450,000 salvadoreños fueron obligados a dejar sus hogares por la violencia y pandillas en 2019

El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA establece que la ineficacia, el retardo, los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de autoridades continúa siendo el mismo que se ha observado en los últimos años.

Foto EDH/ Lissette Lemus

Por Jaime López

Jul 01, 2020- 11:46

Perder el arraigo al sitio donde nacieron y crecieron de la noche a la mañana, eso ha sido lo que miles de salvadoreños experimentaron el año pasado, un año marcado por el desplazamiento forzado interno y hacia el exterior, y por desapariciones forzadas, algunos de los principales flagelos delictivos que abatieron al país, según el primer informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (OUDH).

En sintonía con lo que hace dos semanas detalló la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de que 54,300 salvadoreños solicitaron asilo en diferentes países del mundo, también hubo un éxodo masivo al interior de El Salvador.

Las cifras de un reciente informe muestra que hubo miles de grupos familiares huyendo de las amenazas de pandillas o de la violencia generada por narcotraficantes.

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Según el Observatorio Universitario, los casos se registraron en todo el país, con más concentración en la zona metropolitana y las pandillas están involucradas en esos casos. El informe hace mención a datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), adscrito al Consejo Noruego de Refugiados, que revela que durante 2018 la cifra de desplazados internos en el país fue de 246,000, mientras que en 2019 la cifra ascendió 450,000. Con esos dato, el flagelo se incrementó en 45 % con respecto al año 2018.

Pero las autoridades siguen “invisibilizando” este fenómeno que acaba con los arraigos de milles de salvadoreños. Por ejemplo, las cifras oficiales indican que desplazamiento forzado en 2019, fue de unas 2,136 personas que tuvieron que dejar sus hogares por amenazas, extorsiones y homicidios previo al éxodo.

El estudio del OUDH se fundamenta además en las estadísticas de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entre otros, fue denominado “Estado de derechos humanos en El Salvador” y fue presentado el martes por el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira y el  coordinador del OUDH, Jorge Rodríguez.

En el informe se  brinda  un análisis de las estadísticas sobre  homicidios, feminicidios desapariciones, desplazamiento forzado, enfrentamientos entre policías y pandillas, así como violaciones sexuales registrados en 2019.

Hace un par de semanas, la jefa de la oficina de ACNUR en el país, Elisa Carlaccini, confirmo que 54,300 salvadoreños “han pedido que su condición sea considerada como persona refugiada y que se le otorgue la protección internacional en otro país”.

En el 2018 se tuvo 46,400 solicitudes de asilo de salvadoreños en el extranjero, lo cual muestra un incremento importante de esas solicitudes, hasta por el orden del 16 por ciento.
Menos homicidios, pero igual, inseguro

En estudio presentado por el OUDH destaca que la tasa nacional de muertes violentas bajó de 51 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2018, a 36 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2019, y que las muertes violentas de mujeres y los feminicidios bajaron de 386 casos en 2018 a 230 en 2019.

Miles de salvadoreños se fueron en los últimos años en caravanas hacia Estados Unidos, y muchos fracasaron en la frontera o quedaron varados en México donde tramitaron refugio. Y otros miles emigraron hacia diversos países. Foto EDH / archivo

A diferencia de las reducciones de homicidios y feminicidios, las autoridades de Seguridad Pública registraron 294 de agresiones ilegítimas o enfrentamientos armados con grupos de pandillas a nivel nacional, que dejaron 201 muertos y 76 lesionados.

Asilados

54,300

Los salvadoreños que en el 2019 solicitaron asilo a diferentes países del mundo, según ACNUR.

Del total, 188 eran pandilleros, cinco personas que no pertenecían a esos grupos, siete agentes policiales y un militar.
“El abandono de la población por parte del Estado es lo que ha ido fomentando esta cultura de violencia y que ha premiado todas las estructuras y todos los niveles de personas y que ha premiado a la propia PNC, que son parte de la población salvadoreña y por lo tanto pertenece a la misma cultura que tenemos”, afirmó el director del IDHUCA,  José María Tojeira.

Para el OUDH, las autoridades abusaron de la letalidad al pasar del factor 1 a 2.5 muertos por cada lesionado. En consecuencia, dice, 104 policías entre agentes, cabos, sargentos y oficiales fueron detenidos por la División de Asuntos Internos.

 

Violencia sexual
También el informe hace hincapié en los 5,469 víctimas por diversos delitos sexuales que ocurrieron, en un 91 %  contra las mujeres y  7 % contra  hombres. El 73.7 % de las víctimas tenían edades de entre 0 a 19 años.

“En todos los estudios existentes se suele hablar que por cada delito sexual que se denuncia hay cuatro que no se denuncia, porque se produce en el hogar y se tiene miedo a crear problema en el hogar, y más cuando de aquel se depende económicamente o se divide la familia o porque hay amenazas”, afirmó el director del IDHUCA.

Las desapariciones siguen golpeando a los salvadoreños, en 2019, la Fiscalía registró un total de 3,093 víctimas, un 10 por ciento menos que en 2018. El OUDH cuestionó la disparidad en datos que hay entre la Fiscalía y la Policía en ese tema, ya que la segunda reportó 2,875 denuncias.

Las desapariciones se han mantenido pese a que los homicidios han bajado, según las autoridades debido al Plan Control Territorial impulsado por el gobierno desde el 20 de junio del año pasado en  22 municipios.

Pero según el análisis del OUDH, es paradójico que las reducciones fueran menores en los municipios donde se desarrolla el plan (26 %) que en donde no se ejecuta, donde la disminución de los homicidios ha sido del 30 %.

El informe indica que el Estado salvadoreño está obligado a prevenir la delincuencia y perseguir y sancionar a los delincuentes, particularmente al crimen organizado, pero esa misión no debe convertirse en un factor más de violencia, inseguridad, abuso de poder y violaciones de derechos humanos.

“En conclusión, mientras no se adopte un enfoque de derechos humanos de forma estructural en todas las instituciones del Estado para la formulación y ejecución de las políticas públicas, y mientras no se cuente con controles internos eficaces, difícilmente podremos combatir los abusos del poder estatal y las violaciones de derechos humanos”, es una de las conclusiones de los analistas.

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