Viernes 3 de noviembre 2000


Absuelven a ex federativos de al menos cuatro delitos

Patricia Velásquez, jueza décimo primera de paz, anuló a los fiscales en el caso de la FEDEFUT. Aún cuando no se encontró indicios penales hacia los implicados del caso todavía hay que dilucidar si habrá sanciones administrativas o patrimoniales.

Rodrigo Baires
El Diario de Hoy

Mi resolución tendrá controversias...", auguró Paula Patricia Velásquez, jueza del décimo primero de paz, antes de leer la resolución de la audiencia inicial del caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT). Sus palabras se cumplieron al pie de la letra.

Durante el tercer día de alegatos los diferentes defensores de los implicados en el caso habían seguido la misma línea: Ser miembro de la junta directiva de la federación no implicaba tener el título de empleado público por lo que se solicitaba el sobreseimiento definitivo de los cargos hechos por la Fiscalía.

A escasos dos metros, bañados por la brisa de un ventilador, Jorge Guadrón y Ulises Villatoro, fiscales encargados del caso, tomaban notas de los alegatos de descargo.

Sus miradas no denotaban preocupación, máxime cuando el mismo discurso había sido utilizado por Arturo Méndez Azahar, asesor jurídico de Juan Torres, expresidente de la FEDEFUT, en la fase de incidentes y había sido 'evacuado' por la Jueza Velásquez como no procedente.

Pero ayer,alrededor de las 9:00 p.m., las cosas cambiaron. Rigoberto Ortiz acababa de pedir la exoneración definitiva del asesor de la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, José Antonio Mena, y la jueza de la causa pidió un receso de dos minutos para dar a conocer su resolución.

¿Y el derecho de réplica? Según explicó Villatoro en ningún momento se le brindó a la parte acusadora el derecho de réplica violentándoseles así, el derecho de igualdad procesal, algo que podría se utilizado para apelar a la resolución de la jueza.

Los fiscales habían dicho unas horas antes que al replicar los alegatos de la defensa abrían la posibilidad de que los defensores hicieran lo mismo. Guadrón había afirmado que estaban analizando las pruebas de desacargo para tomar una decisión.

A la larga, pareció que los representantes del ministerio público se apadrinaron en el supuesto que las pruebas presentadas eran más que suficientes... Algo falló.

¿Ganadores?

Antes de dar a conocer la resolución, Velásquez afirmó que aún cuando la FEDEFUT es una entidad autónoma de utilidad pública que brinda un servicio a la comunidad -recreación a través del deporte- la carencia de este servicio no genera un vacío en las necesidades básicas de la población, como lo haría, por ejemplo, la falta de agua potable.

Con ello, la jueza dio por válidos los argumentos de los 18 defensores y tiró por la borda toda la teoría fiscal. El resultado inmediato, basados en el Artículo 308, inciso primero, del Código Procesal Penal, fue el sobreseimiento definitivo de los delitos de peculado, malversación de fondos y el de negociaciaciones ilícitas, ya que el hecho no constituía un delito per se por no ser empleados públicos.

A la vez se dio sobreseimiento definitivo al delito de falsedad documental agravado al que se vinculaba a Torres, Roberto Gamero, Federico García, Pedro Valencia y Fidel González.

En el caso de Fredy Vega, exgerente de selecciones, y de Guillermo Valiente, ex subgerente de Dintasa -empresa de la familia de Juan Torres-, Vásquez estimó la destimación de los cargos y dejó en manos de la Corte de Cuentas el análisis del examen especial para que a través del Juicio de Cuentas se determine si hay responsabilidad administrativa o patrimonial.

De igual forma se abre la puerta para que la Comisión Normalizadora, actual regente de la Federación, pueda declararse ofendida ante la Fiscalía para proceder. El mismo caso se aplicaría en el delito de administración fraudulenta imputado a los exmiembros de la junta directiva.

En el caso de Juan de Dios Pérez, director de Responsabilidades de la Corte de Cuentas, y José Antonio Mena, asesor de la presidencia del entre contralor, se desestimaron los cargos de actos arbitrarios porque en última instancia quien tiene el poder de decisión y avala la actuación del ente es el presidente del mismo, el señor Rutilio Aguilera.

Junto a la Fiscalía, el gran perdedor de la noche fue Pablo Noe Recinos Valle, auditor interno, externo y notario de la Federación Salvadoreña de Fútbol, quien fue encontrado con indicios de responsabilidad penal por el delito de falsedad documental agravada.


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