Fiscalía confirma condena de más de 13 años contra exalcalde Norman Quijano
La Fiscalía confirmó la ejecución de la condena de más de 13 años de prisión contra Norman Quijano, tras recibir la notificación oficial luego de su regreso al país.
Por
Karla Rodas
Publicado el 05 de febrero de 2026
La Fiscalía General de la República confirmó la ejecución de la condena de más de 13 años de prisión contra Norman Quijano, impuesta en 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. El fallo lo declara culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, por hechos vinculados a la campaña presidencial de 2014, cuando, según la acusación, pactó con pandillas para obtener apoyo electoral. La sentencia se hizo efectiva tras su extradición desde Estados Unidos y su ingreso al país. La defensa ha rechazado el fallo y mantiene una apelación pendiente ante la Corte Suprema.
La confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) marca un punto decisivo en uno de los casos judiciales más relevantes vinculados a la política salvadoreña de los últimos años. La institución informó este jueves en sus cuentas oficiales que la sentencia contra el exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, ya es plenamente ejecutable, luego de que el imputado ingresara al país el pasado 26 de enero, tras ser capturado y extraditado desde Estados Unidos.
La condena fue impuesta en 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, que encontró culpable a Quijano de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, relacionados con hechos ocurridos durante la campaña presidencial de 2014. Con la notificación formal recibida por la Fiscalía, el proceso entra en una nueva etapa, centrada en el cumplimiento efectivo de la pena.
Según la información oficial, la sentencia establece más de 13 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La FGR señaló que la condena se sustenta en un conjunto de pruebas presentadas durante el juicio, las cuales fueron valoradas como suficientes por el tribunal para acreditar la responsabilidad penal del exfuncionario.
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#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV ha recibido la confirmación de condena de más de 13 años de cárcel, impuesta a Norman Quijano por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 5, 2026
La condena fue impuesta por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, en el año… pic.twitter.com/AXsXJqmZS3
Un fallo que se activa tras la extradición
El regreso de Norman Quijano a El Salvador fue determinante para que la condena, dictada en ausencia del señalado, pudiera hacerse efectiva. Mientras permanecía fuera del país, el fallo emitido en abril de 2024 no había podido ejecutarse. Su extradición desde Estados Unidos permitió que las autoridades judiciales y fiscales avanzaran con los procedimientos correspondientes.
Quijano fue detenido en territorio estadounidense el 6 de marzo de 2025 y permaneció recluido en un centro para migrantes en Texas mientras se resolvía la solicitud de extradición presentada por el Estado salvadoreño. Tras completar ese proceso, fue entregado a las autoridades nacionales y puesto a disposición del sistema judicial, en enro pasado.
La Cámara Segunda de lo Penal notificó la sentencia una vez que Quijano se encontraba bajo custodia en el país. A partir de ese momento, la Fiscalía recibió la confirmación oficial del fallo, paso necesario para continuar con la ejecución de la pena impuesta.
Los delitos y el caso que marcó la sentencia
El tribunal declaró culpable a Quijano por asociaciones ilícitas y fraude electoral, delitos que, según la acusación fiscal, se cometieron durante su candidatura presidencial en 2014. De acuerdo con la Fiscalía, el exdirigente político sostuvo reuniones directas con cabecillas de pandillas con el objetivo de obtener apoyo electoral en zonas bajo control de estas estructuras criminales.
Durante el juicio, la FGR afirmó que existieron negociaciones con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las distintas facciones del Barrio 18. La acusación sostiene que estas reuniones buscaban asegurar votos a favor de Quijano a cambio de beneficios específicos.
La Fiscalía presentó audios, videos, documentos y testimonios que, según su valoración, demostraron la existencia de esos acuerdos. El tribunal consideró que el conjunto probatorio acreditaba un intercambio de beneficios por apoyo electoral, elemento central para configurar los delitos por los que fue condenado.
La postura de la defensa y recursos pendientes
La defensa de Norman Quijano rechazó la sentencia desde su emisión. El abogado Lisandro Quintanilla cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que estas no demostraban de forma concluyente la participación directa de su cliente en negociaciones con pandillas. “La Cámara tiene sus criterios y estimó que la prueba fue suficiente para establecer que el doctor Quijano participó en una negociación de pandillas, pero ni el video, ni la transmisión de los audios demuestran eso”, afirmó tras conocerse el fallo.
El equipo legal presentó una apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia el 24 de junio de 2025. Hasta ahora, no se ha informado sobre una resolución definitiva a ese recurso, aunque la ejecución de la condena sigue su curso conforme a lo establecido por la ley.
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Impacto político e institucional del caso
Norman Quijano fue una de las figuras más visibles del partido ARENA durante varios años. Ocupó cargos como alcalde de San Salvador, diputado presidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial. Al inicio del proceso judicial, también se desempeñaba como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que le otorgaba fuero constitucional.
Tras la condena, la dirigencia de ARENA solicitó su expulsión del partido, argumentando coherencia con sus principios internos. Además, la sentencia incluye la inhabilitación política, por lo que el tribunal notificó al PARLACEN para iniciar el trámite de cese correspondiente.
La confirmación de la condena recibida por la Fiscalía refuerza el mensaje de que el caso entra en una fase definitiva, más allá de los recursos legales aún pendientes. Para analistas y observadores, el proceso representa un precedente relevante sobre la judicialización de hechos vinculados a campañas electorales y negociaciones ilícitas en El Salvador, con implicaciones que trascienden el ámbito estrictamente penal y alcanzan el debate sobre ética y responsabilidad en la política nacional.