Hace más de tres años, apenas un par de meses después de llegar al poder, el actual gobierno propuso mediante el Ministerio de Hacienda un pliego de reformas a la Lacap (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública) que ahora están incluidas en la nueva Ley de Compras Públicas (LCP).
Y precisamente una de las pretensiones que quedó en el congelador en 2019 (pero que se consumó en 2023) fue cambiar el artículo sobre el rol del Fiscal General en las contrataciones y dejar amplias facultades en manos de la UNAC en aquel momento (ahora es la DINAC) para centralizar todas las compras del Estado.
Además, de acuerdo al texto presentado y que fue analizado por una subcomisión especial de la anterior Asamblea, el gobierno propuso la creación de tres nuevas formas de contrataciones en el Estado: Licitación Simplificada para Convenio Marco, Licitación Simplificada por Subasta Electrónica y Baja Cuantía.
En las primeras dos modalidades de licitación que se buscaba implementar se planteaba un cambio en el término de “licitación pública” que, de conformidad a la Constitución en su artículo 234, es la forma principal de contratación y las demás formas son excepciones, y se le denominaba “licitación simplificada”. En la nueva ley aprobada el término que finalmente dejaron fue Licitación Competitiva.
Y en el caso de la Licitación Simplificada para Convenio Marco iba a ser la jefatura de la UNAC la que tomaría todas las decisiones sobre la contratación de los bienes muebles del Estado, lo cual contrariaba la Constitución en lo que se refiere a las facultades del Fiscal General en los contratos de bienes muebles estatales, según advirtieron expertos también en aquella ocasión.
Al firmar contrato sobre un bien mueble del Estado, la jefatura de la UNAC asumiría un rol que reñiría con la facultad constitucional del Fiscal General. Sin embargo, lo incluyeron en la ley DINAC.
En aquel momento, el gobierno había enviado una propuesta en la que relegaba al representante del Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles, es decir propiedades.
Pero diputados de oposición, así como gremiales y varios expertos señalaron las violaciones de ley que implicarían aquellas reformas propuestas y tras una discusión técnica con los que iban a ejecutar la normativa, los cambios no se aprobaron y quedaron entre los expedientes de la subcomisión legislativa que las analizó. Y ahora en 2023 han quedado plasmadas en la supuesta “nueva” ley.