Gobierno busca aval para dos nuevos préstamos por $340 millones, estos serían los proyectos a financiar

El Gobierno de salvadoreño solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para suscribir dos préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto conjunto de $340 millones, destinados a proyectos de agua potable y movilidad urbana.

Las solicitudes fueron enviadas por el Ministerio de Hacienda y deberán ser estudiadas por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto antes de pasar a votación en el pleno legislativo.

Uno de los financiamientos solicitados asciende a $185 millones y sería destinado al Proyecto para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador, una iniciativa que busca fortalecer la infraestructura hídrica administrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

Distritos beneficiados

El sistema Guluchapa abastece actualmente a los distritos de Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, San Marcos y Santiago Texacuangos, en el departamento de San Salvador, así como a Olocuilta y San Francisco Chinameca, en La Paz.

Según la información presentada por el Gobierno, el proyecto busca mejorar la eficiencia del sistema, reducir pérdidas de agua y ampliar la cobertura del servicio para la población que depende de esta infraestructura.

El préstamo fue aprobado por el directorio del BCIE en febrero de 2026 y forma parte de las inversiones orientadas a fortalecer el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

¿Qué obras se ejecutarían con los $185 millones para agua potable?

De acuerdo con información publicada por el BCIE, los recursos permitirían construir, rehabilitar o instalar 25 obras de captación de agua superficial y subterránea, además de una planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad para procesar 650 litros por segundo.

El proyecto también contempla la instalación de 37.14 kilómetros de tuberías, la construcción de siete tanques de almacenamiento, la incorporación de 25,000 nuevas conexiones domiciliares con micromedidores y el fortalecimiento del laboratorio central de calidad del agua.

La entidad financiera señala que estas intervenciones buscan ampliar la capacidad de producción y distribución del sistema para atender una mayor demanda en los distritos beneficiados.

Préstamo para movilidad

La segunda operación financiera solicitada por el Ejecutivo es por $155 millones y estaría destinada al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) Fase II.

Este financiamiento complementaría otros recursos ya aprobados para el mismo programa. En marzo de este año, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo de $135 millones para ejecutar obras de movilidad urbana, incluyendo pasos a desnivel y ampliaciones viales.

Según la documentación del BCIE, la nueva fase permitirá completar parte del financiamiento requerido para proyectos de conectividad estratégica en el país.

Entre las principales obras previstas figura la construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), una nueva vía que busca mejorar la conectividad y descongestionar el tráfico en la zona metropolitana.

Además, se contempla la ampliación y mejoramiento de la carretera en el tramo comprendido entre el desvío de Atiquizaya y el desvío hacia el bypass de Ahuachapán.

La información del BCIE indica que el proyecto incluye la ampliación a cuatro carriles de 7.05 kilómetros de carretera existente, la construcción de 8.17 kilómetros de nuevas vías y el desarrollo de 30.4 kilómetros de ciclovías.

La institución financiera estima que estas intervenciones podrían reducir en aproximadamente 45.6 % los tiempos promedio de viaje para quienes utilizan los tramos que serán intervenidos y mejorar la circulación regional sobre la Carretera Panamericana.

A la vez, se prevé financiar estudios de diseño para el Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS, que tendría incidencia en los distritos de Ayutuxtepeque, Apopa, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

Asamblea deberá autorizar los contratos de financiamiento

Las solicitudes enviadas por el Ejecutivo deberán ser analizadas por los diputados antes de que el Estado pueda suscribir los contratos con el BCIE.

Según la propuesta, ambos préstamos tendrían un plazo de 20 años, incluyendo cinco años de gracia, además de las comisiones establecidas por la entidad financiera para este tipo de operaciones.

Una vez que la Comisión de Hacienda emita su dictamen, los expedientes pasarán al pleno legislativo para su votación.