Miércoles 1 de noviembre


Suspenden audiencia en caso FEDEFUT

Cinco de los trece imputados en el caso de defraudación contra la Federación Salvadoreña de Fútbol se presentaron ayer a la audiencia inicial. La Jueza 11a. de Paz suspendió la actividad por el clima de tensión creado por los ex patrulleros.

Mario Martínez
El Diario de Hoy

La audiencia inicial contra los ex directivos de la Federación Nacional de Futbol (FEDEFUT) y dos empleados de la Corte de Cuentas fue suspendida ayer debido al clima de tensión que se vive en el Centro de Gobierno. El aplazamiento fue ordenado por la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ). La audiencia continuará hoy.

Los procesados son el ex presidente de la FEDEFUT, Juan Torres, así como los directivos del período 1996-98 Fidel Chávez, Pedro Joaquín Valencia, Juan Antonio Gamero Sibrián, Federico García Prieto, Marvin Reynaldo Bernal Silva y Roberto Mathies Hill, además de Fredy Vega, ex gerente de selecciones, y Roger Barberena, presidente del Comité de Clubes de las Ligas Infanto Juveniles de El Salvador (COLIJES). También se emplaza al gerente personal de Torres, Guillermo Valiente.

Todos ellos son acusados de malversación de fondos durante la gestión 1996-98, además de peculado, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos, falsedad documental agravada y administración fraudulenta en perjuicio de la FEDEFUT y de la fe pública.

También son procesados Juan de Dios Pérez De León, director de responsabilidades de la Corte de Cuentas, y Ricardo Antonio Mena, asesor jurídico de la misma, por avalar documentación presuntamente falsa o alterada que favorecía a los sospechosos.

Sólo cinco

La Jueza Décimo Primera de Paz, Paula Patricia Velásquez, decidió instalar la audiencia ayer por la mañana, pese al clima de tensión que una movilización de ex patrulleros genera en el Centro de Gobierno desde la noche del lunes.

Sólo cinco de los imputados comparecieron al Juzgado. Los grandes ausentes fueron Mathies Hill -quien guarda prisión por otro delito- y Torres, de quien se dijo estaría "a la distancia necesaria" para hacerse presente cuando sea conveniente.

La mañana transcurrió en la fase de los "incidentes", cuando la defensa expone sus argumentos para anular la acusación. Compuesta por 18 abogados -entre titulares y asistentes-, la parte defensora alegó que la Fiscalía violó el derecho de defensa de sus clientes, quienes aún antes de ser acusados ya eran considerados imputados.

La Fiscalía sostuvo que los actuales imputados no tenían esa calidad durante la investigación, ya que en ese período sólo se estaba recogiendo indicios. Además, que el derecho de defensa se habría violado sólo si a los sospechosos, ya bajo arresto, no se les hubiese nombrado defensor.

La defensa también arguyó arbitrariedades en las órdenes de registro en la Corte de Cuentas y en la sede de la FEDEFUT, el 29 de agosto, cuando la Fiscalía obtuvo evidencia de la alteración y falsificación de firmas en los documentos de descargo presentados por los ex directivos. Se dijo que las órdenes habían sido obtenidas sin ninguna prueba que justificara el registro.

La Fiscalía replicó que junto a la petición de la orden de registro y allanamiento se anexó la declaración del auditor de la Corte de Cuentas Franklin Balmore Guerrero, quien aseguró a los fiscales que en la Corte se estaba admitiendo como verdadera una documentación falsa.

Otro argumento fue que la FEDEFUT es un ente autónomo, que sus fondos no van al Ministerio de Hacienda, que la institución es de utilidad pública y que sus personeros no son considerados funcionarios. Por lo mismo, la acusación de administración fraudulenta debía ser considerada un delito de acción privada, es decir, que la investigación debía comenzar a partir de la denuncia de una víctima, y no por iniciativa de la Fiscalía.

La parte acusadora replicó que la FEDEFUT establece en su misma Ley que los fondos estarán bajo fiscalización de la Corte de Cuentas, que ésta fiscaliza fondos públicos y no particulares y que la Federación hace su presupuesto pero, al final es aprobado -o modificado- por la Asamblea Legislativa.

La defensa también planteó que la Fiscalía no podía proceder a una investigación penal sin que antes la Corte de Cuentas no notificara sobre responsabilidades penales a los indiciados. La Fiscalía nunca recibió esta notificación, entre otras cosas, porque un informe sobre resposabilidades penales redactado por los auditores nunca habría pasado del escritorio de Pérez de León al despacho del presidente de la Corte, Rutilio Aguilera.

Sin embargo, los fiscales aseguraron que cuando el ofendido es el Estado, nunca se necesita ningún informe sobre presuntas resposabilidades penales. Además, que la Corte de Cuentas casi nunca ha enviado este tipo de notificación en casos de malversación de fondos.

Uno a uno los "peros" de la defensa fueron argumentados por la Fiscalía y aceptados por el Tribunal, que al final rechazó la petición de la defensa. Sin embargo, quedó sin respuesta el hecho de que la documentación secuestrada por la Fiscalía no se presentó al Tribunal que ordenó el registro y allanamiento de la Corte y de la FEDEFUT para su certificación.

Cada documento debió haber sido "sellado" por el tribunal a fin de asegurar de que no fuera alterado en la Fiscalía, donde se mantuvo en depósito -lo cual también sería ilegal según la defensa-.

La jueza no se pronunció a este respecto.

Según la fiscalía, la Corte de Cuentas descubrió un faltantes de más de ¢35 millones de colones en la FEDEFUT. Sin embargo, los funcionarios deportivos presentaron la respectiva documentación y la cantidad bajó a sólo un poco más de tres millones.

El ministerio público investigó de oficio los rumores sobre alteración y falsificación de facturas y firmas, además del presunto ocultamiento dentro de la misma Corte de Cuentas de un informe donde se deducían responsabilidades penales contra los ex directivos.

Paso a paso

La presencia de los imputados no es imprescindible durante la audiencia inicial.

La Fiscalía ha pedido que el proceso contra los sospechosos continúe, pero con medidas cautelares, de modo que los implicados sigan en libertad.

El juez podría otorgar la libertad a los imputados, pero con restricciones, es decir: que no salgan del país, y que se presenten cada cierto periodo al tribunal. En casos delicados se ordena el arresto domiciliario.

Cuando se determina el peligro de fuga de alguno de los acusados, el tribunal ordena su arresto durante la misma audiencia inicial. Si el imputado está presente, lo remite a un centro penal.

Es facultad de la Fiscalía capturar al sospechoso y presentarlo ante el tribunal que avala la captura u ordena la libertad. Esto no ha ocurrido en el caso de la FEDEFUT.

El juez podría avalar la petición de la fiscalía o revertir el caso si considera que no hay suficientes pruebas.

L as partes pueden apelar ante un tribunal superior -una Cámara de lo Penal- si no están de acuerdo con la decisión del juez. La Cámara puede modificar la resolución del juez, avalarla de forma total, o rechazarla. Esto último significa que los acusados quedan libres si el fallo ordenaba su captura, o viceversa.


Un día inconcluso

Protestas sociales, calles tomadas, recesos obligatorios... El caso de la FEDEFUT, a cargo del Juzgado Décimo Primero de Paz, empezó con tropiezos.


Los que dieron la cara

Fredy Vega, gerente de la Asociación de Clubes de Liga Mayor A (CLIMA) y ex gerente de selecciones nacionales, se veía tranquilo. "Sólo espero que esto termine lo más pronto posible", comentó mientras apretaba contra su cuerpo dos carpetas llenas de papeles.


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