Debate e
investigación por fallos
Tres días después de que se
hicieran públicas las resoluciones de dos
jueces en los casos de Benedicto y Lafise,
éstas siguen provocando malestar en el
ámbito político y de seguridad
pública. Los jueces dicen que se
mantienen firmes y no temen a una
investigación
El Diario de
Hoy
Dos
polémicas resoluciones judiciales se
mantienen aún en el debate
público, a tal grado que la Corte Suprema
de Justicia habría iniciado ya la
investigación de al menos uno de los
jueces duramente cuestionados.
Las críticas y defensas en el campo
político y de seguridad pública
surgieron a partir del martes, cuando dos jueces
dieron por cerrados dos casos de gran
interés para la opinión
pública.
El juez 1o. de Instrucción, Levis
Italmir Orellana, puso en libertad a José
Benedicto Villanueva, por considerar que no
cometió delito al esconder entre sus
genitales más de 17 mil colones
falsos.
Su colega, el juez 6o. de Instrucción
Roberto Arévalo Ortuño,
decidió dar por cerrado el caso de estafa
en la casa de cambios Lafise, y exoneró
de culpabilidad a seis empleados que se vieron
favorecidos con los 26 millones que en esa
institución se defraudaron.
Ambos recalcaron ayer que sus resoluciones
están apegadas a derecho y que no se
arrepienten de las mismas.
Es más, dijeron no temer a una
auditoría del Departamento de
Investigación Judicial de la Corte
Suprema de Justicia.
Absurdas
El Ministro de Justicia y Seguridad
Pública no comparte las actuaciones de
los jueces de instrucción de San
Salvador.
Francisco Bertrand Galindo se mostró
consternado por sendas resoluciones, a las que
califica de absurdas y poco razonadas.
En el caso de Lafise, afirma haber recibido
una sorpresa que lo llevó a sostener una
conversación con el Fiscal General de la
República, Belisario Arti-ga, debido a
que los fraudes financieros "hacen un gran
daño a los países y, generalmente,
pueden estar vinculados con otras
organizaciones".
Cheques falsos
Antes de ser nombrado ministro, el doctor
Francisco Bertrand Galindo fungió como
Superinten-dente del Sistema Finan-ciero.
Afirma que dentro de la entidad se
emprendió una investigación con
mucha seriedad, pero lamentó la poca
importancia que a ésta le dio el juez
Arévalo.
"Un testigo que aparece de repente, que visto
desde afuera no es tan sólido, le dan
importancia y no así al informe de la
Superintendencia", se quejó el
Ministro.
Insistió
en que la Superintendencia pudo establecer con
claridad que hubo falsificación de firmas
de funcionarios para que se elaboraran cheques
por los 26 millones de colones.
A eso, agrega, que se establecieron los
nombres de las personas que recibieron esos
pagos.
El Ministro dice que todos estos hechos no se
tienen que ver de forma aislada para poder
determinar el problema que ahí ha
pasado.
"Puede ser que el criterio de
evaluación del hecho no se ve
integralmente, sino que se ven más
elementos aislados, pero que en la secuencia
lógica sí pareciera que hay una
coherencia y relación".
En tal sentido, el ex superintendente se
pronuncia por una mayor profundización en
las investigaciones en el caso Lafise, sobre
todo, en lo relativo a la falsificación
de los cheques que valieron la fuga de los
¢26 millones.
El caso de Lafise pasará a
conocimiento de la Cámara 3a. de lo Penal
de San Salvador, para que confirme o modifique
el fallo del juez Arévalo.
Falla en fallos
En el caso de la liberación de
Benedicto, el ministro Bertrand no deja de
sorprenderse.
Para él, en este caso, no se trata de
que haya vacíos de ley, como dice el juez
Italmir Orellana, sino de mala aplicación
de leyes.
"Mi formación con los maestros que
tuve me dice que ningún aplicador de la
norma puede alegar que está aplicando
bien la norma, si como resultado da una
solución absurda o no razonable, ya que
pudiera ser que tener billetes falsificados, por
sí solos, no pudiera ser delito. Pero el
juez tiene acceso al resto de la
información, conoce que estamos hablando
de una banda involucrada en hechos reales de
violencia", insistió.
En el caso de Benedicto, no se deben ignorar
las circunstancias y los contextos. Se debe
seguir un principio lógico.
CSJ investiga
El presidente de la Corte Suprema de
Justi-cia, Eduardo Tenorio, no descartó
la posibilidad e investigar a los jueces autores
de dos controversiales resoluciones dictadas en
los últimos días.
Ayer trascendió que en uno de los
tribunales en cuestión es objeto de una
auditoría por parte del Departamento de
Investigación Judicial de la CSJ.
"Si hubiese un mínimo de duda sobre
las resoluciones (Lafise y Benedicto), creo que
están generalizando por casos aislados y
creo que no se deben generalizar en casos como
que los jueces no valoraran pruebas",
defendió Tenorio.
Sin embargo, Tenorio dijo que se
investigará a los jueces, ya sea a
petición de la Fiscalía o
acusadores particulares.
Dijo también que la Corte puede
investigar de oficio con base en las denuncias
aparecidas en los diferentes medios de
comunicación social.
Consideró que todas las resoluciones
de los funcionarios judiciales se deben
fundamentar y argumentara debidamente.
La Corte tiene la autoridad de investigar
cuando ha existido alguna incorrección o
una grave incapacidad, reiteró.
Dijo que si los abogados tienen fuertes
sospechas sobre las actuaciones judiciales,
deben recurrir a instancias superiores.
Agregó, enfáticamente, que las
Cámaras están ahí para que
sean los magistrados de éstas los que
determinen si el criterio judicial está
apegado o no a la realidad o a las pruebas de la
Fiscalía General.
