¿Qué pasará con las pensiones? La deuda estatal ya supera los $11.500 millones

La deuda del Gobierno de El Salvador con los fondos privados de pensiones continúa creciendo y ya supera los $11,520 millones de dólares, una cifra que mantiene la atención de organismos internacionales, trabajadores y futuros jubilados sobre la sostenibilidad del sistema previsional.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR), basados en registros del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), muestran que entre enero y abril de 2026 el Estado adquirió nuevas obligaciones por $279.29 millones de dólares provenientes de los ahorros administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con este incremento, la deuda acumulada pasó de $11,241.13 millones de dólares en diciembre de 2025 a $11,520.42 millones de dólares al cierre de abril de este año, equivalente a un crecimiento del 2.48% en apenas cuatro meses.

El aumento también es significativo al compararlo con el mismo período del año anterior. En abril de 2025, la deuda previsional se ubicaba en $10,741.83 millones de dólares. Esto significa que en doce meses aumentó en $778.59 millones de dólares, un alza del 7.24%.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, el Gobierno obtuvo recursos de los fondos de pensiones de manera constante. En enero tomó $92.32 millones de dólares, en febrero otros $46.76 millones, mientras que en marzo la cifra ascendió a $96.11 millones. Para abril, el monto alcanzó $44.1 millones de dólares.

Estos recursos son utilizados principalmente para financiar el pago de las pensiones correspondientes al antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y posteriormente reformado en 2022.

Para acceder a estos fondos, el Instituto Salvadoreño de Pensiones emite instrumentos financieros denominados Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que las AFP están obligadas por ley a adquirir. Actualmente, este mecanismo acumula una deuda de $3,126.86 millones de dólares.

A ello se suman $8,393.56 millones de dólares en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa a finales de 2022.

La combinación de ambos instrumentos explica el volumen actual de la deuda previsional y la creciente dependencia del Estado de los recursos administrados por las AFP para cubrir compromisos relacionados con el sistema de jubilaciones.

Las cifras también han despertado preocupación entre analistas económicos y organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que una elevada proporción de los recursos administrados por las AFP se encuentra vinculada directa o indirectamente al financiamiento del Estado salvadoreño.

Según el organismo, para 2024 aproximadamente el 89% de los activos gestionados por las AFP estaba invertido en instrumentos de deuda pública o en entidades financieras que mantienen una fuerte exposición a estos títulos.

La situación ha generado cuestionamientos sobre la diversificación de las inversiones y la capacidad del sistema para garantizar rendimientos sostenibles a largo plazo para los trabajadores que cotizan actualmente.

El FMI también ha advertido que las pensiones provenientes del sistema privado comenzaron a ser cubiertas con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común creado para respaldar a los afiliados cuando los ahorros acumulados en sus cuentas individuales resultan insuficientes para continuar financiando sus beneficios.

Especialistas consideran que el uso de este mecanismo refleja los desafíos financieros que enfrenta el modelo previsional y la necesidad de implementar medidas que fortalezcan su sostenibilidad futura.

En este contexto, sigue pendiente una reforma integral del sistema de pensiones comprometida por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele dentro del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El plazo establecido para presentar dicha propuesta venció el pasado 10 de febrero, pero hasta la fecha no se han conocido detalles oficiales sobre los cambios que podrían aplicarse al esquema previsional salvadoreño.

La expectativa se mantiene entre trabajadores, jubilados y sectores empresariales, que observan con atención la evolución de una deuda que continúa creciendo año tras año.

Mientras tanto, los fondos de pensiones siguen desempeñando un papel clave en el financiamiento estatal. Sin embargo, el aumento constante de las obligaciones acumuladas plantea interrogantes sobre el futuro del sistema y sobre las garantías que tendrán millones de salvadoreños que dependen de estos recursos para asegurar su retiro laboral.

Con una deuda superior a los 11.500 millones de dólares y una reforma aún pendiente, el debate sobre el rumbo de las pensiones en El Salvador continúa abierto y se perfila como uno de los principales desafíos económicos y sociales para los próximos años.