Este martes, el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, situó a El Salvador como uno de los casos preocupantes de deterioro de la libertad de expresión y prensa.
Además, manifestó que la situación de El Salvador puede verse como una antesala a casos más graves de golpes a los medios de comunicación, como el caso de Venezuela, donde ha habido cierre de medios y recientemente hubo una condena millonaria al periódico El Nacional tras un fallo judicial espurio.
“Estábamos conversando sobre el caso de El Nacional y si uno tuviera que hacer un ejercicio de anticipación, yo creo que deberíamos poner los ojos en El Salvador”, dijo Vaca en un panel durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El caso salvadoreño, añadió el relator, está caracterizado por un incremento en los reportes de agresiones a periodistas por parte del gobierno, así como una “aceleración de un ambiente adverso para la libertad de prensa”.
Diagnóstico similar a RSF
El diagnóstico del funcionario de la CIDH coincide con el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que observa el El Salvador uno de los mayores deterioros de libertad de prensa en todo el hemisferio. En su ranking, El Salvador ha caído 8 lugares con respecto a 2020 y se sitúa en el puesto 82, rodeado de otros países con la etiqueta de “problemas significativos” para la labor periodística.
En esta medición, la organización internacional que defiende la libertad de prensa destaca la opacidad del gobierno salvadoreño en cuanto al manejo de fondos de emergencia durante la pandemia del COVID-19.
Además, condena la retórica del gobierno en contra de los medios de comunicación y considera que hay una agresividad en la “retórica antimediática” que contribuye a un entorno “cada vez más dañino y tóxico” para los periodistas de la región.
En esto, compara a El Salvador con otros países que destacan por sus pobres condiciones para ejercer el periodismo, como Brasil, donde ha habido una embestida antiprensa del populista de derechas, Jair Bolsonaro. También citan el caso de Nicaragua y el de Venezuela, donde “la prensa independiente agoniza” y “a los periodistas se les califica como enemigos del pueblo”.
VER: El Salvador, entre países con “alta restricción” a la libertad de prensa
En El Salvador es constante que funcionarios de gobierno, o incluso el presidente de la República, se dediquen a ridiculizar, hostigar o descalificar a periodistas. Esto a su vez se traduce en comentarios cada vez más agresivos por parte de mandos medios o de fanáticos del oficialismo.
Para Pedro Vaca, de la CIDH, es importante trazar una diferencia entre el derecho que tiene un gobernante a defenderse de las críticas públicas y la afectación a las condiciones para que otros ejerzan la libertad de expresión.
En el primer caso, destaca que los gobernantes contestan a las controversias con más información y transparencia. Sin embargo, considera que el riesgo es cuando activamente erosionan la confianza en los medios y el periodismo.
“Y ahí empezamos a ver (discursos) de que los periodistas en realidad no están haciendo periodismo, sino que tienen un interés oculto. Es una siembra oficial de rumores que tiende a desacreditar al periodismo”, lamentó Vaca, quien considera que hay un riesgo de terminar mostrando a los medios independientes “como enemigos de lo bueno y perpetradores de lo malo”.
Quien está en el poder no debe ser el árbitro
Ante estos ataques a la prensa y las descalificaciones que sufren los periodistas por parte de gobiernos como el de El Salvador, el relator Vaca afirmó que “el lugar más inconveniente para medir la calidad de periodismo es el poder”.
A su juicio, son las audiencias y no los gobernantes los que deben hacer las valoraciones de cuándo el periodismo se ajusta a lo que éticamente debe hacer. El riesgo de dejarlo en manos del poder, añade, es que se entra a un dilema presente actualmente en El Salvador: el de una narrativa a una sola voz oficial versus un coro diverso de voces.
El primer caso, de amplificar la voz oficial, es otra de las preocupaciones del relator en el caso salvadoreño, donde se ha lanzado una serie de medios de propaganda financiados con fondos públicos. “Notamos un incremento de la inversión pública en parlantes oficiales que de cierta manera entran a inyectar una única mirada de lo que ocurre”.
En este respecto, añade que esas narrativas oficiales son generalmente beneficiosas para aquellos en el poder, no así para una sociedad que pierde contrastes e información crítica y contrastada. “Casi todas las personas de relevancia pública prefieren narrarse a sí mismas y evaden ser escrutados por otros”, lamentó.