No hay
visos de conciliación
Pugna
entre Ejecutivo y Judicial por veto de
Flores
Los órganos
Ejecutivo y Judicial han entrado en una pugna
después del veto del Presidente de la
República al aumento salarial a los
empleados judiciales. Los afectados sostienen
que el veto es inconstitucional.
- Mario
Martínez
- El Diario
de Hoy
La
crisis inició el viernes cuando el
mandatario Francisco Flores vetó
(rechazó) el aumento debido a que
éste generaba una desigualdad en los
ingresos percibidos entre los empleados
judiciales y el resto que labora en otras
oficinas públicas.
El presidente de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo
Tenorio, sostuvo que Flores se ha tomado
atribuciones que no le concede la
Constitución Política.
Los detractores del
veto se amparan en el Artículo 182 de la
Constitución Política, en su
Ordinal 13º, que establece que es facultad
del Organo Judicial elaborar su propio
presupuesto, el cual deberá ser aprobado
por la Asamblea Legislativa.
Consenso
La Asamblea no
podrá hacer modificaciones al mismo, sino
sólo en consenso con el Organo
Judicial.
Agregan que en la misma
Carta Magna no se establece como una
atribución del Ejecutivo modificar el
presupuesto judicial.
El Decreto 757, donde
se establece el aumento salarial a los empleados
judiciales, fue aprobado por la Asamblea el 10
de noviembre pasado, donde se dice que los
empleados beneficiados gozarán de un
aumento entre el 5 al 10 por ciento de su
salario, excepto los magistrados, Presidente y
Secretario General de la CSJ.
Según el
decreto, el aumento no significa un refuerzo en
el presupuesto del Organo Judicial, que es de
857 millones 596 mil 70 colones.
El monto de los
aumentos será de 7 millones 200 mil
colones, que se han obtenido del ahorro interno
de la misma CSJ, reza el Decreto
Legislativo.
Según la misma
Constitución, el Organo Judicial
recibirá el seis por ciento del
Presupuesto General de la Nación, que ya
fue aprobado por la Asamblea.
Inconveniente
El presidente Flores
vetó el decreto por inconveniente, "por
cuanto genera más desigualdad entre los
salarios de los empleados públicos".
Agrega un comunicado presidencial, que el
aumento hubiese significado que un ordenanza del
Organo Judicial ganaría casi el doble que
un ordenanza del Ejecutivo y hasta tres veces
más que uno del sector
privado.
¿Interferencia?
Sin embargo, los
afectados sostienen que el Presidente no debe
interferir en los asuntos administrativos del
Organo Judicial.
Por su parte, el
mandatario sostuvo que continuará vetando
el aumento a los trabajadores
estatales.
El conflicto
podría ser dirimido por la Asamblea
Legislativa, quien podría superar el veto
con mayoría calificada (56 votos),
después de eso, el Presidente
deberá sancionar y publicar la ley
(decreto).
En caso de que el
mandatario vetare la ley por considerarla
inconstitucional, y aún así la
Asamblea la ratifica, será la Corte
Suprema de Justicia la que decida si la ley es
constitucional.
Sin embargo, este no es
el caso del veto a los aumentos salariales, ya
que el presidente Flores se basa en razones de
"inconveniencia" y no consigna que la ley
contradice la Constitución de la
República.
Tenorio afirma que el
presupuesto del Organo Judicial fue discutido
durante meses y que no implica ningún
refuerzo presupuestario, además que es
justo.
Sin embargo,
será la Asamblea Legislativa la que
tiene, por el momento, la última palabra,
aunque será difícil reunir los 56
votos, ya que el decreto fue aprobado
sólo por 43 diputados.
