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UES expresa preocupación por aplicación de Ley Agentes Extranjeros en investigaciones
El rector de la universidad señaló que se han sostenido diferentes conversaciones con inversores de proyectos académicos, debido a que estos no “están en la posibilidad” de asumir los impuestos.
Tras la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros que establece un impuesto del 30% a las transacciones y donaciones que reciban Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la Universidad de El Salvador (UES) ha expresado su preocupación ante la afectación al desarrollo de proyectos académicos.
Juan Rosa Quintanilla, rector de la universidad, detalló que recientemente se realizaron nuevas evaluaciones a los proyectos que se pretenden desarrollar en este año debido a que los inversionistas manifestaron “preocupación” por los impuestos que podrían interferir en los proyectos.
“Hablamos con personeros de la institución, existe preocupación en ellos y están a la expectativa de que pueda suceder con esta Ley que está ya en vigencia y que de seguro va afectar a la universidad de El Salvador”, señaló Rosa Quintanilla a través de la entrevista matutina por TVX.
De forma inmediata el decano ha solicitado a entidades gubernamentales y a la unidad de Jurisprudencia de la UES un análisis para determinar si existe un impacto en los proyectos con cooperación internacional.
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Previamente la cooperación internacional “ha sido la que ha financiado proyectos de gran envergadura, el año pasado tuvimos 30 proyectos de investigación de los cuales se nos inyectó en calidad de movilidad académica, compra de equipos e insumo una cantidad aproximada de $13 millones que le han permitido a la universidad responder a diferentes problemas”, detalló el rector.
Debido a que la casa de estudios superiores ya tenía planificado diferentes proyectos académicos financiados por la cooperación internacional recientemente se hicieron nuevas evaluaciones a la viabilidad de estos proyectos.
“Después de tener la posibilidad de un financiamiento de $9 millones, estamos a la espera de lo que pueda suceder en el organismo que aprueba dichos montos en el país donante”, debido a que no se tiene claridad sobre los posibles impactos.
Hasta la fecha las autoridades de Jurisprudencia de la UES consideran que “no hay impactos para la universidad”, pero sostienen que no existe claridad sobre la aplicación de la Ley, por lo que no son la única casa de estudios superiores que se encuentra experimentando el mismo “sentimiento” de incertidumbre.
“Ojalá que si existiera alguna afectación se pueda hacer la reforma correcta en la Asamblea Legislativa, precisamente el análisis que hemos pedido está para ver el impacto (...) con los proyectos de educación”, agregó Rosa Quintanilla.
Actualmente embajadores de países que sostienen cooperación con la universidad se han reunido para expresar “preocupación y desacuerdo en cuanto a que sus países están interesados en apoyar el desarrollo de El Salvador, pero que tampoco están en la posibilidad de además de ese proceso de apoyo se le imponga un impuesto de esa naturaleza”, concluyó sin detallar los países involucrados.
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¿Quiénes deben pagar el impuesto?
Según la información presentada por las autoridades dejaría a discreción del gobierno decidir a cuáles les aplicará el impuesto.
La ley creó el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), que estará a cargo de un director nombrado por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, las regulaciones establecen que que las personas naturales o jurídicas que "se determine" por la RAEX tendrán la calidad de sujetos obligados, incluyendo a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
La Ley incluye un artículo que dice que las ONG podrán solicitar se les excluya de la aplicación de las obligaciones, pero esto también queda bajo calificación del RAEX, que considerará "entre otros aspectos", la naturaleza del proyecto, el ente que genera los recursos, la entidad destinataria de estos, la obra, bien o servicio que se ejecutará o se adquirirá con los recursos que se perciban desde el extranjero.
No se determinan con claridad los criterios para la evaluación, por lo que dicha instancia de gobierno decidirá a qué ONG y proyectos aplicará el impuesto o no.