En el primer año de gestión presidencial de Nayib Bukele hubo más personas desaparecidas que personas asesinadas. En el 2019 se reportaron 3,202 personas desaparecidas, que se traduce en promedio de nueve por día. De ese total, no menos de 1,378 extraviados fueron hallados, ya sea con vida o sin vida, según cifras de la Fiscalía General.
De los 3,202 desaparecidos, 1,805 correspondieron a los siete primeros meses del gobierno de Nayib Bukele; hasta el 31 de diciembre de 2019. Y entre el uno de enero hasta 14 de mayo de este año fueron reportados 733 desaparecidos, de los cuales 401 fueron hallados, ya sea con vida o sin vida. Todavía hay 332 que aún no han sido encontrados, de acuerdo al informe de la Fiscalía.
En el primer año de gestión presidencial de Nayib Bukele, el problema de las personas desaparecidas, la mayoría como producto de la violencia, es una de las tareas que según analistas aún no ha sido resuelta.
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En contraste con esa problemática de inseguridad, los homicidios han tenido una considerable disminución en este primer año de gobierno en el que 1,544 personas fueron asesinadas. Aunque solo en diez meses de la gestión de Bukele se registraron las desapariciones de 2,538 personas, la mayoría en circunstancias violentas, según datos de la Fiscalía General.
“El Salvador tiene una deuda pendiente que crece cada día con las familias de las personas desaparecidas: es hora de saldarla”, escribió Olivier Martin, jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en El Salvador, en un artículo de opinión publicado el 22 de abril pasado.
En ese artículo, Martín señalaba que “la desaparición de personas ha sido y es uno de los grandes retos humanitarios que enfrenta El Salvador”. Reconoce que aunque hay avances positivos para enfrentar el problema de la desaparición, todavía queda mucho por hacer, pero lo que considera delicado es que “los familiares no son reconocidos legalmente como víctimas y no reciben ayuda económica del Estado, a pesar de sus necesidades”.
Señala que la persona que desaparece no es la única víctima del fenómeno sino que “la incertidumbre sobre su paradero se extiende y afecta a miles de familias enteras, que ven rotos sus vínculos y viven en una angustia cotidiana por no saber si su ser querido sigue vivo, si está sufriendo, dónde está, qué le pasó”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) expresa en su informe del primer año de gobierno de Bukele, su preocupación porque ese problema sigue latente.
“A pesar de que los homicidios han disminuido, la cifra de personas desaparecidas ha superado por segundo año consecutivo la cantidad de homicidios cometidos en el país. Esa misma tendencia se mantiene lamentablemente para lo que va del 2020”, señala el referido tanque de pensamiento.
Cuando Bukele asumió la Presidencia, la violencia criminal acababa con la vida de 9 personas por día en promedio. Esa cifra se redujo a seis por día en sus primeros dos meses de gestión.
“Lo que llama la atención es la inmediatez con la que se dió este descenso en los homicidios, pues a tan sólo cuatro días del traspaso de mando presidencial, el número de homicidios diarios se redujo a 6, cuando en el mes anterior era de 9, mientras que la disminución entre junio de 2019 y el mes siguiente es de 33 por ciento”, señala Fusades en su informe.
Se ha escuchado de algunos analistas señalar la posibilidad de que el gobierno de Bukele haya llegado algún tipo de acuerdo con las pandillas para reducir los homicidios.
“Cualquiera que sea la explicación detrás de la baja de homicidios, no es menos cierto que las pandillas han descubierto que pueden hacer de la violencia una pieza de intercambio para su conveniencia política”, destaca Fusades.
El gobierno atribuía esa reducción de muertes violentas a la puesta en marcha de su plan Control Territorial, 20 días después de que asumiera el control del Ejecutivo. Pero antes de que se implementara el referido plan, el gobierno de Bukele tuvo que enfrentar los asesinatos de cuatro policías y un militar a manos de las pandillas en solo cuatro días de junio.
Datos e informes incompletos
Lo que cabe mencionar es que desde julio pasado, la Policía no incluye en sus estadísticas las osamentas humanas encontradas ni tampoco a los mareros que mueren en tiroteos con policías y soldados, según oficiales policiales.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, aseguró recientemente que desde que se comenzó el plan Control Territorial, se registran 20 días sin ningún homicidio. Pero así como han habido días en los que no registran asesinatos, también hubo jornadas con repuntes de homicidios.
Los registros detallan que el 3 de agosto pasado, se produjo una escalada de la violencia provocada por las pandillas, según la Policía, en la que ocho personas murieron.
Un mes después, 5 de septiembre, el país volvió a tener otro repunte de asesinatos con 13 víctimas. Transcurrieron 20 días para que las pandillas volvieran a desafiar el plan Control Territorial. En esa ocasión, 25 de septiembre, la violencia acabó con la vida de 23 personas.
Las autoridades policiales responsabilizaron a las pandillas de ser las causantes de esas muertes. Esa escalada de violencia terminó por alterar las cifras oficiales, pues pasaron de tener promedio de 4 homicidios a 13 por día. En enero de este año se repitieron los repuntes de homicidios. Para el 12 de enero se registraban 11 asesinatos y ocho días después otros 11 asesinatos.
Pero lo que desnudó la deficiencia del plan “estrella” del gobierno de Bukele fue la jornada violenta que se prolongó por cinco días en abril pasado, a razón de 19 homicidios por día y en plena cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia del COVID-19.
Ese incremento atribuido a las pandillas por las autoridades de Seguridad Pública provocó que se rompiera la tendencia a la baja que se traía desde la entrada de la cuarentena domiciliar en la que el promedio llegó hasta 2 homicidios por día.
Las cifras reveladas por la Fiscalía General eran irrefutables. El viernes 24 de abril registró 24 homicidios, es decir, uno por hora; al día siguiente se reportaron las muertes violentas de 12 personas. Para el 26 de abril, las autoridades registraron 22 asesinatos y al día siguiente, 27 de abril, cerró con 18 víctimas de la violencia.
Sofía Martínez, analista en seguridad para Centroamérica de la organización Internacional Crisis Group, le dijo en febrero pasado a BBC News Mundo que “las pandillas tienen la palanca para subir o bajar los homicidios. El día que quieran mandar el mensaje contrario a Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como hemos visto en el pasado”.
Para ella, “la bajada de homicidios en El Salvador es un poco como un espejismo”.
Las autoridades de Seguridad Pública dijeron que las maras aprovecharon el vacío dejado por las fuerzas de seguridad con el plan Control Territorial por estar inmersos en atender la emergencia nacional.
La explicación del incremento de homicidios en cualquier momento por parte de las pandillas que tiene el criminólogo, Carlos Ponce es que “los homicidios más bien se han convertido, desde que el gobierno de Funes negoció con las pandillas, en un indicador de que las pandillas quieren conseguir algo del gobierno, y su descenso, que ya lo consiguieron”.
Agregó que “vimos como paso algo así ahora en medio de la pandemia. Las pandillas incrementaron los homicidios a nivel nacional. No en una colonia o municipio, en varios lugares del país, mientras supuestamente el ejército y la policía contaba con despliegues aún más numerosos y con mayor cobertura que en tiempos normales”.
Un plan que nadie conoce
Para detener la escalada de la violencia generada por las pandillas, el gobierno de Bukele impuso el plan Control Territorial, 20 días después de haber asumido la Presidencia. Algunos analistas y entidades prestigiosas como Fusades dudan del contenido del plan.
“La propuesta emblemática que ha guiado el accionar del Gobierno es lo que se ha denominado el Plan de Control Territorial (PCT), del cual se han dado a conocer parcialmente tres de sus etapas, con motivo de las constantes solicitudes de reorientación de fondos y empréstitos internacionales que se han hecho a la Asamblea Legislativa”, señala Fusades.
Ponce afirma que “lo poco” que se conoce del plan es que este se basa en el despliegue de policías y militares uniformados “en los lugares que presentan la mayor concentración espacial de homicidios”.
Agrega que “la saturación de patrullajes en zonas geográficas específicas viene desde hace tiempo en la policía. La estrategia mano dura se basa exclusivamente en este tipo de abordaje”. Entonces, Ponce señala que “si está haciendo lo mismo que se ha venido haciendo desde hace mucho: ¿Cómo se explica la actual reducción?”.
Para la analista Martínez, el plan Control Territorial “más que un plan de seguridad, esto es un plan de comunicación para mostrar que el presidente tiene el control, algo que puede tener buen impacto para su imagen pero que a la larga será dañino para las instituciones del Estado y la población”.
Ponce le suma el ingrediente de que la influencia pandilleril en colonias y comunidades “durante esta pandemia vimos como las pandillas fueron aún más efectivas que las autoridades para declarar y hacer cumplir cuarentenas en sus barrios. Todo esto indica que las pandillas tienen un control territorial fuerte, contradiciendo la hipótesis de que la reducción en la cantidad de homicidios se debe a que el Plan Control Territorial las ha debilitado”.
Fusades le recuerda a Bukele que “no ha presentado la política pública y el plan general de seguridad, por lo que se desconocen las principales líneas de acción, los objetivos, los resultados esperados y los recursos necesarios para ejecutar estas acciones”.
Fusades expone que Bukele, recién electo, prometió que el primer día de gobierno enviaría el citado plan a la Asamblea… a la fecha nadie lo conoce.