VIDEO: La sentencia de muerte de la MS que obligó a Anastacia y sus nietos a huir de su hogar

La familia de la señora tuvo que huir de su casa debido a la amenaza de pandilleros.

Las víctimas de desplazamiento forzado suelen tener poco tiempo para desalojar sus hogares, luego de ser amenazados o sufrir alguna expresión de violencia. Foto/ Pixabay

Por Marvin Romero

Nov 21, 2019- 21:00

Cerca del mediodía de un sábado, a finales de octubre, Anastasia lloraba desconsolada mientras sus hijos sacaban de su modesta vivienda, a toda prisa, las pertenencias que la mujer, de 60 años, había recolectado en toda una vida. Unas horas antes, tres hombres armados entraron a esa casa para darle a ella y sus hijos dos opciones: irse o morir.

Desde ese día, la mujer y sus hijos, Armando y Esmeralda, viven escondidos y salen poco. Se mueven con cautela. Cualquiera les parece sospechoso. Acceden a compartir su relato en un punto neutro y apartado: a la mitad de un pasaje poco transitado, junto a la entrada oriente de una iglesia del Centro de San Salvador, lugar que consideran seguro.

Adentro, la misa está por comenzar. Armando permanece recostado sobre el muro de láminas troqueladas del templo, su madre está a unos pasos, sentada sobre un bordo de concreto. “Ella casi no quiere hablar desde ese día”, dice la esposa de Armando, que vigila desde la distancia.

Anastasia vivía con Esmeralda y algunos de sus nietos en una casa de lámina y madera en un cantón al sur de San Salvador. “El terreno era baldío, con pobreza construimos esa casita, pagábamos $140 mensuales”, relata Armando y su madre asiente con la cabeza.

Los tres hombres que amenazaron a Anastasia y a su familia son pandilleros de la MS que llegaron, cerca de las nueve de la mañana y entraron por la fuerza al hogar. Frente a las dos mujeres asustadas y bajo la mirada de, al menos cuatro niños, empuñaron sus armas de fuego -uno de ellos llevaba una escopeta- y dijeron que querían hablar con los hombres que veían entrar a esa casa. Se referían a Armando y otro de sus hermanos que, por su trabajo, no residían en el lugar pero lo visitaban con frecuencia. “Si nos encuentran, no nos iban a amenazar, nos iban a plomear ahí”, dice Armando con risa nerviosa.

Varias pertenencias quedaron tiradas y la vivienda fue destruida. Foto EDH/ Lissette Lemus

Al no encontrar a quienes buscaban, los tres pandilleros advirtieron a Anastasia y a Esmeralda que se fueran del lugar si no querían que los mataran a todos. Ella y su hija sabían que pandilleros de la MS solían caminar por las sendas de piedra y veredas del cantón. También escucharon que, unos días antes, varias familias de una localidad cercana huyeron por temor. Pero, hasta aquel sábado, todo aquello eran poco más que rumores.

Antes de aquella mañana, ni ella, ni sus hijos, ni sus nietos recibieron amenaza, alerta o insinuación alguna de parte de los pandilleros. “Todo sucedió tan rápido”, relata Armando, quien llegó a casa de su madre unas horas después de que Esmeralda lo llamó para pedirle ayuda. Para su sorpresa, su familia no había sido la única amenazada.

Un par de casas contiguas a la de su madre, también estaban desalojando sus pertenencias, pues el mismo trío de pandilleros había llegado a intimidarlos. El desalojo sucedía frente a la mirada de varios policías y soldados que llegaron al lugar por la llamada de uno de los vecinos de Anastasia.

La Policía Nacional Civil (PNC) recibió, durante 2018, 10,551 denuncias por amenazas de grupos criminales en todo El Salvador, lo cual representa una tasa de 159 personas por cada 100 mil habitantes, según cifras publicadas por Cristosal con datos de la PNC.

FOTO EDH/ LISSETTE LEMUS

El mismo informe detalla que las mujeres, como Anastasia y Esmeralda, fueron las víctimas más frecuentes de este delito, con un 53.1 % de los casos registrados. Las amenazas fueron, además, la principal causa de desplazamiento forzado durante 2018, con un 67.2 %. Sin embargo, Anastasia y sus hijos no figurarán en esas estadísticas. La razón: completa desconfianza en las autoridades para denunciar, lo cual se traduce en impunidad.

Los datos también reflejan que, durante 2018, la mayor parte de los afectados, por uno de estos delitos, no denuncia ante las instituciones del Estado debido al temor de sufrir represalias o por desconfianza en las mismas instituciones. Los datos revelan que solo un 11.2 % de las personas denunciaron, un 22.1 % realizó la denuncia a través de un familiar y el 66.7 % jamás denunció.

Es justo esa sensación de inseguridad y desconfianza en las instituciones, que invade a Anastasia y Armando cuando hablan sobre el papel que tuvo la Policía o el Ejército el día en que fueron amenazados. “Yo temo por mi seguridad y por mi vida”, confiesa el hombre, y añade: “a la Policía no se le pide ayuda. Ya se han visto varios casos”.

La vida entera en un camión

El día en que Anastasia y sus hijos debieron escapar para salvar sus vidas, lo que no pudieron llevarse, o no era importante, lo quemaron: colchones, sábanas, papeles. Arrancaron de la tierra sus cultivos. Dejaron abandonados a sus animales. En unas cuantas horas subieron su vida entera a un camión y dejaron atrás ladrillos, láminas y recuerdos.

Hasta ahora, nadie se explica la razón por la cual los pandilleros se incomodaron tanto por la presencia de Anastasia y sus hijos, pero están seguros de que la mejor decisión fue alejarse y no esperar hasta averiguarlo.

Esa decisión los ha obligado a vivir escondidos por varias semanas, con temor de salir o comunicarse con cualquiera que no conocen. Los hijos de Esmeralda y Armando dejaron de estudiar, renunciaron a sus trabajos y los que se atreven a salir, lo hacen con el miedo constante de ser vigilados. “Ni el sol lo calienta a uno”, expresa Armando.

Anastasia vive con tristeza constante, llora por su casa y hasta por los animales que dejó. “Mi mamá es enferma, por poco se nos muere ese día”, dice su hijo. “Los terrenos quedaron tirados y ya no tenemos en donde vivir”, relata Armando. “No queremos que nadie nos regale, pero sí una oportunidad para sobrevivir y comenzar desde cero”, expresa y confirma que, a pesar de que ese día había policías y soldados custodiando el momento en que desalojaron sus casas, ninguna autoridad se les ha acercado para brindarles algún tipo de ayuda o solución.

La afectados lograron llevarse algunos animales, otros quedaron en el lugar. Foto EDH/ Lissette Lemus

En la casa en donde ahora están viviendo, permanecen cerca de 15 personas y el espacio no es suficiente. “Uno siente tristeza por ellos”, asegura Armando. Y espera, pronto, salir del difícil momento que atraviesa; sin embargo, está determinado a no volver al cantón del que salió huyendo. “Ni que me pongan una estación de policía a la par de mi casa”, dice.

El sol se oculta completamente y al costado oriente de la iglesia, en el centro de San Salvador, la oscuridad domina. El eventual choque de luz, de los autos que transitan por la calle, es lo único que rompe la noche. La misa concluyó hace varios minutos y las puertas del templo están cerradas. El hombre y su madre deciden que es hora de irse.

Anastasia, Esmeralda y Armando son nombres ficticios, utilizados en este relato para proteger la identidad de las víctimas.

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