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Reos con camisa de Constructora El Salvador remodelan escuelas

Reos que trabajan en la remodelación de una escuela en Soyapango y un instituto en San Salvador dijeron que no reciben pago por sus labores, como lo establece la Ley Penitenciaria. Abogado señala una posible ilegalidad en la no remuneración de parte de la constructora privada.

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Por Jessica Orellana
Publicado el 30 de mayo de 2025


Más de 300 reos trabajan en la remodelación del Centro Escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, y 150 en la reconstrucción del Instituto Nacional "Acción Cívica Militar", en San Salvador. Ellos, supervisados por personal de Constructora El Salvador, una empresa privada que opera con fondos públicos, están trabajando de forma gratuita, según dijeron algunos reos entrevistados por El Diario de Hoy.

Este periódico habló con uno de los ingenieros asignados en el Instituto Nacional "Acción Cívica Militar", quien confirmó que es Constructora El Salvador la que está ejecutando el proyecto. "Acá solo habemos dos ingenieros y todos los demás que trabajan son reos", aseguró, añadiendo que llevaban 21 días trabajando en la reconstrucción de ese instituto.

Varios reos que trabajan en ese instituto, quienes portan el logo de Constructora El Salvador, dijeron que la jornada laboral empieza a las 7:30 de la mañana y termina hasta las 11:00 p.m. y que se quedan a dormir en los centros escolares donde están asignados.

Más de 300 reos trabajan DE 8:00 am a 10:00 pm en la remodelación del Centro Escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango con camisas de Constructora El Salvador. Foto EDH/ Jessica Orellana

Según indica la Ley Penitenciaria, los reos que están por cumplir su condena son los que pueden hacer trabajo público a cambio de una reducción de pena, como un beneficio que la normativa les permite bajo ciertas condiciones. El artículo 110 establece que a todo reo que trabaje con particulares le pagarán no menos del salario mínimo.

El artículo 105 establece, por otra parte, que este beneficio no es aplicable para “los privados de libertad condenados por los delitos de homicidio agravado, secuestro, atentados contra la libertad individual agravados, extorsión simple o agravada, robo agravado, violación, violación en menor o incapaz, agresión sexual, agresión sexual en menor o incapaz, violación y agresión sexual agravada, envenenamiento, contaminación o adulteración de aguas y sustancias alimenticias, agrupaciones ilícitas”.

DE INTERÉS: Bukele ha ofrecido remodelar dos escuelas diarias desde hace cuatro años

El pasado 22 de mayo, el presidente Nayib Bukele ofreció, por cuarta ocasión en cuatro años, mejorar las condiciones en las escuelas del país. Un ofrecimiento que, según su mismo discurso, en el pasado no cumplió.

Durante la inauguración de un centro escolar, explicó que serán los reos que cumplen condenas quienes trabajarán las escuelas, pero no mencionó qué participación tiene la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., quienes ejecuta el proyecto en el Centro Escolar Reino de Dinamarca y en el Instituto Nacional "Acción Cívica Militar".

Para el abogado Otto Flores, hay indicios de posibles faltas a la ley: “La Ley Penitenciaria establece que hay unos delitos que están vedados, que no pueden obtenerse beneficios. Entonces, si estas personas están siendo acusadas por ese delito y algunos o varios van a ser condenados por agrupaciones ilícitas y ni siquiera les están pagando un salario, como lo dice el artículo 110, a pesar de estar siendo contratados, entonces estamos hablando de un posible caso de trata de personas para trabajo o de mano de obra esclava.”

La Prensa Gráfica constató que privados capturados bajo el régimen de excepción también están realizando los trabajos y no personas que ya fueron condenadas.

Mientras que para el exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, tendría que evaluarse si lo que los reos están ejecutando forma parte del contrato que esa empresa privada hizo con el Estado: “Sí tendrían que pagarles, porque el beneficio económicamente sería para una empresa privada que se estaría beneficiando del trabajo de los internos y estaría cobrándole al Estado por la ejecución del mismo”.

En el Instituto Nacional "Acción Cívica Militar", en San Salvador 150 reos son parte de la remodeación.
Foto EDH/ Francisco Rubio

Se enviaron mensajes al director de Centros Penales, Osiris Luna, consultándole cuáles son las condiciones en las que están trabajando los reos. Se le preguntó si recibirán un pago o el beneficio de reducción de pena, pero no respondió. Lo mismo se le consultó al secretario de prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria.

Flores además agrega que hay falta de transparencia: “Desde el punto de vista constitucional, se estaría vulnerando la Constitución indicando que nadie puede ser obligado a trabajar de forma gratuita y también preocupa el hecho de que no se están cumpliendo los derechos constitucionales de las ocho horas laborales diarias, sino que al contrario se está abusando”, opinó el abogado.

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Constructora El Salvador, S.A. de C.V. es una empresa privada creada con fondos públicos.  Su activo asciende a $500,000.00, según el registro de matrícula de la empresa. Ha mantenido en secreto sus detalles de propiedad y ganancias desde su creación. Por lo que la ciudadanía salvadoreña no puede acceder a información fundamental como, por ejemplo, sus ingresos, gastos, ni quiénes integran su directiva, lo que contradice la transparencia en el uso de millones de dólares.

Esta opacidad persiste a pesar de que la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha declarado ser la accionista mayoritaria y le ha donado bienes estatales por un valor de 14.2 millones de dólares. El Centro Nacional de Registros (CNR), encargado de tener pública esta información según el Código de Comercio, la Ley del Registro de Comercio y su propia ley, ha ignorado estas normativas.

Además, la DOM calificó la escritura de constitución de la Constructora El Salvador como "información confidencial", lo que mantiene oculta la gestión de estos recursos públicos y la disposición de ellos por parte de entidades privadas. El caso de Constructora El Salvador guarda similitudes con los casos de Chivo, la billetera estatal de bitcóin, y de Diario El Salvador, órgano de propaganda gubernamental. En todos estos casos, el Gobierno utilizó sociedades privadas, nutridas con recursos públicos, para evitar ser fiscalizadas.

Según indica la Ley Penitencia, los reos que están por cumplir su condena son los que pueden hacer trabajo público a cambio de una reducción de pena. Foto EDH/ Jessica Orellana

Al revisar la página de la Dirección de Obras Municipales, en el apartado de los procesos para la contratación, se pudo constatar que no aparecen las obras del Centro Escolar República de Dinamarca ni del Instituto Nacional "Acción Cívica Militar" y otras donde El Diario de Hoy comprobó que hay reos con camisas de Constructora El Salvador.

“Es preocupante que se estén ocupando de manera indiscriminada a muchos reos y se esté explotando su mano de obra porque podría indicar de que el gobierno de El Salvador busca mantener un alto número de personas detenidas sólo con el fin de aprovecharse de su fuerza de trabajo sin la necesidad de pagar salarios, prestaciones, y ni siquiera otorgarles los beneficios penitenciarios”, añadió Flores. 

El gobierno pidió un decreto que le posibilitara escoger a los constructoras para las obras en escuelas sin tener que pasar por el proceso de licitación. El 4 de marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, contratación y pago de las obras, bienes y servicios relacionados a proyectos e intervenciones en infraestructura educativa.

Cabe mencionar que estas disposiciones establecen que "preferentemente" como modalidad de contratación de empresas se elegirá "personas naturales o jurídicas que hayan demostrado capacidad, compromiso, celeridad en el manejo de anteriores contrataciones con la administración pública o que se encuentren ejecutando proyectos estratégicos de utilidad pública u otros de interés público".

La reparación llegó tres años después 

El 25 de mayo de 2022, el Ministerio de Educación publicó: "El Ministerio de Educación (MINED), en coordinación con la Dirección General de Centros Penales, está dando un nuevo rostro al Centro Escolar Reino de Dinamarca de Soyapango, como parte del proyecto de restauración de la infraestructura escolar".

"Centros Penales apoya al MINED a través de su programa 'Cero Ocio', el cual consiste en que reos en fase de confianza realicen diversas labores en una institución con el fin de dejar un entorno atractivo a la comunidad educativa", expresaba la nota publicada hace tres años.

Reos asignado a la reconstrucción en centros escolares también confirmó que laboran reclusos capturados bajo el régimen de excepción. Según indica la Ley Penitencia, los reos que están por cumplir su condena son los que pueden hacer trabajo público a cambio de una reducción de pena. Foto EDH/ Jessica Orellana

Por su parte, la directora del Centro Escolar Reino de Dinamarca, Claribel Velásquez Cueva, explicaba en aquel momento los beneficios: "El proyecto de reparaciones menores comprende pintar aulas y pasillos con los colores azul y blanco, hacer jardineras, revisar el sistema eléctrico, chapoda y limpieza de áreas verdes colindantes a la institución", expresó.

El Diario de Hoy confirmó con vecinos cercanos al centro escolar que en el año 2022 se iba a empezar con dicha intervención, pero aseguraron que no hubo nada de lo planteado en la nota publicada por el Ministerio de Educación, y es hasta este año que han intervenido la institución.

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A tres años del anuncio de la reparación de la escuela, un padre de familia comentó a este periódico que desde el 1 de mayo de 2025 los maestros y personal que labora en la escuela fueron anunciados que ya no podían entrar y tenían que sacar sus pertenencias porque iban a intervenir el centro escolar.

El pasado 4 de mayo de 2025, la página de Facebook del centro escolar posteó: "Las clases presenciales en nuestra institución están suspendidas desde mañana 05 de mayo. La escuela está siendo intervenida por el Ministerio de Gobernación y Obras Públicas".

Según el Ministerio de Educación, el centro educativo tiene una planta de 45 docentes y una matrícula de 800 alumnos, desde primer grado hasta educación media. Está ubicado en la Colonia Guadalupe, municipio de Soyapango.

Por otra parte, padres de familia han denunciado que entre la basura y el ripio producto de la remodelación había varios libros de la institución.

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