El gobierno de Nayib Bukele recibió el problema de la inseguridad pública con nueve homicidios por día como promedio. Esa cifra se ha reducido hasta alcanzar una cifra de 5 asesinatos por día en los primeros cien días de su mandato, según los datos de la Policía Nacional Civil.
Esa reducción que se vivió en los tres primeros meses de este gobierno se rompió en los primeros cuatro días de septiembre con un repunte de los homicidios que dejó 33 víctimas.
Sin embargo, esa baja de asesinatos que se tuvo en el primer trimestre contrasta con las cifras de personas desaparecidas. El problema de los desaparecidos es una deuda que el actual gobierno todavía sigue sin solventar. Cuando Bukele asumió como presidente de la República, se registraban como desaparecidas nueve personas por día en promedio, superior a los registros de homicidios.
El último promedio que el Fiscal General, Raúl Melara, reveló a finales de agosto fue de siete denuncias de desaparecidos por día.
Al gabinete de Seguridad de Bukele no le fue del todo bien en los inicios de su administración. Tuvieron que enfrentar una turbulenta segunda semana de gestión con el recrudecimiento de los ataques a policías y soldados. Entre el 8 y el 15 de junio, la Policía vivió una de sus experiencias más dolorosas con los asesinatos de cuatro agentes, tres lesionados y dos atentados contra puestos policiales cometidos por las pandillas.
Acciones de seguridad
PLAN CONTROL TERRITORIAL EN 22 MUNICIPIOS DEL PAÍS
Este plan comenzó a ser impulsado por el gobierno de Nayib Bukele a partir del 20 de junio pasado. En una primera etapa se intervino en las zonas comerciales de 12 municipios y luego se extendió a otras 10 ciudades. La intención de las autoridades es recuperar los territorios donde las pandillas tienen influencia.
PLAN CASA SEGURA
Las autoridades policiales retomaron el plan de Casa Segura que comprende la verificación casa por casa de que sus ocupantes residan de manera legal, ya sea porque son los propietarios o porque alquilan. Con este plan se busca descubrir a pandilleros o colaborares que han usurpado las casas.
ESTADO DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE CARÁCTER INDEFINIDO
Ante el desbordamiento de la violencia causada por las pandillas, Bukele declaró el Estado de Emergencias en los 28 centros penales con el propósito de frenar las órdenes criminales que enviaban los cabecillas de esos grupos encarcelados a los que están libres para incrementar los hechos de violencia.
REQUISAS Y ELIMINACIÓN DE PENALES EXCLUSIVOS DE MARAS
Las requisas en los centros penales con pandillas fueron retomadas por este gobierno con el propósito de evitar que los reclusos tuvieran acceso a celulares y otros objetos prohibidos. Se decomisaron celulares, tablets, cargadores, manuscritos en plástico con órdenes criminales.
A los cuatro agentes asesinados al inicio de la gestión de Bukele, se le sumaron las muertes violentas de otros dos policías ocurridos en julio y agosto pasado, con lo que suman seis agentes de la Policía que han perdido la vida a raíz de la violencia criminal en la gestión de Bukele.
Pero no solo los policías han sido blanco de las pandillas, sino que también lo fue un soldado y un custodio penitenciario, a quienes acribillaron a balazos. La directora del Centro Penal de Izalco, Sonsonate, también sufrió un atentado del que por fortuna sobrevivió.
Ante la ola de violencia de las pandillas, el presidente Bukele hizo público 20 días después de asumir la Presidencia, su plan de seguridad llamado Control Territorial en 12 municipios con altos índices de criminalidad. El plan que requerirá de una inversión de $575.2 millones para ejecutarlo, se encuentra en la segunda fase de las cinco que contempla el programa.
Estado de emergencia
Bukele ha recurrido a su cuenta de Twitter para presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa para que le aprueben los fondos necesarios para financiar el referido plan.
Esta segunda fase se extendió a otros diez municipios para sumar 22 ciudades las que son intervenidas con ese plan. Las autoridades de Seguridad Pública le atribuyen la disminución de los homicidios al referido plan y a las medidas implementadas en el sistema penitenciario.
Como complemento al plan, se declaró estado de emergencia en los 28 centros penitenciarios para tratar de frenar las órdenes criminales que enviaban los cabecillas de las pandillas a sus subalternos en el exterior.
Les advirtió a las pandillas que no levantaría la emergencia en los penales hasta que bajaran los asesinatos. Después de 74 días, ya con un promedio de cuatro homicidios por día en agosto, ordenó que se suspendiera la medida en los penales.
En un principio, la medida tuvo la aprobación de la mayoría de los jueces de Vigilancia Penitenciaria, pero después de un mes, la disposición fue revocada al menos por dos juezas. Una de ellas, la Segundo de Vigilancia Penitenciaria, ordenó que se levantara la emergencia en la Cárcel de Mujeres; mientras que el Cuarto de Vigilancia Penitenciaria en el penal La Esperanza, en San Luis Mariona.
Algunos jueces cuestionaron la medida por considerarla que afectaba sus labores, por ejemplo, solo en dos semanas suspendieron unas 300 diligencias judiciales.