A casi dos años de que un médico denunció haber sido despojado de un inmueble valorado en $190,000, la Fiscalía General de la República muy poco ha avanzado en la investigación del caso.
Por el contrario, la víctima asegura por indagaciones propias, que el edificio que desde 2018 es utilizado como centro comercial ha sido vendido a seis personas.
Sin embargo, a la fecha se desconoce quiénes son los sospechosos de este ilícito, cómo se han dado estas irregularidades y si hay gestiones ante las instancias judiciales que conduzcan a futuras órdenes de captura.
La propiedad situada en la colonia Guatemala y Calle 5 de Noviembre al norte de la capital, consta de un edificio de dos plantas construidos en un área de 500 metros cuadrados que luego del traspaso en enero de 2018, fue alquilado a diferentes comerciantes.
La víctima que para efectos del relato es José (nombre ficticio) no se ha cruzado de brazos, en 2018 acudió a la Fiscalía General, al Centro Nacional de Registros (CNR) y a la sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia para seguirle el rastro y la trayectoria a la suplantación de su identidad que se dio para vender el inmueble con documentos falsos.
Pero a la fecha, ninguna de esas instituciones ha mediado o intercedido para devolverle el inmueble al dueño.
Por el contrario, en el CNR, su propiedad está inscrita a nombre de José Reynaldo Quintanar Rivera, según dos certificaciones extractadas emitidas por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.
José asegura de no conocer a Quintanar Rivera mucho menos haber negociado la venta del inmueble que heredó de sus abuelos en el 2003. Agregó que mientras esa propiedad estaba en su posesión, la hipotecó con un banco para obtener un crédito y así hacerle mejoras previo a ponerla en alquiler.
Con esta venta fraudulenta, la hipoteca bancaria por el crédito que pesaba sobre la propiedad fue anulada y presentada al CNR para liberar el inmueble de gravámenes o embargos.
“El banco manda la cancelación de la hipoteca al CNR, va una escritura pública donde el abogado apoderado del banco está cancelando la hipoteca y se levanta ese gravamen y ya queda liberada en el registro, la propiedad”, explicó José.
Ahí el tema es que llegaron con un escrito falso del banco, aparentemente toman el nombre de un abogado apoderado que a lo mejor ya no existe, llegan y cancelan la hipoteca.
Por la cantidad de hipotecas que a diario un banco tiene que inscribir en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca, cada banco tiene su propio registrador en el CNR. Ese registrador conoce a los abogados del banco que atiende. “Como es posible, que llegue un fulano que no es del banco y diga ´aquí vengo a cancelar una hipoteca con un poder´ (o autorización). Aunque un documento de esa naturaleza tiene fe pública, si el profesional que lo tramita no es conocido por el registrador, este fácilmente podría llamar al banco para cerciorarse que el abogado procedía de la institución financiera, además si estaba autorizado para cancelar la hipoteca, de ahí, si el abogado es conocido en el CNR, entonces quiere decir que en esta red hay un involucrado que es del banco, si no quiere decir que el registrador se prestó al ilícito y procedió a cancelar la hipoteca”, afirmó la víctima.
El ofendido manifiesta que desde julio de 2018 con documentos del CNR se presentó a la Fiscalía a denunciar el ilícito, pero de esa fecha a la actual, el fiscal asignado solo ha logrado por orden judicial “ponerle llave” en el CNR al registro de su propiedad.
Ponerle llave a un registro de una propiedad en el CNR significa restringir el registro para realizar cualquier modificación como venta, traspaso, hipoteca, herencia u otro trámite que coadyuve a cambiar el titular del inmueble.
“Lo extraño es que la Fiscalía, no se si es por la lentitud que sufrimos la ciudadanía para recibir justicia o por exceso de trabajo que los casos no caminan”, se quejó la víctima.
A su juicio, dice que lo más correcto que pudo haber hecho el fiscal que lleva su caso es recomendarle, llegar hablar con su jefe a la sede fiscal , y hacerle ver que el fiscal está sobrecargado y no daba abasto.
“Tal vez así, le puede meter más celeridad al tema. Pero me tiene que los investigadores y éstos nunca se han comunicado conmigo, a pesar de que el ilícito inició en enero de 2018; ya llevamos casi dos años y no hay mayores resultados”, lamentó José.
Desde el 2 de septiembre, El Diario de Hoy intentó conocer la versión del fiscal asignado al caso a través de la oficina de Comunicaciones de la Fiscalía pero a la fecha, no se ha dado ninguna respuesta.
Según el afectado, la misma propiedad ha sido vendida en al menos seis veces a víctimas diferentes.
Para evitar que se siguiera vendiendo el inmueble que está en litigio, Fiscalía a petición del verdadero propietario, solicitó al Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador que ordene al CNR congelar el registro del edificio.
Notario que registró propiedad no tenía protocolo autorizado
La compraventa del inmueble usurpado en la colonia Guatemala fue inscrito en el Centro Nacional de Registros (CNR) por el notario Juan Francisco Hernández Molina el 8 de diciembre de 2017, pero a esa fecha, este profesional no tenía libro de protocolo autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Su último libro autorizado fue cerrado el 19 de septiembre de 2014.
Ante esa inconsistencia, la víctima acude a la Sección del Notariado de la Corte en busca del libro y el notario que asentó la compra venta que lo despojó del inmueble.
A tres meses de su gestión, la Corte Suprema de Justicia le brindó un informe a José, en el que le indica que esa compra venta fue registrada en el CNR por el notario Juan Francisco Hernández Molina en 2017 con un testimonio de la escritura original.
Consta en el libro de protocolo que el notario Hernández Molina da fe de haber visto la escritura original del inmueble situado sobre la Calle 5 de Noviembre al norte de la capital en el que está inscrito el instrumento o escritura número 92, en el libro Sexto del protocolo del notario José Gerardo Vásquez Medrano con fecha 8 de marzo de 2014, y donde confirma que la víctima traspasó ese inmueble a nombre de José Reynaldo Quintanar Rivera.
Hay otra escritura de rectificación de compra venta, otorgada el 8 de diciembre de 2017, según instrumento o escritura 54 del protocolo 36 del notario Juan Francisco Hernández Molina.
Cuando se consulta ese libro, dicha escritura no aparece, sino otro documento que no tiene nada que ver con esa propiedad que cita, afirma la víctima.
“El abogado que da fe que vio esa compraventa y no lo es, está cometiendo el delito falsedad ideológica, al dar fe pública de algo que no existe”, detalla José.
Tras la investigación en la Sección del Notariado de la Corte, el abogado, al que hace mención Hernández Molina, no tenía libro de protocolo autorizado vigente por la Corte Suprema de Justicia, tenía de dos a tres años de haber dejado de escriturar.
De ahí que José concluye que quien da fe de los dos documentos, miente porque dice que ha visto los originales que no existen, porque en un caso no existía la escritura en el libro de protocolo y en el otro, ni siquiera el libro autorizado tenía a esa fecha el notario, afirmó José.
Sobre el tema, dice la Corte que el último libro para escriturar fue autorizado el 9 de octubre 2013 y fue cerrado el 25 de junio del 2014, de modo que en enero de 2018, Vásquez Medrano no tenía libro de protocolo autorizado por la Corte para escriturar. Tampoco el notario Juan Francisco Hernández Molina pues el último libro de protocolo autorizado fue el 47 el 19 de septiembre de 2013 y y lo cerró el 19 de septiembre de 2014.