El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio a la Asamblea Legislativa un plazo de seis meses para reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado y crear una ley integral de atención a víctimas de este fenómeno.
Además, se pidió a los diputados “adoptar medidas para recobrar el control territorial de las zonas dominadas por las pandillas y evitar futuros desplazamientos y la continuidad de las afectaciones”, reza el fallo emitido por la Sala.
Sin embargo, ha pasado un año y cuatro meses y la Asamblea Legislativa aún no ha actuado ante los señalamientos que estipuló la Sala. Mientras tanto, este año más de mil personas han sido víctimas de desplazamiento provocado, principalmente, por pandillas.
“Los lineamientos que la Sala establece son de obligatorio cumplimiento para todas las acciones del Estado. Lastimosamente, hasta este momento, tanto el Ejecutivo como el Legislativo se han negado de manera reiterada a reconocer como una categoría jurídica la calidad de desplazado”, asegura David Ortiz del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Según Ortiz “se han negado a asignar fondos, rubros presupuestarios para atender las miles de víctimas y se han negado a generar un marco normativo de protección hacia las víctimas”.
Lo anterior es respaldado por representantes de Cristosal quienes consideran que esta ausencia es una grave violación a los derechos humanos.
En la sentencia, en la que la Corte Suprema de Justicia admitió recursos de amparo de familias desplazadas por grupos delictivos y de la Policía, la Asamblea Legislativa negó los hechos atribuidos y sostuvo que, si bien no existe legislación específica sobre desplazamiento forzado, ha emitido normativa para proteger a las víctimas por medio de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos (LEPVT), por lo que no daba lugar a los hechos.
En 2017, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary, tras una visita al país, sostuvo en su informe preliminar que el fenómeno del desplazamiento interno provocado por la violencia generalizada y relacionada con las pandillas es una crisis significativa que afecta a miles de personas, familias y comunidades enteras.
Representantes de organizaciones civiles concuerdan en que el Estado salvadoreño ha avanzado poco en materia de garantizar atención y protección integral a las víctimas de desplazamiento interno.
“Las víctimas no encuentran instancias que estén preparadas y basadas en una normativa de alcance institucional nacional que les brinde atención y protección”, dice la directora de programas de Cristosal, Celia Medrano.
Propuestas salen de las gavetas
En la Asamblea Legislativa hay tres propuestas de ley que buscan proteger a las víctimas de este fenómeno. En agosto anterior, se dio a conocer que la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales inició la discusión de una de las propuestas. Pero hasta la fecha no se han dan dado mayores detalles y pese a que se intentó conversar con diputados de dicha comisión no estuvieron disponibles.
Para el diputado Rodrigo Ávila, miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, la problemática crece cada día más y asegura que es necesario implementar medidas para frenar el origen de los éxodos: los grupos delincuenciales.
Con la sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional a víctimas de desplazamiento, el Órgano Judicial se convirtió en el primer Órgano del Estado en reconocer que existe esta problemática. “La Sala obliga al Estado a adoptar diferentes medidas además de ilustrar los derechos humanos fundamentales violentados en este fenómeno”, agregó la procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Persona Migrante y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos.
Para la funcionaria, el Estado aún no adopta mecanismos adecuados para la atención a víctimas, pese a los esfuerzos que se están realizando desde la Dirección Nacional de Atención a Víctimas de Desplazamiento y Migración Forzada del Ministerio de Seguridad.
“Se está tomando acciones, pero todavía no dan abasto”, dice Campos, argumentando que las acciones se quedan en una reacción inmediata, pero no soluciones duraderas que garanticen seguimiento a largo plazo de las personas desplazadas.
“Actualmente ni la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, ni los mecanismos actuales concuerdan con la realidad. Una persona que es testigo de un hecho delictivo no tiene mayores extensiones de protección. La PDDH decreta medidas cautelares las cuales son en común acuerdo con las víctimas y las autoridades (FGR, PNC) pero estas son bien limitadas”, afirma Campos.
Para Cristosal resulta preocupante que en El Salvador aún no exista una ley en esta materia y más aún que se haya ampliado la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia a atender a víctimas desplazadas y víctimas de migración forzada. Medrano teme que en lugar de atender la problemática específica de desplazados internos por violencia generalizada se esté adaptando la “poca” infraestructura existente y los “pocos recursos” para atender a población de otros países en el marco de las cartas de entendimiento de “terceros países seguros” firmadas recientemente entre El Salvador y Estados Unidos, bajo un convenio para atender a solicitantes de asilo en ese país.
“La especificidad de atender a víctimas desplazadas debería de ser una parte integral de una acertada política pública de prevención de violencia y prevención de migración forzada, eso no está sucediendo”, afirma Medrano.
Familias huyen de Santo Tomás por amenazas
De prisa y escoltada por la Policía Nacional Civil y militares, una familia del cantón Las Casitas, en Santo Tomás, terminaba de cargar sus pertenencias en el camión que la llevaría a un incierto destino. Era el 26 de octubre alrededor de las 4:15 de la tarde.
Supuestos mareros de la Mara Salvatrucha (MS13), que acechan la zona, dieron 24 horas para que la familia desalojara su vivienda.
Con temor a sufrir algún tipo de atentado, la familia abandonó la casa en la cual habían habitado alrededor de cinco años.
La familia optó por abandonar el sitio pese a que los agentes de la PNC y militares les prometieron permanecer más tiempo en el lugar. “Nosotros les decimos que no se vayan y les hemos prometido más presencia”, afirmó un agente policial.
Pero la familia estaba decidida a “salvar sus vidas” y a las 4:45 de la tarde abandonaron el cantón.
Vecinos del lugar aseguraron que la presencia policial es esporádica en la zona y que con mucha frecuencia son amedrentados por los mareros que tienen presencia en el lugar, pero que “han sabido lidiar con esa situación durante años”, dijo un habitante.
Un día antes, también otra familia huyó, tras ser víctima de acoso y amenazas, ya que los mareros les habían dado el ultimátum para abandonar su hogar. Esa acongojada familia recogió sus pocas pertenencias y en menos de 24 horas huyó.