“Estudios estadísticos muestran que el plan Control Territorial no es la única causa de la caída de los homicidios. Las caídas locales de las tasas de homicidios no corresponden precisamente a aquellas áreas donde se ha implementado el plan”. Esas son conclusiones que contempla el informe de International Crisis Group, con respecto al primer año de gobierno de Nayib Bukele en el área de Seguridad Pública.
“Las estadísticas estudiadas por Crisis Group para este informe, demuestran que la correlación entre el plan y la reducción de los homicidios no es sencilla”, señala el informe. “La caída de los homicidios es observable en muchos municipios que no formaban parte del plan Control Territorial, y la tasa de homicidios, incluso, ha aumentado ligeramente en algunos municipios priorizados por el plan”, dice el documento difundido en la última semana.
Más de 2,500 personas desaparecidas en primer año de Bukele
Se agrega que “si la caída de los homicidios fuera el resultado del plan Control Territorial, sería natural suponer que estos 22 municipios priorizados mostrarían mejores resultados en los indicadores de seguridad que los no incluidos en el plan”.
International Crisis Group es un organismo no gubernamental que tiene su sede en Bruselas, Bélgica, y trabaja en la defensa de los derechos humanos y en la resolución de conflictos en cooperación con otras entidades mundiales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su primer año de gestión presidencial, Bukele dice haber reducido los homicidios por el orden del 60 por ciento con respecto a años y administraciones anteriores. Asegura que eso lo logró gracias a su plan Control Territorial que arrancó 20 días después de haber asumido la Presidencia de la República.
Sin embargo, el problema de las personas desaparecidas ha sido la piedra en sus zapatos, porque en sus primeros 12 meses al frente del Ejecutivo, se registraron más de 3,500 casos de desaparecidos, según las denuncias recibidas por la Fiscalía General. Una cifra muy superior a la cantidad de homicidios en el mismo período que sobrepasaron los 1,500.
Si bien es cierto que el referido organismo internacional reconoce que el plan “estrella” de Bukele ha ayudado a la caída de la violencia criminal, también es probable que haya otros factores que estén influyendo en esa reducción.
Llamó al gobierno a “explorar reformas policiales y socio económicas que apaciguen las calles del país”, no solo de manera frágil, sino que sean sostenibles en el tiempo para alcanzar una paz duradera.
Influencia de las pandillas
Señala el referido organismo en su informe que las razones exactas del desplome de las tasas de homicidios en El Salvador son difíciles de precisar. Sin embargo, sugiere que las pandillas han tenido alguna influencia en la reducción de las muertes violentas, porque parece ser, que han decidido reducir el uso de la violencia letal por distintas razones.
El documento plantea que “si el plan (PCT) ha jugado un papel, otros elementos han contribuido, entre éstos un entendimiento informal entre funcionarios del gobierno y las pandillas para reducir la violencia”.
Para reforzar el planteamiento anterior y basado en los análisis de representantes de la sociedad civil y expertos en seguridad, Crisis Group considera que ese supuesto entendimiento informal estaría sustentado en un acuerdo de no agresión con las fuerzas de seguridad.
Para ello, el informe destaca lo dicho por un “portavoz” de la pandilla M-18, específicamente de los que se autodenominan “sureños”.
Este pandillero, de quien no revelan su identidad ni su apodo, aseguró en una entrevista que había un “acuerdo entre las pandillas para reducir la violencia”.
Sin embargo, cuando le preguntaron quién más participaba de ese pacto, este evadió la pregunta, señala el informe.
El antecedente
El gobierno de Bukele ha negado en reiteradas ocasiones, tanto en privado como en público, cualquier negociación con las pandillas.
El antecedente que hay de negociaciones entre gobierno y pandillas se dio en 2012 cuando el presidente Mauricio Funes -prófugo- avaló una “tregua entre pandillas” que al final terminó fortaleciendo a esos grupos criminales.
Investigación fiscal involucra a dos funcionarios de Bukele con maras
Entonces hubo reducción de homicidios e incremento de personas desaparecidas -como ahora las estadísticas lo registran-, a cambio varios jefes pandilleros recibieron diversos beneficios en las cárceles.
El referido organismo señala que “no ha salido a la luz, ninguna evidencia que demuestre que -el gobierno actual- ha entablado conversaciones directas con pandillas”.
Sin embargo, dos de los más cercanos colaboradores de Bukele en el gobierno, el ministro de Gobernación, Mario Durán; y el director del Tejido Social, Carlos Marroquín, se reunieron con cabecillas de la mara Salvatrucha (MS) de la comunidad Las Palmas en San Salvador, según se consigna entre las páginas 504 y 507 de la acusación fiscal en el caso de la operación Jaque. Esta investigación fiscal y policial permitió despojar por primera vez a la MS, de numerosos inmuebles, bienes, negocios, y dinero en efectivo con un monto de decenas de millones de dólares, producto de sus actividades criminales.
La caída de la violencia podría también estar “estrechamente relacionada con una disminución en los ataques de las fuerzas de seguridad contra las pandillas que representaban una parte cada vez mayor del total de homicidios”, según Crisis Group.
Detalla el documento que las autoridades policiales reportaron 294 “agresiones ilícitas” de las pandillas contra fuerzas del orden en 2019. Estas dejaron 193 pandilleros muertos. El año anterior, 2018, las “agresiones ilícitas” de los grupos pandilleriles a policías y soldados alcanzaron las 341, con un saldo desfavorable para las pandillas de 208 mareros muertos, según cifras oficiales de la Policía.
“Esa reducción de agresiones ilícitas puede insinuar la existencia de un pacto de no agresión no declarado que potencialmente representa un movimiento para frenar la inseguridad en el país”, señala el informe.
Para reforzar lo anterior, Crisis Group recogió el testimonio de un comisionado de la Policía que aseguró que antes de que Bukele ordenara el uso de la fuerza letal de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, en abril pasado, “una orden de disparar con menos frecuencia contra miembros de las pandillas había circulado entre las autoridades”.
Señala el informe que “cualquiera que fuera el origen de la aparente decisión de las pandillas de reducir la violencia, la emergencia por el COVID-19, ha expuesto su fragilidad, así como, el riesgo de que resurja la violencia impulsada por las pandillas”.
En ese sentido trae a cuenta la escalada de violencia causada por las pandillas durante cinco días de abril pasado que dejó más de 80 personas asesinadas.
El gobierno trató de justificar el repunte de homicidios con el pretexto de que la fuerza policial y militar estaba empeñada en atender la emergencia por la pandemia del COVID 19.
Para otros actores de la sociedad civil salvadoreña, ese incremento de la violencia criminal es una muestra de que las pandillas pueden decidir cuándo y porque aumentan las tasas de homicidios, según el informe.
“La experiencia pasada muestra que las políticas gubernamentales reducen las tasas de asesinatos, solo cuando pueden cambiar los cálculos de las pandillas”, destaca el estudio.
Señala además que “los eventos subrayarán que la capacidad de las pandillas permanece intacta y mostrarán cuán fácilmente se pueden revertir los logros de seguridad, si un actor decide cambiar el rumbo”.
El estudio destaca que la tendencia a la baja de los homicidios ya venía desde antes de que Bukele asumiera como presidente, pero que su gobierno ha logrado mantener esa reducción. A parte que en el primer año de Bukele, los salvadoreñso pasaron por lo menos 90 días encerrados -de marzo a junio-, guardando cuarentena debido al COVID-19.
“El gobierno de Salvador Sánchez Cerén redujo la tasa de homicidios a 51 por cada 100,000 habitantes en 2018, después de haber alcanzado un pico de 103 por cada 100,000 habitantes en 2015”, señala el documento.
A pesar de la caída de los homicidios, la presencia y el control territorial de las pandillas no ha cambiado en lo absoluto en las comunidades y colonias donde tienen incidencia.
El informe basa lo anterior en testimonios de residentes en zonas con alta presencia de pandillas en San Salvador. Estas personas relataron que reconocidos cabecillas e integrantes de pandillas de esos lugares, continuaron siendo vistos en las calles, antes y durante la cuarentena por el COVID-19.
“Muchos de ellos con motocicletas, teléfonos, y dispositivos electrónicos nuevos”, señalaron los residentes a los investigadores del organismo.
Agregado a lo anterior, en el informe se señala que “las actividades emprendidas por las pandillas durante la pandemia como reducir los pagos de extorsión, repartir bolsas de provisiones o imponer el toque de queda; también apunta a la capacidad ininterrumpida de las pandillas para controlar la vida cotidiana en sus comunidades”.
450,000 salvadoreños fueron obligados a dejar sus hogares por la violencia y pandillas en 2019
“Las pandillas parecen haber decidido disminuir el uso de la violencia letal. El control indiscutible de las pandillas sobre las comunidades, la disminución de la rivalidad entre las pandillas y el liderazgo cada vez más autónomo de los mareros que están fuera de las cárceles pueden explicar esta decisión (de las pandillas) más que el plan Control Territorial”, advierte Crisis Group.
Agrega que la “ola de asesinatos de finales de abril pasado y en medio de la pandemia del COVID 19, demostró que las pandillas aún pueden intensificar la violencia en todo El Salvador, a través de una decisión aparentemente repentina”.
Bukele ha señalado que el plan Control Territorial tendrá una inversión de $575 millones entre 2019 y 2021.
Pero en el informe se cuestiona que ni diplomáticos ni representantes de la sociedad civil han visto un documento que enumere todas las facetas del plan, lo que les generó dudas de que si existe dicho plan.
Las autoridades policiales estiman que no menos de 60,000 pandilleros se encuentran activos, los que operan en el 94 por ciento de los municipios del país.
Cada uno de ellos cuenta con una red de no menos seis personas que respaldan sus acciones delictivas, ya sean familiares o colaboradores.
Este informe de Crisis Group que examina las políticas gubernamentales para la prevención y el combate de la violencia criminal generada por las pandillas está basado en análisis estadísticos de las cifras oficiales de los homicidios, hechos por expertos del referido organismo internacional.
Además, se hicieron más de 50 entrevistas en El Salvador y en el extranjero entre marzo de 2019 y junio de 2020. Se entrevistaron a políticos de alto nivel, funcionarios de gobierno, expertos en seguridad, ex pandilleros, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios, diplomáticos y académicos; entre otros.