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Asamblea aprueba $570 millones en endeudamiento

El endeudamiento corresponde a dos ratificaciones de préstamos y dos nuevas suscripciones.

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Por Jessica García
Publicado el 13 de agosto de 2025


La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, en el desarrollo de la sesión ordinaria 67, el endeudamiento público hasta por $570 millones, provenientes de la ratificación de dos préstamos y la suscripción de otros dos.

El primer decreto de deuda trata de la autorización al Órgano Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Hacienda, para que suscriba un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por $250 millones.

El préstamo estaría orientado para el plan de “Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”.

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Según el decreto, el Ministerio de Hacienda habría gestionado apoyo a las medidas adoptadas en el marco de la "responsabilidad fiscal y para el mantenimiento y continuidad de una política macroeconómica".

Aun así, el documento agrega que los recursos pueden destinarse "igualmente para atender prioridades estratégicas del gobierno, Obligaciones Generales del Estado, Transferencias varias o eventuales apoyos a la caja fiscal".

La segunda aprobación es para la suscribir un contrato de préstamo, también con el BIRF, por $100 millones y se denomina "Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes".

Este endeudamiento tendrá un plazo de hasta 30 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta cinco años.

Para esta aprobación legislativa, el gobierno justificó que se podría contar con recursos para tener “responsabilidad fiscal” para garantizar la continuidad de una política macroeconómica y fortalecer la resiliencia ante emergencias, fueran estas naturales o sanitarias.

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El Salvador, según Hacienda, ya cuenta con mecanismos para atender desastres naturales, pero este nuevo financiamiento permitirá al país tener una fuente adicional. El aval a la deuda también se justificó en que el préstamo se activaría “únicamente en caso la República lo requiera".

Hubo también la aprobación a la ratificación del contrato de préstamo ya suscrito el 25 de julio de 2025 con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $100 millones.

Los fondos serán para financiar el "Proyecto de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador", para beneficiar a 100,000 estudiantes y a 2,000 docentes con proyectos escolares.

El diputado oficialista William Soriano justificó la aprobación en tanto a que el país requiere de inversión. Soriano alagó el proyecto de remodelación de algunas escuelas que lleva a cabo el gobierno central.

“Transformar el sistema educativo de cómo lo recibimos a cómo lo queremos entregar a las futuras generaciones también requerirá de un trabajo bastante grande; pero no solo estamos hablando de infraestructura física, de mejoras en las condiciones, sino también estamos hablando de la capacitación continua de los docentes para que puedan ejecutar un proceso de aprendizaje de los alumnos de la mejor forma”, indicó.

Soriano prometió que lo ejecutado será “un trabajo dignificante” para los estudiantes.

La otra ratificación fue al préstamo suscrito con el BIRF por $120 millones, correspondiente al “Financiamiento Adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador".

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Este monto complementa el proyecto de mejora de la conectividad en la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador, es decir, el by-pass de Apopa, con la construcción de un puente tipo atirantado sobre la carretera de oro y fortalecimiento de capacidades del Ministerio de Obras Públicas.

Inyección de fondos

La Asamblea dio luz verde para que se le incorporen fondos al Ministerio de Economía, por un monto de $13 millones para financiar “necesidades prioritarias en materia de innovación, digitalización y manufactura tecnológica”.

La apuesta de las supuestas necesidades del gobierno estaría en fomentar la transformación digital y permitir un desarrollo económico sostenible. Los recursos se tomarían de asignaciones disponibles del Ministerio de Hacienda.

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