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El dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos impulsa el consumo y la economía en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Las multas que podés enfrentar si prestás dinero en El Salvador fuera de los requisitos legales

Prestar dinero en El Salvador no es una actividad prohibida, pero sí está regulada por la Ley Contra la Usura. Te contamos los detalles

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Resumen del artículo:

Prestar dinero en El Salvador no está prohibido, pero quienes lo hacen de forma habitual deben cumplir con la Ley Contra la Usura. El abogado y notario Jaime Ramírez Ortega explica que la normativa obliga a respetar las tasas máximas de interés fijadas por el Banco Central de Reserva y, cuando corresponda, a inscribirse en el Registro de Acreedores. Cobrar intereses superiores a los permitidos, omitir el registro o presentar información falsa puede acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos para acreedores no supervisados y de hasta 1,000 salarios mínimos para entidades financieras supervisadas.

La Ley Contra la Usura establece una serie de requisitos para las personas naturales o jurídicas que prestan dinero de forma habitual en El Salvador. Incumplir esas obligaciones puede derivar en multas que van desde hasta 500 salarios mínimos para acreedores no supervisados hasta 1,000 salarios mínimos para entidades financieras supervisadas.

El abogado y notario Jaime Ramírez Ortega explica que la legislación no impide prestar dinero entre particulares, sino que busca evitar prácticas abusivas y proteger a quienes solicitan un crédito.

"La Ley Contra la Usura no prohíbe prestar dinero, pero sí exige que esa actividad se realice dentro del marco legal", afirma.

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Una señal de alerta es que la persona evite reunirse en persona y luego pida dinero por una emergencia, viaje o gasto médico.

¿Qué dice la Ley Contra la Usura?

El artículo 1 de la Ley Contra la Usura establece que su finalidad es "prohibir, prevenir y sancionar las prácticas usureras, protegiendo el patrimonio de las personas".

Ramírez Ortega recuerda que los artículos 5 al 8 de la normativa regulan las tasas máximas legales de interés que publica el Banco Central de Reserva (BCR) para cada segmento de crédito.

En consecuencia, quienes prestan dinero deben respetar esos límites al momento de otorgar un préstamo.

¿Qué conductas pueden ser sancionadas?

Además, señala que las reformas a la ley incorporaron el artículo 12-C, que sanciona diversas conductas consideradas infracciones.

Entre ellas se encuentran cobrar intereses superiores a los permitidos por la ley, no inscribirse en el Registro de Acreedores del Banco Central de Reserva cuando la normativa lo exige y proporcionar información falsa o presentarla fuera del plazo establecido.

De acuerdo con el abogado, estas disposiciones son aplicadas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que puede imponer sanciones económicas dependiendo del tipo de acreedor.

El aumento fue de $203.2 millones respecto al mismo período de 2025.
Ley Contra la Usura en El Salvador. Foto/ Archivo

¿De cuánto son las multas?

Las multas para los acreedores no supervisados, es decir, personas naturales o jurídicas que prestan dinero de forma habitual y violan la Ley Contra la Usura, pueden llegar hasta 500 salarios mínimos.

En el caso de los acreedores supervisados, como bancos y otras entidades financieras reguladas, las sanciones pueden alcanzar hasta 1,000 salarios mínimos.

Recomendaciones para quienes prestan dinero

Como recomendación, Ramírez Ortega insta a quienes se dedican a esta actividad a informarse sobre la legislación vigente, inscribirse en el Registro de Acreedores del BCR cuando corresponda y cobrar únicamente los intereses autorizados.

"Conocer la ley le permitirá ejercer su derecho de cobrar legítimamente y, al mismo tiempo, evitar sanciones que pueden representar una grave afectación económica", expresa.

El abogado añade que la Ley Contra la Usura no solo protege a quienes solicitan préstamos frente a cobros abusivos, sino también a los acreedores que actúan conforme a la normativa.

"La ley combate la usura, pero también protege el derecho del acreedor honesto a recuperar el dinero que prestó conforme a la ley. Y para quienes reciben un préstamo de una persona que actuó de buena fe, también existe un deber moral y jurídico: honrar las deudas adquiridas", concluye.