Polémica ante
dos fallos
-Si tiene ¢60 millones en dinero
falso, nadie podrá hacerle nada, -Si le
sustraen ¢26 millones, probar el
daño no le servirá de nada
El Diario de
Hoy
Si
la lógica e interpretación
jurídica sobreviven al sentido
común de los ciudadanos y a las
preocupaciones contra la criminalidad, dos
conductas podrían quedar impunes en el
país.
Hecho uno: mantenga en su casa sesenta
millones de colones en billetes falsos y nada le
ocurrirá. No irá a la
cárcel. No lo podrán detener, a
menos que le prueben que usted los
fabricó o que decida visitar un centro
comercial y tratar de comprar un bien con ese
papel impreso.
Al menos esa es la interpretación de
un juez, quien alega que la tenencia de billetes
falsos no es delito en El Salvador porque a
ningún legislador se le ocurrió
prohibir esa conducta.
Hecho dos: usted puede perder ¢26
millones de sus cuentas bancarias cuando alguien
que le rodea decida hacerlo mediante
malabarismos financieros. Cuando conozca que le
faltan los ¢26 millones, corra a las
autoridades, dígales lo que
ocurrió, y posiblemente nada
pasará.
Como reacción, se desesperará.
Corra al banco y saque los cheques con los que
le saquearon las cuentas bancarias de su
empresa. Llévelos a los tribunales.
Muestre sus cuentas bancarias. Muestre que usted
tenía el dinero en sus cuentas. Alegue
que usted jamás autorizó el retiro
de los ¢26 millones. Diga que le han
desviado sus fondos. Pida investigaciones y,
posiblemente, nada tampoco pasará.
No se rinda: pídale a la
Superintendencia de entidades financieras que
emita un informe sobre lo que le sucedió.
Ellos dirán que se sospecha que
colaboradores suyos, incluidos contadores, le
sacaron mediante todo tipo de acciones, los
¢26 millones. Lamentablemente, eso tampoco
le servirá de nada ante un tribunal.
No pierda la lucha: recuérdele a los
tribunales que una persona fue acribillada a
balazos en un caso presumiblemente relacionado
con lo que le sucedió. Eso tampoco
servirá para que encuentren a los
responsables. ¿Sabe por qué?
A pesar de probar usted el perjuicio
patrimonial, de coleccionar cheques con los que
se ejecutaron los desvíos, de mostrar los
informes de un órgano del Estado, le
dirán que nada ha pasado porque sus
libros contables no estaban legalizados.
Quizá le dirán que pruebe el
origen del dinero y que lleve el certificado
personal de conclusión de estudios
secundarios. Pero, su problema no se
arreglará.
No bastan las certificaciones bancarias. No
bastan los estudios. No bastan los estudios de
los cheques ni las transacciones bancarias. A
quienes le distrajeron el dinero, no le
preguntarán, jamás, de
dónde obtuvieron los ¢26 millones.
Eso sí: a usted le preguntarán por
los libros que demuestren que el dinero es suyo.
Aquí no son suficientes los informes de
los bancos ni que sus personeros confirmen los
depósitos en sus cuentas.
Casos
reales
Todo eso que le narramos está ligado
con una nueva polémica sobre dos
resoluciones judiciales que encara el
país.
En el primer caso, a José Benedicto
Villanueva le encontraron, pegados en sus
testículos, 17 mil colones en billetes
falsos.
Hace dos días, el juez Primero de
Instrucción, Levis Italmir Orellana,
liberó a Villanueva tras estimar que la
tenencia de dinero falso no está penada
en el país.
De acuerdo con eso, El Salvador gastó
más de cincuenta millones de
dólares en la construcción de sus
nuevos códigos (incluidos el Penal y el
Procesal Penal), y a sus creadores se les
olvidó sancionar esa conducta.
En otras palabras, coleccione 60 millones de
colones en billetes falsos y cuando se le
acerque la Policía diga que los utiliza
para jugar monopolio o que con ellos simula
pagos a sus amigos cuando juega a las cartas.
Allí acabará la acción
penal.
El Artículo 279 del Código
Penal menciona que el "que fabricare o alterare
moneda nacional o extranjera de curso legal,
será sancionado con prisión de
tres a diez años". También se
sanciona la falsificación, introducir en
el país, expender o poner en
circulación moneda falsa.
En este caso, de aceptarse las razones del
juez Italmir Orellana, la mera tenencia de
billetes falsos no es un delito en El
Salvador.
Caso Lafise
Este caso es más complicado: a Lafise,
una casa de cambio, se le desaparecieron
¢26 millones de sus cuentas bancarias. Un
informe de la Superintendencia del Sistema
Financiero, en poder de la Fiscalía,
menciona que en la sustracción
habrían participado seis empleados de la
casa de cambio. Entre ellos se incluye al
contador, Francisco Esquivel. Este último
se abonó en sus cuentas ¢13
millones.
Hace dos días, el juez Roberto
Arévalo determinó que, aunque
está claro que el dinero fue cancelado
por dos bancos locales, para él no se ha
comprobado que el pago sea ilícito.
Los dueños de la casa de cambio alegan
que les hurtaron el dinero. Probaron el
perjuicio. Llenaron de documentos al juez.
Ahora Arévalo alega que no sabe bajo
qué concepto se realizaron los pagos por
¢26 millones. ¿Quien falló?
¿El juez? ¿La Fiscalía?
¿Nadie preguntó a los presuntos
imputados por qué recibieron el dinero?
¿Nadie los obligó a probar las
razones por las que recibieron el dinero?
¿Acaso se estimó que eso no es
necesario? ¿Nadie los interrogó?
¿Nadie preguntó nada?
De acuerdo con el fallo, ni siquiera los
indicios de una posible conducta
antijurídica podrían servir para
que el caso se resuelva como debe hacerse.
Quizá por ello es que el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Jorge Eduardo
Tenorio, no descartó ayer la posibilidad
de investigar a los jueces que tomaron ambas
decisiones.
