Después de dos meses de “agonía” y de recibir críticas del presidente Nayib Bukele de únicamente estar “sentados para ver el vaso con agua”, los empleados de las secretarías que el mandatario eliminó desde que hizo su primer consejo de ministros el 2 de junio pasado han sido llamados para que firmen un “finiquito” como requisito para que puedan recibir su indemnización y su carta de “supresión de la plaza”.
Eso es lo que han informado a El Diario de Hoy varios trabajadores de las secretarías anuladas como la de Transparencia, de Inclusión Social, de Gobernabilidad y Jurídica y de Legislación, que aunque no fue eliminada se transformó en “secretaría Jurídica”. Algunos de los empleados despedidos, que accedieron a dar su opinión bajo condición de anonimato por temor a represalias, dieron más detalles del procedimiento a este medio.
Los afectados no han querido dar sus nombres, pero este periódico constató el lunes pasado que varios empleados de las secretarías de Gobernabilidad, de Transparencia y de Inclusión Social fueron a audiencias individuales en las oficinas de la extinta Secretaría de Inclusión Social.
Ese día, 29 de julio, los representantes de los despedidos estaban por dar una conferencia de prensa para anunciar recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia respaldados por la Procuraduría General de la República, pero a raíz de las convocatorias que les hizo el Ejecutivo decidieron suspenderla.
Uno de los representantes de los trabajadores del Ejecutivo anterior explicó que los estaban obligando a firmar un “preacuerdo” para pagarles la indemnización completa y en un solo pago por medio de cheque.
El Diario de Hoy tuvo acceso a una copia del “preacuerdo” o “finiquito” que recibieron 300 de los 680 empleados que fueron cesados tras la derogación de cinco secretarías del Estado que habían sido creadas por los dos últimos gobiernos del FMLN, el primero de 2009 a 2014 y el último, desde junio de 2014 hasta el presente año.
Del “finiquito” obligatorio
En ese documento, que es un formato idéntico para todos los cesados con la variante de la fecha en que ingresaron a trabajar para la secretaría que fue anulada, se estipula que “a partir del 2 de junio he sido notificado del Decreto de Consejo de Ministros No. 1 de fecha dos de junio de 2019, mediante el cual se modificó la estructura de la Presidencia de la República y se organizó el Órgano Ejecutivo atendiendo las potestades constitucionales que se poseen sobre la organización interna del mismo”.
En el segundo considerando reza que “como consecuencia de lo anterior, la secretaría… en la que he laborado hasta el día dos de junio de dos mil diecinueve ha dejado de formar parte de la estructura orgánica de la Presidencia de la República dejando de subsistir mi puesto de trabajo, sin posibilidad de ser reubicado o trasladado. Y, que de conformidad al Acuerdo No. 247 de la Presidencia de la República y al Artículo 30 de la Ley del Servicio Civil, me he hecho acreedor del derecho a recibir una indemnización hasta la cantidad de (…) dólares”.
Los que se han atrevido a hablar de esta situación no saben exactamente cuántas personas aceptaron firmar el documento. Una empleada de la secretaría Jurídica que omitió dar su nombre indicó que en tal dependencia, que es presidida por Conan Castro, existen 300 acuerdos individuales con las características descritas.
La empleada informó que en la secretaría Jurídica laboraban 25 personas, pero el jueves pasado fueron llamados nueve trabajadores de esa unidad a firmar el “finiquito”.
“Nos hicieron firmar un documento, ellos lo llaman un finiquito, nos hicieron firmar un documento, nos daban de un solo la carta de supresión, sin nada, sin la indemnización o nos daban la carta de cesación, una constancia de que habíamos trabajado allí, nos daban un cheque con la indemnización que legalmente nos corresponde por supresión, pero estábamos obligados a firmar un finiquito”, expresó la empleada afectada.
Trajo a cuenta que desde el dos de junio ha sido una “agonía” llegar a la Presidencia de la República y no poder hacer nada, solo esperar “a ver el vaso con agua” como les cuestionó Bukele, hasta que terminaba el horario de la jornada laboral para la que habían sido contratados.
“La situación en la que estábamos era de agonía, no podíamos hacer nada, no nos daban trabajo, llegábamos literalmente a sentarnos y esperar a que pasara el día para poder irnos, no nos hablaban ni nada, la situación era bien hostil”, reconoció la trabajadora de la secretaría Jurídica, pero afirmó que les pagaron junio y julio. Al firmar el documento les quitaron sus carné y ya no podrán ingresar a las oficinas al retornar de las vacaciones agostinas.
Asamblea debía avalar supresión
En la situación que atraviesan los empleados de la Presidencia hay más preguntas que respuestas. La petición que llegó desde el Ejecutivo para reformar la Ley de Salarios y eliminar las 680 plazas que quedaron en el aire tras la derogación de las cinco secretarías del Estado citadas anteriormente no ha sido aprobada aún por la Asamblea.
Pero el Ejecutivo tiene fondos para indemnizar con el cien por ciento y de una vez a la mitad de los empleados de los 680 puestos que ya no existen según el primer decreto ejecutivo emitido por Bukele.
La trabajadora dice que si el argumento era reducir el número de empleados este se queda a un lado, ya que al tiempo que los despiden han contratado a “infinidad” de personas por contrato.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, pidió hace poco a los diputados aprobar la reforma a la Ley de Salarios para pagar la indemnización a los cesados de la Presidencia.
El Diario de Hoy intentó reiteradamente conocer la posición del Ejecutivo al respecto, pero al cierre de esta nota no ha habido respuesta.