Los diputados del oficialismo siguen creando condiciones para que la Dirección General de Obras Municipales (DOM), tenga las puertas abiertas a realizar cualquier tipo de obras, no solo las que competen a las municipalidades; y ahora con más flexibilidad para poder contratar y ofertar servicios de los que ya le otorgó la Asamblea desde que fue creada en noviembre de 2021.
La comisión de Hacienda acordó ayer modificar la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales, con el objetivo de acelerar los proyectos que ejecuta la DOM. Según los funcionarios del Ministerio de Hacienda, que llegaron ayer a exponer las reformas a la Asamblea, esto dificulta poder llevar desarrollo y cumplir las peticiones de las distintas alcaldías.
“Las reformas que se proponen son para garantizar la celeridad en la adquisición de los bienes y los servicios para la ejecución de proyectos a favor de la población”, explicó ayer Mónica Flores, representante del Ministerio de Hacienda.
Cuando la DOM nació, fue diseñada no sólo para administrar los recursos públicos para los proyectos de infraestructura de las 262 alcaldías del país que antes éstas recibían en concepto del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES). Hacienda trasladaba mensualmente más de $300 millones para obras de desarrollo local, pero ahora más del 90% de ese dinero es administrado por la Dirección de Obras Municipales.
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Y no sólo esto, la DOM también es la entidad que decide qué obras se realizan y cuáles no en los municipios, limitando así la voluntad de los ciudadanos de esos sitios y dejando a los alcaldes en una figura prácticamente de “pasa papeles” como cuestionó Pedro Durán, el alcalde de San José Villanueva, en su momento.
La promesa del oficialismo fue que la DOM sería capaz de satisfacer a plenitud y con transparencia las obras que las comunidades urgen; sin embargo, las denuncias de varios alcaldes, incluidos, los del partido en el gobierno, se quejan de que la DOM no atiende sus necesidades o que se ha dedicado únicamente a reparar calles, olvidando la ejecución de programas sociales que demandan los ciudadanos.
Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, argumentó que con las reformas acordadas a la Ley de Simplificación de Adquisiciones para Obras Municipales, podrán atender con prontitud los proyectos municipales.
“Estamos ampliando la capacidad de la DOM. Hemos identificado que a medida los proyectos avanzan en territorio, algunos procesos de licitación son lentos”, justificó.
Sin embargo, la ley de creación de la DOM ya contempla procesos exprés para la adquisición y contratación de bienes y servicios, pues los oficialistas facultaron a la institución a pasarse por alto la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que es la normativa que regula las compras con fondos del Estado.
La DOM es una entidad centralizada que funciona bajo órdenes directas de la Presidencia de la República y a la que en 2021 el Ministerio de Hacienda le trasladó $274.7 millones que eran del FODES, hasta ese entonces administrados por las municipalidades; luego en 2022 le fueron transferidos más de $300 millones que corresponden al FODES. De ese monto, las alcaldías únicamente reciben el 1.5%.
En noviembre de 2021, la Asamblea oficialista aprobó la “Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales” con tal de conferirle a la DOM, la facultad de obviar la LACAP en todas las obras de infraestructura, bienes y servicios municipales.
Pero en las reformas acordadas ayer a dicha ley, estas excepcionalidades se amplían de forma extraordinaria. Por ejemplo, facultan a la DOM para suscribir contratos cuya vigencia sea de 12 meses, en los que dicho plazo se encuentre en dos ejercicios fiscales.
Además, en el caso de contratos de servicios como telecomunicaciones, servicios de impresión e internet u otros, se podrá contratar por más de un ejercicio fiscal hasta 36 meses, y en el caso de vehículos en modalidad de arrendamiento financiero o leasing (con opción de compra), hasta 60 meses.
En casos excepcionales y cuando la obra, bien o servicio sea indispensable, el titular o la autoridad responsable podrá adjudicar el contrato con rangos fuera de los precios validados como razonables, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria para ejecutar el proyecto.
En casos aprobados por la Directiva de la DOM, el diseño, supervisión y construcción podrá realizarse por administración directa de la DOM, pudiendo para tal fin adquirir inmuebles, maquinaria, equipo, materiales y contratar el personal que realizará dichos trabajos; en caso de necesitar contrataciones de carácter personal será contratado temporalmente ya que en dichos casos no aplicarán los métodos de adquisición regulados en la ley citada, entre otras medidas especiales.
Cabe mencionar que junto a esta iniciativa de reforma, el Ejecutivo pidió a la Asamblea reformar la Ley de creación de la DOM, para autorizarla a invertir en obras de instituciones del Estado. Esta propuesta no fue recibida en la Comisión de Hacienda ayer, pese a que ingresó hace unos días junto a la petición acordada ayer.