Juez impone 390 años a siete pandilleros por la masacre de Opico

Dos menores de edad fueron condenados en octubre 2016, a 5 y 15 años. Prueba científica pesó más que lo dicho por imputado beneficiado

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Los asesinos no estuvieron en la sala de audiencia en San Salvador, están en el penal de Gotera, Morazán. foto edh / JORGE REYES

Por Jaime López

2017-05-24 6:24:46

La prueba científica fue más contundente que las confesiones de un imputado (testigo con beneficio penal con clave Islámico) para que el Juez Antimafia de Sentencia “A” impusiera 390 años de cárcel (aunque por tecnicismos solo deberán cumplir 40 años) a cada uno de los siete pandilleros encontrados culpables del asesinato de tres agricultores y ocho técnicos de una empresa de distribuidora eléctrica.

El vaciado de celulares de pandilleros, el cotejo de las armas decomisadas a los imputados con los casquillos de los proyectiles hallados en la escena de la masacre, no dejaron duda en el juez que los siete detenidos habían participado en la masacre de la mañana del 3 de marzo del año pasado en cantón Agua Escondida en San Juan Opico, La Libertad.

Pesó fuerte el hecho de que los imputados hayan asesinado a las víctimas sin razón y a sangre fría, porque antes de quitarles la vida habían descubierto que no eran ellos a los que buscaban.

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Días antes, un pandillero de la 18 había sido ultimado por los MS-13 y para vengarlo habían planeado un ataque en su propio territorio.

“En Opico matamos a la gente que no era , que no andaba metida en nada”, fue una de las declaraciones que el cabecilla, segundo al mando del grupo criminal (Islámico), reveló durante el juicio y que influyó en la resolución del juez. Las víctimas habían llegado a realizar excavaciones para colocar postes del tendido eléctrico en el caserío La Flor cuando fueron sorprendidos por los mareros.

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Uno de las 11 víctima sintió mucho miedo y salió corriendo, lo que desencadenó en su ataque. A otro más le encontraron un carné de la Fuerza Armada, suficiente para su muerte y de ahí con el resto.

Tanto los jornaleros como los técnicos eran la principal fuente de ingreso de sus humildes familias, lo que hizo que dejaran en la orfandad a varios niños.

Consta en el expediente judicial que el cabecilla José Alfredo Landaverde, alias Coche, llamó a un grupo de 16 pandilleros del cantón Primavera de Quezaltepeque para ir a vengar a uno de sus compañeros.

El testigo en el que la Fiscalía fundamentó su acusación fue criticado por el juez Antimafia, pues en su condición se quería hacer pasar como una “blanca paloma” y ser tratado “como un príncipe”.

Citó al menos algunas incongruencias en las que cayó el imputado con beneficios: dijo que uno de sus compinches (alias Aquiles) el día de los hechos portaba un fusil m-16 y llevaba una pistola 9mm.

De igual forma afirmó que el sujeto alias el Baba estaba armado de una escopeta y se demostró otro tipo de armas; además no supo identificar al grupo por sus verdaderas identidades sino por sus apodos, pese a ser el segundo palabrero al mando.

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Además el juez dijo que omitió información importante para esclarecer los hechos con miras más que colaborar con la Fiscalía, a proteger a sus compinches y burlarse del sistema de justicia.

A pesar de las inconsistencias del testigo, quedó establecido que el día de los hechos portaban una docena de armas lo suficiente para someter a los trabajadores, que solo sus herramientas los acompañaban.

Además los obligaron a ponerse de rodillas en total indefensión.

Al final de la resolución y a la salida de la sala de audiencias, uno de los dos fiscales del caso, dijo sentirse satisfecho con el fallo judicial.

“Consideramos que el juez valoró todas las pruebas que permitían sostener la existencia del delito como la autoría de cada uno de los procesados”, detalló el fiscal.

En cuanto a los cuestionamientos del juez, el fiscal defendió los aportes del imputado favorecido, pues el juez no solo basó su resolución en lo dicho por el testigo sino en todas las pruebas.

“La declaración del testigo fue fortalecida y valorada con prueba científica y directa de los hechos”, dijo.

El fiscal negó que el testigo se haya guardado información relevante que impidiera determinar la participación de los sujetos en los ilícitos.

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El abogado Wilfredo Mejía, afirmó que apelarán la sentencia ante un tribunal superior porque el testigo Islámico de la Fiscalía no fue juramentado y el juez aunque se lo hicimos ver no se pronunció.

El pronunciamiento de las partes

Wilfredo Mejía, abogado:
“El equipo de defensores analizará la sentencia y estudiará la posibilidad de solicitar su anulación, porque el testigo Islámico no fue juramentado y nosotros se lo dijimos al juez y no se pronunció”.
Juez Antimafia:
“El testigo con criterio de oportunidad (imputado favorecido) careció de eficacia (en sus revelaciones). No deben ser tratados como blancas palomas porque obstaculizan y confunden las investigaciones”.
Fiscal del caso:
“Nosotros tratamos a los testigos como personas no como blancas paloma o (príncipes como dijo el juez), los tratamos con dignidad como lo establece la Constitución y contratamos su versión con otras pruebas”.