaron a favor de las más de 200 víctimas.

Las personas recibieron los documentos que los convierte en los legítimos dueños de los terrenos que le compraron, sin saber que se trataba de un engaño, a la referida empresa, cuyos representantes legales de origen francés fueron condenados a 13 años de prisión.

Fiscalía General, tras procesar las denuncias de unos 4,000 compradores, consiguió la condena de 13 años de prisión para André Leopold Deprez Damman y su hijo, Pascal Jann Pierre André Deprez.

La sentencia, conocida en junio de 2011, detallaba que ocho años de prisión por la estafa agravada en contra de miles de víctimas en todo el país y tres por administración fraudulenta. Deprez Damman murió de causa natural cuando cumplía con su sentencia en un centro penal.

A pesar de que los dos considerados principales responsables de la gran estafa fueron condenados, el ente fiscal se encargó de gestionar que los lotes pasaran legalmente a quienes pagaron por ellos para que éstos no perdieran el dinero invertido en la adquisición de los terrenos.

Para este año, el ente fiscal pudo entregar 1,093 escrituras de propiedad a más de 200 víctimas que los hace acreedores legales de igual cantidad de lotes.

Estas propiedades están situadas en los municipios de Turín, Atiquizaya, Santa Ana, El Porvenir, El Congo, Nueva Concepción, Atiquizaya, California y Tecapán.

También hay terrenos lotificados en Coatepeque, Ahuachapán y El Refugio.

“En estos dos últimos meses del presente año (2019), se les ha podido dar su mejor regalo a estas personas, que es la certeza jurídica de que ahora sí son dueños de sus lotes en los que a la fecha muchos ya tienen construída su vivienda”, señaló uno de los fiscales del caso.

Con las más de mil escrituras entregadas este año que beneficiaron a más de 200 compradores se culmina con el proceso de legalización de los terrenos que compraron las víctimas, pero que la referida empresa nunca les entregó la documentación que los acreditaba como sus legítimos dueños.

Las escrituras entregadas este año por la Fiscalía a las víctimas del caso Jumbo se suman a los más de 550 títulos de propiedad que el ente fiscal ha entregado en los últimos cuatro años, tras conseguir conciliar con los verdaderos dueños de los lotes.

Otros siete procesados en el caso, quienes fungían como directivos y abogados de la empresa, resultaron exonerados de los cargos penales por parte del Juzgado Antimafia de Sentencia de Santa Ana.

La estafa se remonta entre los años 1999 y 2004, cuando Deprez Damman y su hijo, André Deprez captaron terrenos de propietarios con quienes se comprometieron a lotificarlos para después venderlos.

Sin embargo, ni los verdaderos propietarios de los terrenos, recibieron sus dividendos por la presunta lotificación, ni los compradores de las porciones de tierra, recibieron escritura alguna, según las investigaciones fiscales.

La estafa se descubrió en 2004, cuando centenares de personas denunciaron a la empresa lotificadora Jumbo Ingeniería por estafa, ya que la mayoría de las víctimas habían pagado el precio de lotes que le habían comprado a la referida lotificadora, pero al momento de exigir las escrituras de propiedad, estas no se las entregaron porque la empresa no tenían los permisos de ley.

Los condenados nunca obtuvieron autorización para lotificar los inmuebles por parte de las instituciones del Estado facultadas para otorgar dichas autorizaciones.

La investigación fiscal estableció que los lotes fueron inscritos a nombre de Pascal Emile Jean Pierre André Deprez, quien a su vez, los entregó como garantía para obtener créditos a favor de la referida empresa.

De esta manera, el engaño llegó hasta doce departamentos del país, porque Morazán y La Unión, fueron los únicos departamentos en los que los condenados no comercializaron terrenos de manera ilegal.

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