El sábado 13 de junio, una pieza periodística publicada por Revista Factum contradijo la narrativa del gobierno de Nayib Bukele.
Ante el hallazgo, en casa de un expolicía, de una fosa llena de cadáveres y el impacto que esto tuvo en la triunfal versión de los avances en la lucha contra la violencia, el oficialismo afirmó, sin aportar pruebas, que se trataba de desapariciones y homicidios cometidos años atrás, mucho antes de asumir el poder.
El sábado, sin embargo, Revista Factum publicó una nota en la que da cuenta de cómo al menos 13 de esos cadáveres fueron lanzados ahí por el expolicía en cuestión y algunos de sus cómplices entre 2020 y 2021. Es decir, durante la administración Bukele, la misma que repite constantemente que hay una reducción de homicidios, que ha restado importancia al fenómeno de desapariciones en el país y donde el mismo presidente ha dicho que el país es más seguro para las mujeres, la mayoría de las víctimas en la fosa.
Dos días después de dicha publicación, la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Primero de Paz de Santa Ana que se ordenara el retiro del artículo por ofrecer detalles que, según afirman, violan la reserva del caso y lesionan la dignidad de las víctimas.
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El Juzgado, por su parte, ordenó el retiro de la nota y que Revista Factum se abstenga de publicar en sus plataformas información sobre el proceso judicial en curso.
“Acto de censura”
A juicio de Roberto Burgos Viale, abogado y defensor de derechos humanos, “se trata de un acto de censura contra la libre expresión y la libertad de prensa, a la que se le intentó dar una apariencia de legalidad”.
Esto, pues el Juzgado se basó en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y en la defensa de las víctimas para pedir que se bajara la publicación.
Sin embargo, según Burgos Viale “en este reportaje no se menciona el nombre de ninguna víctima, ni elementos o características que permitan identificarlas” o victimizarlas.
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Por el contrario, el defensor de derechos humanos afirma que “la publicación ha permitido que, desde una perspectiva crítica, pueda dimensionarse el creciente nivel de vulnerabilidad de las niñas y mujeres en el país, la impunidad con la que actúan los agresores y las fallas en los procesos de selección de personal policial”.
Asimismo, añade que los únicos que han revelado nombres han sido el presidente de la República y sus funcionarios del gabinete de seguridad. “El Director de la PNC incluso ha mentido al afirmar que se trata de casos ocurridos hace más de una década”, criticó.
Además, ve una inconsistencia entre lo alegado por la Fiscalía, la defensa de las víctimas, y las acciones alrededor del caso.
“Pareciera que no están demasiado comprometidas en lograrlo (la defensa de las víctimas del expolicía y sus socios), cuando una de las primeras medidas tomadas al inicio de las exhumaciones ha sido iniciar en la FGR un proceso disciplinario contra el único criminalista con que cuenta en su nómina, de manera que eventualmente puede privarse al caso de su principal perito”, sostuvo el jurista.
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A juicio de César Fagoaga, gerente general de Revista Factum, la resolución es un acto de censura y afrenta a la libertad de expresión que más tiene que ver con intentar silenciar un reportaje que debilitaba la triunfal narrativa del oficialismo.
“El meollo del asunto, nos parece, es una de las revelaciones de la investigación ahora censurada: nuestro reportaje desmontaba la narrativa oficial de que los asesinatos de Chalchuapa ocurrieron hace décadas. Era una mentira. Al menos 13 de esos asesinatos fueron cometidos entre 2020 y 2021”, explicó Fagoaga a El Diario de Hoy.
Además, lamentó que “para un gobierno que prioriza su imagen por sobre las víctimas esto (el reportaje) era imperdonable. Y el fiscal de facto Rodolfo Delgado se prestó a ese juego, como era de esperarse”.
El gerente de Revista Factum afirmó que han solicitado una aclaración de la resolución judicial, “pues la jueza especializada hizo una censura genérica, total, sin explicar qué extractos de nuestra investigación son los que, a su criterio, violan la LEIV”.
Y explicó que, en vista de las nulas garantías para el medio, optaron por bajar la nota de sus diferentes plataformas mientras inician un proceso legal dentro y fuera del país.
“La censura, en cualquier caso, no silenció nada: el reportaje ha sido reproducido por medios de Canadá, México, Guatemala y Nicaragua”, dijo Fagoaga.
Se repite la práctica
A inicios de mayo, la jueza que ventila un proceso por violencia intrafamiliar contra el fiscal general de facto, Rodolfo Delgado, ordenó a la revista digital Gato Encerrado despublicar la noticia sobre ese proceso.
Ezequiel Barrera, jefe de redacción de Gato Encerrado, dijo ayer a este medio que ve similitudes en la censura a ambos medios: la solicitud hecha por la Fiscalía, con argumentos basados en la LEIV, cuando “en ambos casos no se ha vulnerado derechos de las víctimas y tampoco ha ocurrido revictimización”, dice.
Barrera identifica un patrón: “la Fiscalía en obediencia a la presidencia de la República busca mecanismos ‘legales’ para censurar lo que contradice la narrativa oficial”.
Según, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la resolución del juzgado que ordenó a Revista Factum retirar su nota “es un claro acto de censura contra la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad”.
Además, afirma que en ambos casos (el de Factum y el de Gato Encerrado), se utiliza “argumentos ambiguos en los que supuestamente defienden a las víctimas, cuando en realidad están protegiendo a los victimarios”.
“Como Asociación, este tipo de actos confirman la falta de independencia de los poderes del Estado”, añadió Cárcamo, quien constantemente ha denunciado intentos del gobierno de Nayib Bukele de bloquear información a medios independientes, censurar voces disidentes y narrativas que contradigan sus supuestos triunfos y golpear el ejercicio periodístico.
Pese a estos ataques, el gerente de Revista Factum y el jefe de redacción de Gato Encerrado afirman que seguirán su labor. “No van a detenernos o hacernos claudicar. Vamos a responder con más periodismo”, aseguró Barrera.