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Asamblea aprobó la cuadragésima prórroga del régimen de excepción
El régimen de excepción trajo consigo el aval de los juicios masivos.
La Asamblea Legislativa aprobó la cuadragésima prórroga del régimen de excepción durante la sesión ordinaria de este jueves, como es costumbre oficialista de mes a mes. La solicitud del gobierno alega de remanentes de estructuras delincuenciales.
De manera exprés, la fracción oficialista de Nuevas Ideas solicitó que se apruebe la prórroga del régimen de pérdida de garantías constitucionales, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
"Que si bien es cierto, como se ha señalado anteriormente y como es de conocimiento público, las medidas extraordinarias decretadas, han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 87,100 terroristas; ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción", señaló el gobierno en la solicitud de prórroga.
Además, el gobierno justificó la solicitud en tanto a que han identificado "intentos de reorganización" mediante el reclutamiento de nuevos miembros, la coordinación de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la extorsión, el uso de redes de colaboradores para sostener sus operaciones en zonas urbanas y rurales, y la utilización de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería "para la planificación de crímenes".
De igual manera se justificó la renovación del régimen de excepción por la reciente captura de estudiantes desde dos institutos nacionales de San Salvador.
"Las autoridades han desarticulado una cantidad importante de personas que venían ocasionando afectaciones en jóvenes de centros escolares, aprovechando la oportunidad de reagruparse, y ejecutando actos de estructuras de pandillas: intimidación de estudiantes, reclutamiento de menores y la promoción de actividades ilícitas como agresiones, consumo de drogas y violencia. Este actuar evidencia la necesidad de continuar con las medidas excepcionales", se justifica.
El diputado Walter Coto enfatizó en este apartado y dijo que ellos acabarán con las estructuras criminales "de raíz".
"Si bien es cierta esta guerra estamos ya por ganarla, aún tratan por resistir. Llevamos 948 días sin homicidios, de los cuales 834 han sido bajo el régimen de excepción", mencionó Coto.
El diputado Ernesto Castro invitó a la ciudadanía a no tener miedo de denunciar cualquier resurgimiento de estructuras delincuenciales.
"Nos hemos venido dando cuenta de qué tan arraigado estaba el problema. Habían familias completas que estaban involucradas con las pandillas; habían círculos de personas que a simple vista no eran pandilleros, pero que eran los que les avisaban, que estaban en sus estructuras porque los defendían en temas legales", señaló.
Castro también arremetió contra los periodistas que para revelar la realidad de las pandillas fuera de las fronteras se acercaron a ellos para hacer las consultas respectivas.
Bajo el contexto del régimen de excepción, la organización Socorro Jurídico Humanitario contabiliza 419 muertes bajo custodia del Estado, que no fueron encontradas culpables de ningún delito referente al crimen organizado ni nexos pandilleriles.
“La cifra de muertes puede superar las 1,000, pero se tiene información que se quieren ocultar en los juicios masivos”, denunció la organización en junio.
No se pierda: El Salvador está entre los seis países con riesgo "muy alto" de tortura
El informe “Tres años de régimen de excepción: tortura sistemática en las cárceles de El Salvador”, elaborado por seis organismos de defensa de derechos humanos, recoge un total de 6,889 víctimas reportadas desde el 27 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2025.
Dicho informe denunció la nula capacidad de la ciudadanía para defenderse ante la acusación de vinculación al crimen organizado o a asociaciones terroristas, además de las arbitrariedades y vulneraciones que afrontan los detenidos en este contexto.
En concreto, las organizaciones contaron, solo para el tercer año de vigencia del régimen, con el registro de 6,462 casos de detención arbitraria e ilegal; 5,766, de falta al debido proceso, 1,835 allanamientos de morada; 901 tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura; 540 de desaparición forzada; 356 por hostigamiento; 319 registros indebidos de datos personales; 226 de vigilancia; 201 por desplazamiento forzado interno.
También contaban com 197 limitaciones al acceso a la salud, 132 exposición ilegal de la imagen personal; 82 de daño a la propiedad personal; 78 de divulgación pública de datos personales; 54 por robo o hurto; 48 confinamientos; 38 de discriminación por orientación sexual; 23 migraciones forzadas, siete de acoso y abuso sexual; cinco violaciones y cuatro intentos de asesinato.
Para entonces, las organizaciones llamaron a la Asamblea Legislativa a derogar el régimen de excepción, restableciendo las garantías y derechos fundamentales de las personas.
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De igual manera, llamaron a derogar las reformas aprobadas en materia penal y procesal penal que sean regresivas en derechos humanos y que contravengan a la Constitución, tratados internacionales y estándares de protección de derechos humanos.
Juicios masivos
Bajo el régimen de excepción se avalaron disposiciones de juicios masivos. Este próximo 24 de agosto culmina la vigencia de las "Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción", que permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) las acusaciones masivas bajo el régimen.
Estas medidas del Decreto 803 trajeron el riesgo de que los inocentes detenidos de forma arbitraria no puedan salir y sean condenados, porque la Fiscalía tenía un plazo de 24 meses para agrupar a los imputados en un mismo proceso.