El Salvador con deudas en adoptar las medidas de garantía a los derechos humanos

El 8 de mayo de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe Anual 2024, que reúne los avances y desafíos en derechos humanos en la región, en el cual dedica un apartado sobre El Salvador y las recomendaciones pendientes por cumplir para garantizar los derechos humanos de la población.

De 38 recomendaciones, solo se ha cumplido una. Los temas tienen que ver con: Memoria, verdad y justicia; Prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Funcionamiento de la Procuraduría General de la República; discriminación.

También sobre situaciones de grupos particulares: Mujeres, Personas LGBTI, Personas en contexto de movilidad humana, personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas y personas afrodescendiente. Otros temas son: Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Derecho a la libertad de expresión.

En el primero de los temas, la CIDH señala que el Estado no ha avanzado en la adopción de una ley sobre justicia transicional en el país, que sea acorde a los estándares interamericanos sobre justicia transicional, en particular con respecto a la responsabilización de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y participación de las víctimas.

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La propuesta de ley presentada por familiares y víctimas del conflicto armado se envió al archivo por parte de diputados de Nuevas Ideas que dominan la Asamblea Legislativa, en mayo de 2024.

Desaparición y tortura

También advierte que no se ha cumplido la ratificación por parte del Estado de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Además, está incompleta la adopción de un marco normativo que regule la política nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada; la creación de banco genético; los procesos de exhumación; así como una ley que regule los derechos de los familiares relacionados a la ausencia de las víctimas desaparecidas.

Tampoco se ha ratificado el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y crear el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

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En 2024, el gobierno salvadoreño informó a la Comisión que aunque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) "puede desempeñar las funciones" de un mecanismo nacional de prevención de la tortura.

"Aunque el Estado destacó la posibilidad de que la PDDH desarrolle estas funciones, no especificó detalles sobre avances concretos en ese sentido. En este sentido, concluye que esta recomendación continúa pendiente de cumplimiento", dice el informe.

Derechos de mujeres

Otra recomendación de la CIDH a El Salvador fue adoptar las medidas necesarias "para fortalecer el sistema de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo el fortalecimiento del sistema de seguimiento de medidas de protección, incluyendo la creación de un Fondo Especial de Reparación a Mujeres Víctimas de violencia feminicida, y la creación de una red de albergues de acogida con recursos suficientes para su funcionamiento".

También se insta a El Salvador a que adopte medidas que garanticen los derechos al trabajo y sus condiciones justas y equitativas de las mujeres que trabajan en servicios domésticos y maquilas, en particular el trabajo dentro de la industria textil bajo el esquema de trabajo a domicilio.

Defensores de derechos

Adoptar un marco legal de protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos y una política integral de protección, tomando todas las medidas para que cese la estigmatización y los señalamientos degradantes originados en el Estado o sus agentes para prevenir violencias contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, es otra deuda de El Salvador.

Para el informe se advirtió a la CIDH que la entonces propuesta de Ley de Agentes Extranjeros buscaba controlar las actividades y finanzas de organizaciones civiles, exigiendo supervisión adicional y restringiendo su operatividad. La ley fue aprobada el 20 de mayo de 2025, 12 días después que se dio a conocer el informe de la Comisión Interamericana.

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Además, la CIDH tomó nota de la preocupación de persecución a personas que se oponen a las actividades extractivistas, en este caso, a la minería del oro. La Ley General de Minería Metálica se aprobó en diciembre de 2024 y pese a las miles de firmas de ciudadanos que piden su derogación, no han sido escuchadas.

El gobierno también ha hecho caso omiso de la recomendación sobre el derecho de la libertad de expresión de “adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno de trabajo seguro para las y los periodistas y el respeto de la independencia de los medios de comunicación".

En particular, "garantizar que la publicidad oficial y la asignación de frecuencias estén orientadas por criterios democráticos y conforme a estándares internacionales de derechos humanos. Igualmente incorporar medidas para asegurar que los medios de comunicación estatal operen bajo estándares internacionales sobre medios públicos”.