Aprueban cierre de Unidad de Justicia ¿qué pasará con sus funciones y empleados?
La nueva normativa establece el cierre de dos entidades del sector justicia y define qué ocurrirá con sus funciones, trabajadores y recursos.
La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 17 de septiembre, con 57 votos, la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. La medida busca, según la información legislativa, evitar duplicidad de funciones y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos.
La normativa establece que ambas instituciones, creadas en 1996, deberán completar su proceso de cierre y liquidación a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
Con el cambio, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia asumirá las competencias que actualmente corresponden a ambas entidades y que están vinculadas, entre otras funciones, con la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.
Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es precisamente la continuidad del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Para mantener su funcionamiento, el Ministerio deberá incorporar en su presupuesto los recursos necesarios para administrarlo, financiar las medidas de atención, coordinar con otras instituciones y cumplir las demás obligaciones establecidas por la legislación.
¿Qué pasará con la protección de víctimas y testigos?
Hasta ahora, la UTE tiene entre sus responsabilidades la ejecución del Programa de Protección de Víctimas y Testigos. De acuerdo con información institucional de la entidad, este mecanismo recibe solicitudes de protección y participa en la evaluación e implementación de las medidas correspondientes.
El programa trabaja con equipos técnicos evaluadores integrados por profesionales de derecho, psicología y trabajo social, además de representantes de la Policía Nacional Civil. Estos analizan las solicitudes y las condiciones particulares de las personas que requieren protección.
Con la ley aprobada, estas responsabilidades pasarán al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, por lo que la desaparición de la UTE no supone, de acuerdo con la normativa aprobada, la finalización del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Parte del personal de la UTE también podrá continuar desempeñando funciones relacionadas con este programa, ya que la ley establece el traslado al Ministerio de aquellos trabajadores que sean necesarios para su ejecución.
¿Qué ocurrirá con los empleados de la UTE?
Los trabajadores que no sean requeridos para continuar con el programa recibirán una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio o por una fracción superior a seis meses. El cálculo se realizará tomando como referencia su último salario nominal.
Para quienes devenguen entre $408.80 y $900, la indemnización tendrá como límite hasta 24 remuneraciones. En el caso de los empleados con ingresos de $901 en adelante, el máximo establecido será de 12 remuneraciones.
Los pagos deberán realizarse durante los primeros tres meses de 2027 e incluirán los demás derechos laborales que correspondan.
La legislación establece así un período de transición entre la aprobación de la disolución y el cierre definitivo de la UTE, previsto para finales de este año.
¿Qué pasará con el presupuesto y los bienes?
Según los datos presentados durante el proceso legislativo, el presupuesto inicial de la UTE era de $6.5 millones, de los cuales $4.5 millones estaban destinados al Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Sin embargo, tras una reorganización de fondos realizada en el Ministerio de Seguridad, la cantidad destinada al programa se redujo a $2.4 millones, de acuerdo con la información presentada sobre la normativa.
Durante el período de transición, la Dirección General de la UTE continuará encargada de la administración y representación legal de la institución. Su función será atender las obligaciones que permanezcan pendientes y completar los procedimientos necesarios para cerrar la entidad.
Además, será creado un Comité de Liquidación integrado por personal de la institución. Este tendrá bajo su responsabilidad el inventario, la organización de los archivos, la liquidación de bienes y la transferencia de recursos, contratos y obligaciones, con acompañamiento de representantes del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
El presupuesto asignado a la UTE para el ejercicio fiscal de 2026 continuará disponible para atender sus compromisos pendientes y financiar el proceso de liquidación hasta completar el cierre establecido por la nueva legislación.
Tres décadas de funcionamiento
La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y la Unidad Técnica Ejecutiva fueron creadas bajo un marco legal aprobado en 1996, por lo que la normativa avalada este jueves modifica una estructura institucional que ha funcionado durante aproximadamente tres décadas.
La UTE ha desarrollado tareas de coordinación dentro del sector justicia y ha tenido responsabilidades relacionadas con la ejecución del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, además de otras funciones establecidas en su normativa.
Con la ley aprobada por la Asamblea, esas competencias serán concentradas en el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y el proceso de liquidación deberá finalizar, según el plazo establecido, antes de que concluya 2026.