Senado de EE.UU. rechaza extender gasto y prolonga cierre del gobierno
El Senado bloqueó una nueva propuesta presupuestaria, lo que extiende el "shutdown" y genera incertidumbre en agencias federales y la economía.
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AFP
Publicado el 01 de octubre de 2025
Estados Unidos enfrenta su primer cierre de gobierno desde 2019 tras el rechazo del Senado a extender el gasto público hasta el 21 de noviembre. Aunque los republicanos tienen mayoría, no alcanzaron los 60 votos necesarios, y solo tres demócratas apoyaron la propuesta. El cierre afecta a unos 750.000 empleados federales, con agencias como la NASA suspendiendo operaciones y embajadas limitando información. El debate gira en torno al financiamiento de la salud, con demócratas defendiendo el programa Obamacare y republicanos pidiendo recortes. Analistas estiman que cada semana de parálisis reducirá en 0,2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB.
Estados Unidos entró en parálisis presupuestaria este miércoles luego de que el Senado rechazara nuevamente un paquete de financiamiento provisional, lo que prolonga el cierre del gobierno federal. La situación anticipa una confrontación entre los republicanos, liderados por el presidente Donald Trump, y la oposición demócrata.
Se trata del primer “shutdown” desde 2019, cuando el país enfrentó el cierre más largo de su historia, con una duración de 35 días. El actual bloqueo presupuestario se produce en un contexto de divisiones políticas en torno al gasto en atención médica y al nivel de financiamiento de programas sociales.
Un estancamiento en el Senado
La propuesta buscaba extender temporalmente el gasto público hasta el 21 de noviembre. Aunque la Cámara de Representantes ya había aprobado la medida con una ajustada mayoría republicana, el Senado volvió a frenarla este miércoles.
El Partido Republicano cuenta con 53 de los 100 escaños en la cámara alta, pero para avanzar en una votación presupuestaria requiere 60 votos. Solo tres senadores demócratas apoyaron la propuesta, la misma cifra de la jornada anterior, lo que dejó sin efecto el intento de aprobación.
Ante el bloqueo, cientos de miles de empleados federales fueron enviados a sus casas sin salario, mientras otros, considerados esenciales para la seguridad nacional, deben continuar trabajando sin recibir remuneración.
El impacto se hizo visible en diversas agencias: la NASA anunció en su portal que se encuentra cerrada debido a la interrupción de financiamiento, y varias embajadas informaron en redes sociales que únicamente difundirán alertas de seguridad.
Los parques nacionales permanecen abiertos, aunque sin servicios de limpieza ni vigilancia garantizados, mientras que los beneficios como cheques de jubilación, desempleo o correo continúan activos.
La Casa Blanca reaccionó en su cuenta de X señalando que “los demócratas cerraron los servicios del Estado”, acompañando el mensaje con un reloj que contabiliza la duración del “shutdown”.
Atención médica en el centro del debate
El financiamiento de la salud se ha convertido en el punto de mayor fricción entre ambos partidos. Los líderes demócratas Chuck Schumer, jefe de la minoría en el Senado, y Hakeem Jeffries, líder en la Cámara de Representantes, acusaron en un comunicado a los republicanos de “cerrar los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.
El vicepresidente JD Vance, en declaraciones ofrecidas el miércoles, expresó su disposición a negociar con los demócratas, pero solo “después de ponerse en marcha de nuevo el Estado”. Añadió que “no puedes recompensar la toma de rehenes”.
Mientras los republicanos buscan extender el financiamiento actual y pactar luego un plan a más largo plazo, los demócratas insisten en restaurar cientos de miles de millones de dólares en gasto sanitario, especialmente en el programa de seguros conocido como Obamacare, que beneficia a hogares de bajos ingresos.
Los republicanos argumentan que los demócratas pretenden mantener un nivel de gasto en salud similar al de la pandemia de covid-19 y los acusan de incluir en esa partida servicios dirigidos a migrantes indocumentados.
Impacto económico del cierre
El director de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, instruyó a las agencias federales a implementar “planes para un cierre ordenado”. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), alrededor de 750,000 funcionarios están afectados directamente por la medida.
Los costos económicos de un cierre prolongado generan preocupación. Analistas de la aseguradora Nationwide calcularon que cada semana de parálisis podría reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en 0,2 puntos porcentuales.
El cierre anterior, registrado durante el primer mandato de Donald Trump, duró 35 días y, según la CBO, significó una reducción de $11,000 millones en el PIB. Desde 1976, cuando el Congreso estableció el proceso presupuestario moderno, el gobierno federal ha experimentado 21 cierres parciales.
Consecuencias políticas y sociales
Aunque los servicios básicos como la entrega de cheques de la seguridad social no se ven interrumpidos, la paralización genera efectos inmediatos en sectores estratégicos. Agencias científicas como la NASA suspenden actividades, las embajadas limitan sus operaciones y el mantenimiento de parques y espacios públicos se ve comprometido.
La disputa también marca el tono de la agenda política en Washington. El enfrentamiento sobre la financiación de la salud refleja prioridades distintas: mientras los republicanos intentan reducir el gasto y renegociar a mediano plazo, los demócratas buscan mantener programas sociales ampliados durante la pandemia.
En tanto, la incertidumbre impacta en la percepción de inversionistas y en la confianza de la ciudadanía sobre la capacidad del Congreso para llegar a consensos. El desenlace del debate presupuestario no solo determinará la duración de este cierre, sino también el rumbo de las políticas fiscales y sociales en los próximos meses.
Una pugna con repercusiones globales
El “shutdown” estadounidense trasciende sus fronteras, dado que afecta operaciones diplomáticas y transmite señales a los mercados internacionales sobre la estabilidad política y financiera del país. En América Latina, incluida la comunidad salvadoreña residente en Estados Unidos, la atención se centra en cómo un cierre prolongado podría impactar servicios consulares, programas de asistencia o el dinamismo económico que influye en el envío de remesas.
Con las posiciones de ambos partidos aún distantes, la negociación sigue abierta. El reto inmediato para la administración federal será mitigar el costo social y económico de un cierre que, de prolongarse, podría equipararse al de 2019 en duración y consecuencias.
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