Un total de 3,086 casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción, registró Cristosal, entre el 27 de marzo al 31 de diciembre de 2022.
Mientras que 3,211 personas fueron vulneradas en sus derechos, de las cuales el 85.9% son hombres y el 13.4% son mujeres, señaló la organización no gubernamenta. También se registraron 53 personas de la población LGTBIQ+ afectadas.
Los datos recopilados por Cristosal demuestran que las personas entre los 18 y 30 años de edad siguen siendo los más afectados por los abusos cometidos durante el régimen de excepción.
Las víctimas de esa edad representan el 59%, luego siguen las personas entre los 31 y 41 años con un 24%, los de 42 años y más representan el 11.8% y niños y adolescentes entre 12 a 17 años el 1.2%.
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En cuanto al tipo de violaciones a derechos humanos denunciados está en primer lugar las detenciones arbitrarias, allanamiento ilegal de morada y malos tratos.
Esta semana el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro aseguró en el programa Frente a Frente, que 3,313 personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas hasta el 3 de enero, debido a que no se pudo establecer su vínculo con las pandillas.
Además, el ministro dijo que durante el régimen de excepción han sido capturadas 61,300 personas hasta el 3 de enero de 2023, pero que aún falta que detener a más.
En cuanto, a los victimarios Cristosal reporta que el 75% de los abusos son cometidos por personal de la Policía Nacional Civil (PNC) un 19.9% por integrantes de los grupos entre PNC y Fuerza Armada (FAES) y un 6.3% por integrantes del Ejército.
Acoso policial
Entre las personas que han denunciado capturas arbitrarias en Cristosal se encuentran 249 personas con enfermedades crónicas y 53 personas con discapacidad.
Otro de los abusos cometidos por agentes del Estado según los datos de Cristosal son las amenazas de captura hacia los familiares de los detenidos, de los cuales hay 137 denuncias.
También, se han registrado 29 casos de acoso policial hacia los familiares de personas capturadas durante el régimen.
En abril de 2022, la policía se presentó en la vivienda del estudiante Elbin Hernández (seudónimo), de 26 años, en el departamento de San Salvador, y amenazó con detenerlo y matarlo, según contó un familiar a Cristosal. Hernández huyó de su casa.
El familiar contó que en reiteradas oportunidades policías han ido a buscarlo a su casa durante el régimen de excepción.
En algunos casos específicos, la policía habría detenido o amenazado con detener a personas por incidentes previos; por ejemplo, como aparente represalia por haber denunciado alguna conducta policial a la Fiscalía General de la República o a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, señala un informe realizado por Human Rights Watch en conjunto con Cristosal.
La organización no gubernamental también lleva un registro de personas que temporalmente permanecen desaparecidas tras ser detenidas. Son 106 casos en los que los familiares no conocían el lugar a donde fue llevado su familiar tras la detención.