La Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación contra 18 ex empleados de Casa Presidencial y del Estado Mayor Presidencial señalados de desviar 183 millones de dólares de fondos públicos a cuentas personales.
La Fiscalía presentó la acusación la tarde del lunes en el Juzgado 5 de Paz, de San Salvador por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos.
“La investigación recae principalmente en tres personas: el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado de la presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala (ex director ejecutivo de la Presidencia”, expresó el Fiscal del caso.
Manuel Arturo Ayala Orellana fue director ejecutivo de la Presidencia durante diez años durante los gobiernos de los ex presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Según publicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter enfrentaba dos órdenes de captura, una por el caso denominado Saqueo Público y una por delitos relacionados a la corrupción durante la administración del expresidente Sánchez Cerén.
También fue acusada Daysi Armida Díaz, quien laboraba como tesorera institucional de la Presidencia, en el período de noviembre de 2016 a mayo de 2019.
Díaz es acusada de firmar 193 cheques provenientes del Estado y destinados a seis cuentas aperturadas sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley.
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Por su parte, Jorge Antonio Revelo, exjefe del Estado Mayor Presidencial, es acusado de gestionar pagos salariales complementarios para los integrantes del Estado Mayor sin cumplir los requisitos de Ley.
Además fue acusado Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, a quien supuestamente se le destinaron fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia, sin estar inscrito como tal.
Según las investigaciones de la Fiscalía, entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019 los empleados de Capres supuestamente desviaron fondos de la partida presupuestaria denominada como “gastos reservados” por un monto de 183.8 millones de dólares.
La Fiscalía afirma que los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la cuenta institucional subsidiaria del Tesoro Público, a seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.