Sin conciencia regional y ausencia de diálogo político

Los presidentes de Centroamérica no se pueden sentar en la misma mesa, tampoco dialogar, quizá ni puedan verse las caras.

¿Cierto o no? La grave afectación es al patrimonio cívico de los pueblos centroamericanos. 

Se nos ha olvidado por qué los presidentes de Centroamérica se comprometieron a instalar de forma permanente y obligatoria el diálogo político del más alto nivel en la Declaración para la Paz y la Cooperación de Contadora, 1985 (y en Esquipulas I y II en 1986 y 1987). También se nos ha olvidado que, siendo los hacedores de la política de sus países, eran los más indicados a pasar a formar parte del Parlamento Centroamericano, como una transmisión de continuidad y apoyo a los esfuerzos comunes de integración económica, política y social. 

Poco nos recordamos el aporte del Parlamento Centroamericano al proceso de paz de Centroamérica, y desconocemos que este foro garantiza la paz de la región mediante la discusión de los problemas que aquejan a todos los centroamericanos. 

Con la participación de todas las corrientes políticas, este espacio constituye un foro de civilidad en los procesos políticos regionales.

Poco conocemos del principio de progresividad que nos indica que el proceso de integración solo puede ir hacia delante, nunca hacia atrás. También que los órganos creados y reconocidos en el Protocolo de Tegucigalpa tienen competencias atribuidas y reconocidas en el proceso de ratificación de los Tratados.

¿Un Estado que se aparta del cumplimiento de un tratado por medio de reforma de ley o de constitución, iría en contra del principio de buena fe de los otros Estados? ¿Cuándo se ratifica un Tratado se controla su constitucionalidad? ¿Opera el criterio del efecto bloqueo y jerarquía del Tratado frente a reformas posteriores del derecho interno?

Lo mismo para la Corte Centroamericana de Justicia, que, dicho sea de paso, no puede dejar de existir si no hay una Reforma al Protocolo de Tegucigalpa, donde se crea y establece su jurisdicción. 

La Corte garantiza el respeto al derecho, en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y derivados, que constituyen el ordenamiento jurídico del SICA, la Corte es un órgano supranacional y su funcionamiento garantiza la comunidad de derecho, por tanto, urge de la integración de todos los países del SICA que aún no forman parte. La falta de integración de algunos Estados también es un incumplimiento al Protocolo de Tegucigalpa 

Urge el diálogo político, urge el sometimiento al imperio de la ley que impone a los presidentes retomar el diálogo, les guste o no les guste, sea quien sea su homólogo, ningún país puede tomar decisiones que pongan en grave riesgo el proceso de integración centroamericana que ha costado tanto a los Estados, con más de dos mil instrumentos jurídicos negociados, suscritos y ratificados, costos también asumidos por los pueblos centroamericanos en el devenir histórico.

Los compromisos de integración son compromisos de Estado, no de gobierno, el Proceso de integración es un plan de desarrollo de 8 Estados, el cual es un proyecto indefinido, surgido de la crisis que imperaba en los años 80s.

No podemos postergar el diálogo político, ni el principio de universalidad con la participación de todos los Estados con responsabilidad y cooperación común en las reuniones de presidentes.  Es urgente y obligatorio que todos los Estados (8) cumplan formando parte de todos los órganos e instituciones del SICA, es necesario que los presidentes nombren al secretario general del SICA, en fin, que se sometan al imperio de la LEY.

Especialista en Derecho Comunitario Centroamericano
cesglaw@gmail.com