Estados Unidos reduce de $2,350 dólares a $450 el costo para renunciar a su ciudadanía

El gobierno de Estados Unidos redujo drásticamente el costo para que los ciudadanos renuncien formalmente a su nacionalidad. A partir de ahora, el trámite pasará de costar $2,350 dólares a solo $450 dólares, una disminución cercana al 80%, según una norma final publicada por el Departamento de Estado en el Federal Register, el diario oficial del gobierno federal.

La decisión marca un cambio significativo en una tarifa que durante años fue considerada una de las más altas del mundo para este tipo de procedimiento y que había generado fuertes críticas por parte de organizaciones que representan a estadounidenses residentes en el extranjero.

El nuevo costo devuelve la tarifa al mismo nivel que tenía en 2010, cuando el Departamento de Estado comenzó por primera vez a cobrar por la renuncia formal a la ciudadanía.

Renunciar a la nacionalidad estadounidense no es un trámite simple ni rápido. El proceso implica varias etapas y exige que el solicitante confirme repetidamente que comprende las consecuencias de su decisión.

Las personas interesadas deben presentarse ante un funcionario consular en una embajada o consulado estadounidense y realizar múltiples declaraciones escritas y verbales en las que afirman que entienden las implicaciones legales y personales de abandonar su ciudadanía.

Solo después de estas verificaciones se permite al solicitante prestar un juramento formal de renuncia, que posteriormente pasa a un proceso de revisión administrativa antes de hacerse efectivo.

Durante años, el elevado costo del trámite fue objeto de críticas. En 2015, el Departamento de Estado aumentó la tarifa de $450 dólares a $2,350 dólares, argumentando que el incremento era necesario para cubrir los gastos administrativos derivados del creciente número de solicitudes.

En ese momento, las autoridades señalaron que el aumento en las renuncias estaba relacionado, en parte, con nuevas reglas fiscales de Estados Unidos que obligan a los ciudadanos a declarar impuestos incluso si viven fuera del país.

Ese requisito generó inconformidad entre muchos expatriados, quienes consideraban injusto tener que cumplir con obligaciones fiscales estadounidenses mientras residían permanentemente en otras naciones.

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La subida del costo provocó una fuerte reacción de organizaciones de defensa de expatriados, entre ellas la Association of Accidental Americans, con sede en Francia.

Este grupo representa principalmente a personas que poseen ciudadanía estadounidense únicamente por haber nacido en territorio estadounidense, aunque hayan pasado casi toda su vida en otros países.

La organización emprendió una batalla legal contra el gobierno estadounidense, argumentando que el costo era excesivo y que podía considerarse un obstáculo para ejercer el derecho de renunciar a la ciudadanía.

Incluso, una de sus demandas —que aún continúa en proceso— sostiene que no debería existir ningún costo para abandonar la nacionalidad estadounidense.

Tras conocerse la decisión del Departamento de Estado, el presidente de la asociación, Fabien Lehagre, celebró el cambio.

“La Asociación de Estadounidenses por Accidente acoge con satisfacción esta decisión, que reconoce la necesidad de hacer accesible a todos este derecho fundamental”, expresó Lehagre en un comunicado.

Según el dirigente, la reducción de la tarifa es el resultado de seis años de acciones legales y presión pública para obligar al gobierno estadounidense a reconsiderar el precio del trámite.

Durante el proceso judicial, la organización también reveló que al menos 8,755 personas pagaron los $2,350 dólares para renunciar a su ciudadanía después de que en 2023 se anunciara que la tarifa sería reducida en el futuro.

Sin embargo, el Departamento de Estado no ha divulgado cifras oficiales sobre el número total de ciudadanos estadounidenses que han renunciado a su nacionalidad en los últimos años.

La reducción del costo podría provocar un nuevo aumento en las solicitudes, especialmente entre ciudadanos que residen en Europa, Asia y América Latina, donde muchos mantienen doble nacionalidad o han establecido su vida permanente fuera de Estados Unidos.

Para algunos expertos, el cambio también podría aliviar críticas internacionales sobre el sistema fiscal estadounidense, uno de los pocos en el mundo que grava a sus ciudadanos sin importar dónde vivan.

Aunque el costo ha disminuido considerablemente, el proceso seguirá siendo estricto y requiere que el solicitante comprenda que la decisión es irreversible en la mayoría de los casos.

Una vez finalizada la renuncia, la persona pierde derechos fundamentales asociados a la ciudadanía estadounidense, como votar en elecciones federales, obtener un pasaporte estadounidense o recibir ciertos beneficios consulares.

Pese a ello, para miles de expatriados el nuevo precio podría representar una oportunidad más accesible para cerrar definitivamente su vínculo legal con Estados Unidos.

La medida refleja cómo la presión legal y el debate público pueden influir en decisiones de política administrativa que afectan a ciudadanos alrededor del mundo.