Contrario a los compromisos adquiridos por el Estado de El Salvador en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención De Belém Do Pará”, el gobierno ha puesto candados a toda la información relativa a los feminicidios.
Ante esto, ARENA pidió este martes eliminar la reserva de información que el Ejecutivo le ha puesto a las cifras de muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas, exparejas o por cualquier otro hechor, esto en el marco de los 8 feminicidios que se han registrado entre el 1 de enero al 13 de febrero.
“Hemos experimentado un rápido y peligroso repunte de violencia hacia las mujeres, datos que se han obtenido del rastreo de medios informativos y denuncias públicas, lo que agrava aún más el abordaje del fenómeno, pues las autoridades han silenciado los datos y estadísticas que permitirían conocer las causas del repunte, identificar las falencias de los planes de seguridad, y contar con respuestas eficaces”, dice ARENA.
Señala que en la mayoría de casos, los perpetradores han sido sus parejas y ex parejas, por lo cual valoran que es “descabellado pensar que únicamente con mandar a más elementos de las Fuerzas Armadas a poblar las calles se combatiría el fenómeno”.
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Añaden que lejos de cumplir con sus compromisos internacionales, el gobierno ha silenciado de ofrecer información sobre feminicidios, desapariciones forzadas y otros tipos de violencia en contra de las mujeres, a instituciones como la Fiscalía, la Policía y al Instituto de Medicina Legal, que son las responsables en El Salvador de alimentar el Sistema Nacional de Datos, Estadística e Información sobre Violencia contra la Mujer, de acuerdo con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres.
Lo anterior significa un retroceso a tasas de feminicidios que se tenían en 2020 que ya habían sido superadas, afirma ARENA. Añaden que el régimen de excepción pausó las investigaciones y búsqueda de mujeres desaparecidas, procesos judiciales y afectó en la baja producción de condenas por este delito, de acuerdo al informe anual de la Fiscalía entre el periodo de 2021 a 2022.
Entre sus peticiones, ARENA también solicitó dotar de una partida presupuestaria al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), a fin de potenciar el Programa “Casas de Acogida” y crear beneficios de vivienda con la finalidad de atender y proteger a las mujeres y sus grupos familiares que enfrentan serios problemas de violencia que amenazan sus vidas, antes de que ocurran hechos fatales.