Mala
aplicación de la Ley
Parecería que el
principio que reza "la detención debe ser
la excepción y no la regla" ha pasado al
olvido de algunos aplicadores de la justicia que
se han dado a la tarea de perseguir y amedrentar
a ciudadanos honestos
El Diario de
Hoy
Si
bien es cierto que la justicia es, por principio
constitucional, equitativa e igualitaria,
también lo es que no se le puede dar el
mismo trato a un violador o asesino con un largo
historial criminal, que a una persona que
enfrenta una denuncia de carácter
patrimonial o de índole económico
o por accidente de tránsito.
De ser así,
bastaría que cualquier ciudadano con sed
de venganza o intereses oscuros, acudiera a la
Policía o Fiscalía a interponer
una denuncia para destruir el buen nombre y el
prestigio de una persona, actitudes que no son
de dominio exclusivo de personas
adineradas.
Astor Escalante Saravia, ex
fiscal y reconocido abogado de la
Asociación Nacional de la Empresa Privada
(ANEP), se muestra preocupado por la actitud que
están asumiendo algunos jueces y ex
colegas.
Escalante confirma la
existencia de casos de muy mala
aplicación de la ley cuando se hace
presión a nivel penal en situaciones que,
eventualmente, pueden tener una salida distinta
al ámbito penal, es decir, el mercantil
civil.
Acepta que este censurable
método es usado por abogados incapaces de
poder llegar a un acuerdo conciliatorio,
incluso, de manera extrajudicial.
A ello agrega recientes
actuaciones de la Fiscalía General, que
se ha dado a la tarea de solicitar en todo
requerimiento la instrucción con
detención provisional.
En algunos casos los jueces
actúan en complicidad con la
Fiscalía, al no analizar en forma
más detenida las posibilidades concretas
de la naturaleza del delito y si los
presupuestos de la detención en esencia
se dan o no se dan. Esto puede llevar a revertir
las decisiones judiciales en los primeros
momentos de la siguiente etapa del proceso, que
es la instrucción,
apuntó.
"La actitud de algunos jueces
yo la puedo resumir en que existe un uso
indiscriminado de procesamientos y decretos de
detención provisional contra las
personas", indica el abogado acusador de ANEP en
casos de secuestros.
En cuanto al papel de los
fiscales, propone que estos deben capacitarse
puesto que es muy importante la
racionalización de la política
criminal y del ejercicio del poder penal del
Estado en cuanto a requerir y perseguir el
delito.
Para el caso, afirma que la
Fiscalía tiene otro grave problema que se
refiere a presentar acusaciones, a veces por
tres, cuatro o cinco delitos, a una persona,
cuando sólo tiene base para requerir por
uno.
"Tiran un atarrayazo para ver
cuál cae. Es una política no de
todos los fiscales pero sí de muchos",
asegura.
Presionan por
dinero
La jueza 11a. de Paz, Paula
Patricia Velásquez, acepta haber tenido
casos en los que ha detectado que los
denunciantes quieren aprovecharse de la
situación de los imputados para obtener
provecho económico. Sin embargo, asegura
que los jueces no se deben extralimitar en sus
funciones y deben saber actuar apegados a
derecho.
Menciona los artículos
292 y 293 del Código Procesal Penal que
se refieren a la detención provisional de
una persona.
Antes de ordenar el arresto
es necesario valorar la conducta que ha tenido
el acusado, su situación social y
laboral, porque no es lo mismo procesar a una
persona sin trabajo y con antecedentes
delincuenciales, que a una persona con trabajo,
familia y arraigo social. El abogado Oscar
López Jerez afirma que la Fiscalía
pretende, en ocasiones, arreglar por la
vía penal asuntos mercantiles, para
coaccionar al acusado a pagar lo que de entrada
no sabe si debe.
