El Salvador sigue sin cumplir recomendaciones de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves su Informe Anual 2024, que ofrece un panorama general de la situación de los derechos humanos en las Américas, incluyendo avances y desafíos, el cual da seguimiento a las recomendaciones hechas a El Salvador.

De las 38 recomendaciones brindadas en el informe de situación de derechos humanos en 2021, el país ha cumplido una, hay 23 con nivel de cumplimiento parcial y el resto están pendientes hasta la evaluación de 2024.

La recomendación relacionada a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no se ha cumplido, puesto que no se ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y ni se ha establecido un Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

“En cuanto al establecimiento del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, si bien el Estado indicó la posibilidad de que la PDDH desempeñe estas funciones, no especificó detalles sobre avances concretos al respecto. En este sentido, concluye que esta recomendación aún se encuentra pendiente de cumplimiento”, dice la CIDH.

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Las recomendaciones relacionadas al derecho de libertad de expresión siguen pendientes de cumplirse. La CIDH señala la preocupación por la negativa sistemática a investigar actos de espionaje contra periodistas y exige que se aborden con diligencia.

“Además, reitera su preocupación por las denuncias de limitaciones al derecho de acceso a la información”, dice el informe.

También está pendiente de cumplirse es la de memoria, verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado, la cual insta a adoptar una Ley de reconciliación nacional acorde con los estándares interamericanos sobre justicia transicional, en particular con respecto a la rendición de cuentas por los actos de los autores de graves violaciones de derechos humanos y en relación con la participación de las víctimas.

Por el contrario, tras el cambio de legislatura y la reestructuración de las comisiones de trabajo, se eliminó la Comisión de Derechos Humanos y Justicia que contaba en el expediente de una propuesta de ley presentada en 2021 por organizaciones de víctimas del conflicto, el cual fue enviado al archivo por parte de la nueva comisión de Seguridad Nacional y Justicia y de la Asamblea oficialista, bajo el argumento de haber perdido su vigencia.

“Al respecto, la Comisión conoció la preocupación y el rechazo expresados por la Mesa de Concertación contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral respecto a este expediente, así como la afirmación de que el Estado no había adoptado medidas para llevar a cabo un proceso participativo ni había dialogado con las víctimas para la elaboración de la ley indicada en esta recomendación”, señala la CIDH.

En la recomendación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado interno, ante la ausencia de información que demuestre avances significativos en estas decisiones judiciales, la Comisión considera que la recomendación continúa parcialmente cumplida.

La CIDH también señala que no se ha cumplido la recomendación de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

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De igual forma, tiene un cumplimiento parcial la recomendación de adoptar un marco jurídico que regule una política nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; la creación de un banco de información genética; los procedimientos de exhumación; y una ley que regule los derechos de los familiares de las víctimas de desaparición.

“Existen medidas parciales sobre la adopción del marco regulatorio de la política nacional de búsqueda de personas, aunque está pendiente la promulgación de una ley sobre la desaparición de personas y la reglamentación del banco nacional de datos, los procesos de exhumación y los derechos de los familiares”, dice la Comisión.

Sobre la organización de la documentación sobre las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado interno, sistematizarla y ponerla a disposición pública de las víctimas, las autoridades del sistema de justicia y búsqueda, y la sociedad en su conjunto, garantizando la adecuada protección de los aspectos sensibles y reconstruyendo los archivos que fueron destruidos o los documentos que no fueron producidos cuando legalmente debieron serlo, se encuentra parcialmente cumplida.

Recomendación cumplida

La recomendación que califica como cumplida en su totalidad es la de brindar capacitación periódica a funcionarios estatales, en particular a los del poder judicial, sobre cómo incluir una perspectiva de género y cumplir con los estándares interamericanos en materia de violencia de género y discriminación, acceso a la justicia para mujeres y niñas, investigaciones con perspectiva de género y debida diligencia del Estado en esta materia a fin de erradicar la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.

“No obstante lo anterior, la Comisión insta al Estado a garantizar la continuidad y la obligatoriedad de las medidas de capacitación solicitadas, asegurando que el concepto de perspectiva de género se difunda y socialice debidamente entre los servidores públicos, incluyendo a los operadores de justicia”, señala.

Mientras que están parcialmente cumplidas otras recomendaciones en la situación de derechos de mujeres, de la comunidad LGBTI, personas en contexto de movilidad humana, defensores de derechos y derechos económicos, sociales y culturales.